Por Carolina Zanino. Si nos dejamos llevar por los titulares de grandes medios argentinos, parece que Argentina es un país totalmente desacostumbrado a la puesta en práctica de la política económica. La memoria de corto plazo invoca el Corralito. La diferencia radica en la posibilidad actual de una política monetaria estatal.
Durante el 2001, la nula política monetaria autónoma fue un signo. Esta situación fue producto del Plan de convertibilidad que rigió en toda la década pasada, donde el Estado no podía realizar ningún tipo de intervención que implicara un cambio de las variables monetarias o cambiarias. Plan que fue tomado como ejemplo de las recomendaciones de política económica, neoliberal por parte del Consenso de Washington.
Afortunadamente, en America Latina ese modo de concebir a la Economía, y al rol del Estado, ha caído en su profundo descrédito. Las recomendaciones de ajuste son las que hoy vemos implementar en el viejo continente y que únicamente profundizan la grave crisis economía que están viviendo.
El ministro de Economía de la Nación y vicepresidente electo, Amado Boudou, explicó de manera simple las medidas que entraron en vigencia el pasado lunes y que tanto revuelo han generado: “Se puede hacer lo mismo que siempre, salvo que hay que demostrar que uno tiene los ingresos para hacerlo; en definitiva nada ha cambiado, sólo que hay un mayor control en pos de combatir el lavado de dinero, combatir la economía en negro y mejorar la equidad en Argentina… El problema nunca son los pequeños ahorristas, sino que cuatro empresas podrían explicar el 80% de las compras del BCRA que se hacen todos los días de dólares, entonces esto es de una profunda inequidad”.
Despejado el clima de fantasmas pasados, es preciso analizar qué hay detrás de esta medida. Se trata de una decisión política que principalmente les impone obstáculos a los interesados en la compra de dólares. Si la intención final fuera contener el valor del dólar lo interesante sería aplicar una medida que refleje una intención de combatir el actual proceso inflacionario. Otra alternativa para tal fin podría ser que el Estado guíe un proceso de inversión productiva o que se imponga como conductor de esas inversiones a través de los recursos con los que cuenta en el Banco Central y/o el Anses.
Justamente “contener el valor del dólar” implica, en los discursos actuales, sostener una divisa que genere credibilidad en los mercados y que garantice la competividad de los sectores exportadores de la Argentina. Pero sostener así un tipo de cambio requiere mantener los bajos salarios para beneficio de los industriales. Esta situación demuestra la falta de inversión productiva por parte de éstos grupos que demandan una constante devaluación para garantizar sus altas rentabilidades. Al tiempo, ese sector es el sosten de las quejas frente a las actuales medidas y quienes constantemente mandan sus ganancias al exterior.
Por otro lado, esta decisión del Gobierno también deja entrever que hay otras medidas que, pese al gran respaldo político que significa haber ganado con el 54% de los votos, no tienen voluntad política para aplicarse: la tan necesaria y adeudada reforma tributaria para respaldar las reservas internacionales con recursos que no vengan del endeudamiento externo.
Lo que ocurre es que tanto el control de la fuga de capitales como la reforma tributaria afectan principalmente a los grandes grupos económicos, donde el capital extranjero es un gran participante. Medidas como la aplicación de un gravámen sobre las rentas mineras y la renta financiera, así como una disminución del IVA para los productos de la canasta básica, implican una jugada muy fuerte que, claramente, podría plasmar el deseo de muchos en camino de una profundización del modelo “nacional y popular” pero la verdad es que por el momento no parecen tener ninguna perspectiva de viabilidad.
Lo cierto es que el problema inflacionario en Argentina es un problema creciente. Tanto dólares (que han aumentado un poco mas del 6% desde que comenzó el año) como plazos fijos (que tuvieron una ganancia del 10%) representan alternativas con una relación negativa con la tasa de inflación. Dato que importa en una economía donde la re-inversión de utilidades viene disminuyendo desde el año 2009.
Por supuesto que es ineludible, frente a esta situación, recorrer un camino que lleve a una credibilidad de las estadísticas públicas. Esto vale tanto para las del Índice de Precios al Consumidor, que genera incertidumbre en torno al valor del tipo de cambio real, como para las del costo de vida de los trabajadores en Argentina, que diluye una herramienta sumamente necesaria para estos actores al momento de las paritarias.
Sí existe un dato preciso de esta situación: la constante venta de dólares del Banco Central para sostener la cotización oficial. Solo en la semana pasada se han vendido alrededor de u$s 800 millones para frenar el alza de la moneda estadounidense logrando que su precio se mantenga en los 4,265 pesos por unidad.
La situación de las reservas internacionales en manos del BCRA es holgada y el superávit comercial, si bien decreciente, sigue existiendo. No es tiempo de crisis pero sí de implementar políticas de fondo que transformen este tipo de cuellos de botellas del crecimiento económico argentino y que se enfrenten a problemas como la inflación y la falta de inversión productiva.