Por Mauricio Polchi – @MauriElbueno
El ajuste se profundiza en el Ministerio de Agroindustria que dirige Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural. Más de 300 familias se quedaron en la calle en los últimos días. Desde hoy, lunes, habrá protestas y asambleas de trabajadores y trabajadoras para exigir la reincorporación.
En octubre de 2017, Luis Miguel Etchevehere se alejó de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para asumir como ministro de Agroindustria. Etchevehere había quedado como titular de la entidad que nuclea a los empresarios agrarios en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Cinco años después, con Mauricio Macri, pegó el salto y escaló hasta el gabinete nacional. De esa forma, se convirtió en el tercer presidente de la SRA en alcanzar el rango de ministro. El último había sido Luis Duhau, en 1933.
Antes de ocupar el cargo de Ministro, Etchevehere recibió un bono de $ 500.000 de parte de la Sociedad Rural Argentina. El obsequio desembocó en una denuncia y posterior investigación judicial. Para aliviar su situación, y junto a la displicencia de la Oficina Anticorrupción, Mauricio Macri dictó un decreto en el que excusa al funcionario de tomar decisiones vinculadas con empresas de las que formó parte en los últimos tres años. La resolución firmada por Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, menciona expresamente a las empresas Etchevehere Rural SRL, Construcciones del Paraná SA, Los Vascos Propiedades SA, Establecimiento Rural La Margarita SA, y Sociedad Anónima Entre Ríos, además de la Sociedad Rural.
La mayor parte de las empresas citadas están siendo investigadas en el marco de una causa radicada en el Juzgado Federal de Paraná, Secretaría Criminal y Correccional 1, que se inició en 2015 por denuncias de Dolores Etchevehere, hermana menor del funcionario, ante una presunta “defraudación” lesiva a sus intereses. De todas formas, y más allá de lo dispuesto por la Casa Rosada, Etchevehere pisó nuevamente el predio de La Rural.
El jueves 19 de abril 2018, Luis Miguel Etchevehere saludó a sus viejos y conocidos camaradas cuando volvió a la sede de la Sociedad Rural. La excusa, tenerlo en un panel de expositores bajo la temática “Desburocratización, Apertura de Mercados y Competitividad”. Mientras Etchevehere andaba de reuniones en Palermo, sus funcionarios largaban una tanda de 330 telegramas de despidos para todo el país, que son parte de los casi mil que concretará en los próximos meses en el marco del vaciamiento del Estado impulsado por Cambiemos. Para evitar las protestas, y ante la posible reacción de los gremios, la cartera dispuso un asueto general y pidió un operativo policial para custodiar el edificio de Paseo Colón al 700. El asueto se repitió en todas las dependencias. Con esta estrategia, se liberó la zona para ejecutar el ajuste.
“Estamos listos para dar la pelea por la reincorporación. Si bien de esta gestión ya no asombra nada, ahora dispusieron un asueto para ejecutar los despidos. Eso es algo novedoso, yo hace 25 años que trabajo acá y nunca pasó algo así. Hay un nivel de destrato increíble. Es un ‘lock out’ patronal, Etchevehere sabe de esto porque ya lo hizo hace 10 años”, advirtió Sebastián Rivera, delegado de ATE.
“Sabemos que pretenden trasladar el ajuste hacia el INTA y el SENASA, donde ya hubo reducción de personal en los últimos meses. Y nosotros sabemos que estas políticas de ajustes derivan en peores políticas públicas para los más vulnerables”, agregó Rivera.
“Más allá de que no tengamos el listado de los despedidos, sabemos que ya hay 330 de los 958 que van a haber”, confirmó Jorge Ravetti, secretario general de ATE-Senasa. “Los compañeros están esperando al cartero. Esto es una perversión, una locura”, sintetizó Melina Zucchi, delegada de ese gremio en delegación que la Secretaría de Agricultura Familiar tiene en Catamarca.
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual. A principio de año se achicaron de 20 a 8 las subsecretarías y de 211 a 138 los cargos públicos. El mes pasado se deshizo de 84 personas que conformaban la ex Unidad para el Cambio Rural (UCAR), que coordinaba los programas y proyectos cofinanciados con recursos externos. Ahora, se largó la “tercera etapa del plan de reestructuración”, como lo definen los asesores del Ministerio.
Debido al asueto del viernes y el cierre del edificio ministerial hasta el domingo, “el conflicto se va a sentir el lunes, cuando los compañeros vuelvan a trabajar y a muchos les quieran impedir el ingreso”, anticipó la referente de ATE Nacional, el sindicato de estatales encabezado por Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma.
