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    Sin categoría

    De la “provocación social” a la criminalización

    22 julio, 20135 Mins Read
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    De la “provocación social” a la criminalización

    Acampe de la AGTCAP frente al Ministerio de Trabajo de la Nación.

    Por Andrea Sosa Alfonzo. Tras la multitudinaria movilización nacional  de los trabajadores cooperativistas nucleados en Agtcap al Ministerio de Trabajo, Berni y Giustozzi coincidieron en un repudio a los “cortes piqueteros” y llamaron a reprimir. Elecciones, derecha y kirchnerismo después de diez años.

    El jueves 18 cientos de trabajadores cooperativistas agrupados en la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados (Agtcap), el MTR y el FOB se movilizaron desde el Obelisco con un posterior acampe frente al Ministerio de Trabajo para solicitar al representante de su cartera, Carlos Tomada, la solución a la precarización laboral, la escala salarial congelada desde hace años debido a que las cooperativas no son regidas por negociaciones paritarias y la solución definitiva a los planes sociales.

    En los días consecutivos, una sinergia entre el ala más cercana a la presidenta Cristina Kirchner de la mano del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni y el intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi -quien acompañará el armado electoral del controversial Sergio Massa- unificaron un discurso derivado del 2001: criminalizaron la protesta social y llamaron a la sociedad a castigar a los manifestantes describiéndolos como “mafias”. A pocas semanas de las PASO, el clima político coincide en busca de la fracción del electorado porteño y bonaerense más reacio.

    Primer capítulo represivo: Berni

    Las primeras declaraciones más duras provinieron del gobierno nacional quien a través de su secretario de seguridad, Sergio Berni, cuestionó a la justicia Contravencional de la Ciudad por “bancar a los piqueteros”, impedir la actuación de las fuerzas policiales y agregó que desconoce “cómo desalojar un piquete en forma pacífica”. Llamando a la sociedad porteña en su reflexión –es interesante cómo el kirchnerismo viró discursivamente del ciclo Garré, colocándose a la derecha del macrismo- caracterizó la movilización de “irracional”, exigió la actuación de la Policía Metropolitana por haberse cometido una contravención al impedir a los automovilistas “circular libremente”.

    “¿Qué hay que decir? ‘Señor piquetero, es tan amable de retirarse” mencionó ironizando Berni cuando hizo un paralelo en cómo lleva adelante la seguridad en un corte similar en Panamericana con actuación de la Gendarmería. Sin embargo en la ciudad, donde la actuación va de la mano de la Policía Metropolitana, acusa la ausencia de la misma y una “justicia” que “sólo pidió planos, filmaciones y nada más”. El secretario de Seguridad del kirchnerismo que tensó las relaciones políticas dentro del Ministerio en la gestión de Garré, evalúa que “dos pepinos” le cuesta a la familias cooperativistas vivir todos los días.

    Segundo capítulo represivo: Giustozzi

    Por su parte, el intendente de Almirante Brown y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa, Darío Giustozzi, se sumó a las declaraciones de “orden” en las protestas callejeras y propuso un registro de participantes en los cortes.

    Con el objetivo de eliminar los piquetes como metodología de protesta, Giustozzi llamó a la sociedad a “castigar” tales medidas de reclamo denunciando a aquellas organizaciones que lo hacen “con nombre y apellido”. Pero esta iniciativa no es nueva para Giustozzi quien tan sólo ahora lo traslada al Frente Renovador, dado que pretende presentar un proyecto de ley que consta entre otras propuestas en disponer una página web para que la sociedad “denuncie quién lo hace, por qué y cuáles fueron los trastornos generados”, entrenar a las fuerzas policiales para que desalojen los piquetes “sin violencia” y “calcular” los perjuicios económicos que genera la protesta.

    La dirigencia política una vez más legitima el accionar represivo a través del “consenso ciudadano”. De esta manera, permeabilizando en realidad una política de criminalización de la protesta de los sectores más vulnerados, disfraza de seguridad pública un tema que de índole estrictamente social.

    Dos caras de la misma política

    En un comunicado de rechazo ante las declaraciones del gobierno nacional a través de Sergio Berni, los cooperativistas que se movilizaron en trece provincias del país, mencionaron que tras las negociaciones del pasado jueves con el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo Enrique Deibe y con el subsecretario de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Montaña, definieron en asamblea levantar el acampe sobre la Avenida Alem para retomar el diálogo en una reunión de negociación para el día lunes.

    Declararon que el gobierno nacional tiene la llave para resolver el conflicto y que puede elegir “generar más descontento social o abrir canales de diálogo”, y reafirmaron que la actitud de la cartera de seguridad de denunciar la protesta social y llamar al desalojo o la represión no deberá ser la salida, sino “solucionar los problemas de las familias trabajadoras”

    De un lado la protesta callejera funcional a “grupos mafiosos”, del otro “cinco locos irracionales”, ambas jugadas políticas para criminalizar la protesta social, aumentar los caudales de violencia llamando a la sociedad a la denuncia de los manifestantes y exigiendo al Ejecutivo nacional mayor grado de represión y desalojo. Mientras, los trabajadores autogestionados de los barrios más vulnerados de todo el país esperan llevar a sus hogares una vida digna.

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