El FMI ‘censuró’ al país por la manipulación de los índices del INDEC. Una historia que arranca con la contracción de la deuda externa argentina, y continúa con la crisis económica mundial.
A pesar de haber pagado hasta el último centavo al Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino sigue recibiendo los latigazos del principal representante de los intereses financieros a nivel global. “Todo en un pago y chau fondo”, titulaba en diciembre de 2005 el cotidiano Página/12, tras el anuncio del entonces presidente Néstor Kirchner del pago de la deuda de 9.500 millones de dólares que el país mantenía con el organismo -el mismo diario había criticado duramente a Ignacio Lula da Silva por hacer el mismo anuncio el día anterior-. En ese momento, la intención que había manifestado el gobierno era la de sacarse de encima los controles periódicos que el FMI realizaba en Buenos Aires, y las “sugerencias” que éste hacía, y hace, a los países deudores. Una decisión polémica, especialmente porque el ejecutivo descartó la posibilidad de una profunda y exhaustiva investigación en torno al origen de la deuda externa argentina, envuelta en un halo de ilegalidad explícita -hasta existen fallos judiciales, como la causa 14.467 tramitada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No 2 entre 1982 y 2000-.
A partir de allí las relaciones con el FMI y sus directivos sufrieron una serie de vaivenes. El principal punto de conflicto, a partir de 2007, es justamente la medición de la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El viernes pasado, el FMI dio a conocer una “declaración de censura a Argentina en relación con el incumplimiento de su obligación ante el FMI establecida en el Convenio Constitutivo”, iniciativa sin precedentes en la historia del Fondo. Según el organismo, el país no avanzó “en la adopción de las medidas correctivas desde su reunión del 17 de septiembre del 2012 para mejorar la calidad de los datos oficiales reportados al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y el Producto Bruto Interno (PBI)”. En 2010, el entonces ministro de economía Amado Boudou, anunció el desembarco de una comisión ad hoc del FMI para revisar y elaborar un nuevo IPC a nivel nacional. Un aparente acercamiento que no dio frutos. Luego, ya a fines del año pasado, la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, había amenazado con sacarle “tarjeta roja” a la Argentina si no adecuaba sus índices a la normativa usada en los principales países del capitalismo financiero mundial.
Ahora bien, ¿porqué miente el INDEC? Existen factores internos e internacionales para explicar el fenómeno. En el caso de las causas internas, es evidente que un Indice de Precios al Consumidor (IPC) alterado es funcional al mantenimiento del ‘modelo’ kirchnerista. Como bien explica el economista Julio Gambina, en una nota difundida ayer, “el efecto de la manipulación de las cifras dificulta la medición aceptable de la inflación, limitando la capacidad de definir el efecto regresivo del aumento de los precios en los trabajadores y sus familias, como en el conjunto de los ingresos populares. Al mismo tiempo deforma la realidad de la evolución económica, sobrevalorando los ritmos de crecimiento de la economía local, algo que incide en la lógica de la disputa del consenso de la sociedad”.
Pero en este caso son las razones internacionales las que generan fuerte conflicto entre el FMI y el estado. Existen una serie de bonos del estado emitidos en moneda extranjera que son alcanzados, por decreto presidencial, por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En la práctica, éste establece el ajuste de las tasas de interés de los bonos de deuda al índice inflacionario medido por el INDEC. De esta manera, el estado se ha ahorrado unos 6.000 millones de dólares en pago de obligaciones, manipulando las mediciones de inflación y PBI. El mismo secretario de comercio, Guillermo Moreno, admitió en su momento que “es una locura pagar más intereses porque sube el precio de la lechuga”.
Con la censura anunciada, más bien un ‘apriete diplomático’ sin posibilidades reales de sanciones concretas -aunque el convenio constitutivo hable de expulsión del país censurado-, el Fondo vuelve a la carga para para defender los intereses de los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y los famosos fondos buitre que reclaman el pago de intereses usureros tras el default de 2001.
La normalización de las mediciones del INDEC fue anunciada por el ministro de economía Hernán Lorenzino ayer, y está prevista para el cuarto trimestre de 2013, en consonancia con lo que exige el FMI, que dio plazo hasta septiembre para demostrar avances en el tema. El nuevo sistema nacional, fuertemente necesario, como lo explicitan los trabajadores del INDEC en lucha desde hace ya seis años, podría dar un foto más real de la situación económica nacional -especialmente en torno a los índices de inflación, pobreza e indigencia, los más adulterados-. Pero al mismo tiempo pone al ejecutivo en un briete ante la situación de la deuda externa. Actualmente Argentina debe una suma que ronda los 20.000 millones de dólares, sin contar los intereses compensatorios que surjan en las negociaciones del gobierno, al Club de París, el Banco Mundial y acreedores privados. Éstos últimos son los mayoritarios, y entre ellos se encuentran los famosos Fondos Buitre. El principal ‘negociador’ de la situación es justamente el Fondo, con el cual el gobierno deberá sentarse a negociar y que será parte de la elaboración de un nuevo índice de medición para el INDEC. En la práctica, el representante de un decadente sistema económico mundial, en muchos casos responsable de las políticas de ajuste que se aplican hoy en Grecia, España o Portugal, y de los grandes descalabros económicos de los últimos 40 años, reclama al país la adecuación de su sistema económico, basado en el extractivismo neodesarrollista, a los términos del capitalismo financiero. Aún nadie, desde el oficialismo o la oposición, cuestionó la legitimidad de la deuda externa contraída por Argentina, principal punto de partida de la situación actual. El propio Gambina, esboza una posible solución: “La Argentina tiene que regularizar por mecanismos propios y sin intromisión del FMI el INDEC, tal como lo reclaman los trabajadores de ATE del organismo y diversos sectores económicos, sociales, políticos y especialistas del campo de la estadística y las ciencias sociales. (…) La Argentina tiene que asumir una actitud soberana al respecto y junto a denunciar al FMI y retirarse del organismo, es el momento para realizar una asignatura pendiente del régimen constitucional desde su inicio en 1983: investigar la deuda pública vía auditoria y suspender transitoriamente hasta obtener los resultados del estudio sobre legalidad de la deuda los pagos al exterior”.