Ante el sorpresivo anuncio del presidente Alberto Fernández de intervenir Vicentin surgen dudas, quejas, cataratas de tuits, notas por acá, notas por allá. ¿Quién es este tal Vicentin? ¿Qué va a pasar realmente? En esta segunda entrega, tratamos de entender un poquito.
Por Iván Barrera
¿Quién es este tal Vicentin?
Vicentin es una empresa que nace por los años 20 a partir de la humilde iniciativa de los hermanos Máximo, Pedro y Roberto Vicentin. Esta empresa se encarga de comprar granos, cereales y oleaginosas a pequeños y medianos productores y ubica sus productos en el mercado local e internacional. También, con el correr de los años, se encargó de comprar otras empresas más pequeñas y de fundar sucursales en otros países. Estas grandes acopiadoras básicamente compran cosechas a productores que por su nivel de producción no podrían exportar o colocar sus productos en el mercado local, y hacen lo propio a gran escala o con marcas propias. Vicentin hoy cuenta con empresas en Brasil, Paraguay, Uruguay y España, aparte de tener el control accionario de varias en el territorio argentino.
La vida del Grupo Vicentin fue bastante próspera y pasó inadvertida para la mayor parte de los y las consumidoras, hasta el año pasado. El 2019 fue un año turbulento para el Grupo Vicentin. Todo comenzó con la reñida campaña electoral donde el entonces presidente Mauricio Macri se jugaba la reelección contra el actual presidente Alberto Fernández. Al parecer, el grupo Vicentin era bastante adepto al modelo económico cambiemita y aportó para la campaña electoral de Juntos por el Cambio no uno ni dos, sino 13 millones y medio de pesos. Fue el principal aportante de la campaña. Lo hizo a través de otras empresas del grupo: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Cada una de ellas volcó 4 millones y medio de pesos a la campaña donde la dupla Macri-Pichetto logró un dignísimo segundo puesto.
Ahora bien, hay que señalar también que Vicentin no fue justamente uno de los perdedores del modelo cambiemita. Con idas y vueltas, en 2019 se colocó como la cuarta exportadora más grande de granos y fue la mayor exportadora de subproductos y aceites. Los balances muestran que hasta el 2018 la empresa se mostraba en expansión y con un nivel de deuda manejable.
Vicentin venía bien, pero pasaron cosas. ¿Recuerdan al Macri con stress post PASO que dejó que el dólar se devaluara de $40 a $60? Bueno, a sus amigos de Vicentin no les vino muy bien, porque tenían una deuda de USD 300 millones que de un día para el otro se había vuelto impagable. Entonces desde Vicentin hicieron lo que cualquier hijo de Macri haría: tomar más deuda. Parte de ella la tomó con el mismísimo Banco Nación conducido por el impecable González Fraga, el mismo que en su momento comparó un pibe con hambre con un animalito y que deslizó la frase “tener dinero afuera es una necesidad para sobrevivir”. El banco liderado por el empático González Fraga le otorgó a Vicentin cerca de 6 mil millones de pesos en noviembre de 2019, a pocas semanas de que dejara su cargo y que, casualmente, Vicentin declare la quiebra. Es decir, Vicentin retiró 6 mil millones de pesos del Banco Nación y a las pocas semanas anunció que no iba a hacer frente a sus deudas.
Ahora, ¿cómo conectamos los párrafos anteriores? ¿Cómo entendemos que una empresa líder en exportación, que venía en genuina expansión de mercado hasta 2018, que en 2019 se posicionó entre las más grandes de su rubro, haya quebrado?
¡Expropiese!
Este lunes el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa y el envío de un proyecto de expropiación para que YPF Agro se haga cargo de la gerencia. La deuda de Vicentin hoy asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones son con bancos y entidades financieras y 350 millones con otros acreedores, como los mismos productores que les entregaron la cosecha sin que Vicentin la abonará. Uno de los principales fundamentos para la expropiación es que la firma mantiene una deuda con el Banco Nación que asciende a 300 millones de dólares.
Expropiar propiamente dicho significa que una empresa de capitales privados pasa a ser controlada por el Estado por ser de interés público. En el caso de una empresa en funcionamiento, Estado y dueños de empresa deberían sentarse frente a un intermediario a establecer ese precio de compra. El caso de una empresa en cesación de pagos es distinto porque el Estado asume las deudas, especialmente las que mantienen con él, a cambio de que la empresa continúe funcionando. Está claro que este proceso será largo. Parte del trabajo del interventor y de la justicia será determinar cómo una empresa exitosa como Vicentin se declaró en quiebra, qué pasó con todos los fondos que se liberaron desde el Estado y determinar si hubo malversación de fondos.
Ahora, ¿por qué es importante que se expropie una empresa como Vicentin? Por un lado, se garantiza su funcionamiento. No se pierden los 1.300 puestos de trabajo y los 2.600 productores que trabajaban con Vicentin garantizarán que la firma comprará sus cosechas y les pagará las que ya entregaron. Por otro lado, el Estado contará con una empresa líder en su rubro y podrá manejarla para beneficio del Estado y no de la especulación. Una práctica habitual (¡y sorprendentemente legal!) de las acopiadoras de granos es que guardan las cosechas en los famosos silo bolsa, en lugar de venderla, especulando a una suba del dólar o baja de las retenciones para sacar una mayor tajada. Otra práctica igualmente habitual y legal es exportar pero no liquidar las cosechas con el mismo fin. Es decir, envían los granos pero no cobran hasta que el dólar sea lo suficientemente lucrativo.
A su vez, controlar una gran porción del mercado permitirá al Estado decidir cuánta producción se destina a comercio interno -y a qué precios- y cuánto se exporta. A su vez, la totalidad de los dólares quedará a disposición del Estado, sin posibilidad de que terminen en algún paraíso fiscal. Un beneficio más para el Estado será que dentro del Grupo Vicentin se encuentra la empresa Renova, principal productora de biodiesel del país, lo que permitiría al Estado controlar el precio del combustible diesel, insumo primordial en la producción agropecuaria.
El anuncio de la intervención de Vicentin puso los pelos de punta a más de uno. Llovieron tuits, notas, horas de prime time y hasta el mismísimo Juntos por el Cambio escribió una carta quejándose, como si todo el mundo hubiese estado esperando su opinión. Acá hay algo muy claro: la expropiación lleva un proceso legislativo y un proceso legal y se hará en esos términos. No hay autoritarismo en enviar un proyecto de ley para que el Congreso tome las facultades que le corresponden. Tampoco se entiende mucho qué esperan los detractores de la expropiación. De no seguir este curso, Vicentin va a la quiebra, los y las trabajadoras quedan en la calle, los productores que venden a la firma quedarán con sus deudas sin cobrar y con su producción paralizada y los bienes de la empresa irán a remate.
Ahora bien, el lado B de la expropiación es que el Estado se hará cargo de todas las obligaciones de la empresa, no solo de las deudas contraídas por los bancos Nación y Provincia. Hay más de 2.000 acreedores que tienen obligaciones sobre Vicentin, entre los que se encuentran productores y también bancos privados nacionales e internacionales. El gran costo de este proceso es la nacionalización de deuda privada. El curso legal determinará la legalidad o la fraudulencia de esta deuda, pero en lo práctico el Estado deberá absorber dichas obligaciones.
Por último, es importante resaltar que en estos momentos, tanto Alberto Fernández como las y los promotores de la expropiación, han utilizado el concepto de soberanía alimentaria. Soberanía Alimentaria es un concepto desarrollado por la Vía Campesina donde se busca la autodeterminación de los pueblos en cuanto a qué producir, cómo producirlo y cómo consumirlo. Se trata de la soberanía de los pueblos para decidir las condiciones, tanto laborales como ecológicas, en las que se producen los alimentos y cómo se distribuyen. Hablar de soberanía alimentaria al expropiar Vicentin es como hablar de soberanía económica al no llegar a un acuerdo con los bonistas. Sin embargo, es importante que este tema se ponga en agenda, en un país que produce anualmente alimento para 400 millones de personas pero donde 1 de cada 2 niños y niñas vive en la pobreza, donde la especulación agraria y los silo bolsa concentran tierras y riqueza impidiendo que el resto se alimente.
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Econovid-19: Apuntes para entender un poquito (Parte I)