El Ministerio de Modernización pretende despedir a uno/a de cada tres trabajadores/as del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El vaciamiento del INAI hace peligrar la Ley 26160 de Relevamiento Territorial.
A tan solo cinco meses de ser prorrogada la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial, está en grave peligro su ejecución. Desde su sanción en 2006, representó un avance en la demanda al Estado Argentino del reconocimiento de la propiedad comunitaria de territorios indígenas.
Esta ley es una herramienta importante en la lucha de pueblos originarios, porque declara la emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras donde viven las comunidades, ordena el relevamiento y suspende los desalojos. Es tarea del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecutarla. No obstante, su aplicación puede peligrar si se despide a uno de cada tres trabajadores y trabajadoras del INAI, como pretende el Ministerio de Modernización.
Las oficinas del INAI se encuentran en el Espacio Memoria y DD. HH. en la Ex-ESMA y está bajo la dirección de Jimena Psathakis, cuestionada por tener una trayectoria relacionada a la defensa de la mega-minería y las actividades extractivistas -en Fundación Cambio Democrático; Plataforma Argentina de Diálogo Minero; Grupo de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable-.
A pesar que desde 2016 el instituto subejecutó su presupuesto y hubo cincuenta despidos, según el Ministerio de Modernización todavía se encuentra excedido en cuarenta y cinco trabajadores y trabajadoras. Así se lo hicieron saber a los delegados y las delegadas de ATE del Instituto, proponiéndoles que el mismo sindicato formule una lista de despidos para que sea “con el menor daño posible”.
Lisandro Arijón, delegado de ATE, declaró a los medios que “con cuarenta y cinco compañeros/as menos, uno/a de cada tres trabajadores/as del INAI se va a ir y el conflicto sindical va a ser tan grande que el instituto va a verse paralizado”. Arijón comentó que tantos despidos afectan las políticas de Estado, porque no van a poder continuar las tareas de registro de las comunidades ni relevar los territorios. De esta forma, la Ley de Relevamiento Territorial no se va a poder llevar adelante.
El delegado también advirtió que al gobierno no le sirve el instituto, porque “quiere desguazar cualquier área que este cerca de los más vulnerables. Nuestras comunidades son de economía de subsistencia que todos los días ven vulnerados, no solo sus derechos básicos, sino su cultura. El gobierno avanza sobre su cultura, sus costumbres, sus tradiciones y su territorio.”
También se refirió a los conflictos de tierras y los desalojos; “no vamos a poder interceder cuando la familia Brown, la familia Macri o Lewis o Benetton quieran seguir avanzando sobre las comunidades. No vamos a poder estar ahí con nuestros abogados para frenarlos, para hacer valer el derecho en el territorio”
Al momento, las y los trabajadores decidieron realizar un cese de actividades, mantener un estado de asamblea permanente y piden dialogar con la presidenta del INAI. Para defender los puestos de trabajo planean concurrir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por estar vulnerándose el tratado 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y acudir al Ministerio de Justicia para tomar acciones gremiales que reviertan la situación.
Desde las organizaciones de pueblos originarios, también denuncian al Estado por el vaciamiento del INAI y expresaron su solidaridad con los y las trabajadoras. Vienen en alerta por el ajuste en sectores y programas relacionados a sus derechos, como el vaciamiento de la Secretaria de Agricultura Familiar, el INTI, el INTA y el Senasa, que ya ha afectado a agricultores familiares y pequeños productores rurales. En pleno contexto de persecución y represión sobre las poblaciones originarias, temen que ahora sea más difícil detener el avance de las mineras, las petroleras y la soja sobre sus territorios.