Un informe del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) señaló que en la Argentina, hay unxs 3.389.900 de empleadxs públicos en todos los niveles. Frente a un discurso del poder económico y la derecha política que estigmatiza a lxs trabajadorxs del Estado, ¿qué es verdad y qué mentira?
Por Matías Calvo Crende y Ricardo A. Paparás[1]
“Son muchos”. “Están poco capacitados”. “Son improductivos”. “Son costosos”. Existe un discurso cada vez más difundido que contribuye a generar una degradación estereotípica acerca de las personas que trabajan en el ámbito público, que las representa como poco productivas y privilegiadas. Al mismo tiempo, en el actual contexto electoral argentino, el rol del empleo público se encuentra en discusión: el poder económico intenta deslegitimar su desempeño para justificar las políticas de ajuste.
Al respecto, un reciente documento institucional del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) recupera algunas de estas expresiones a partir de distintas declaraciones de diversos representantes del ala derecha de la política argentina en distintos medios de comunicación:[2]
- “No vamos a echar a los empleados públicos, se van a ir solos al sector privado que pagará mejores salarios”, Javier Milei. 27/6/2022.
- “La gente quiere orden y cambio, que no haya más empleados públicos que privados”, Patricia Bullrich 30/1/2023.
- “Sobran 1.400.000 empleados públicos en Nación, Provincia y Municipios”, José Luis Espert 7/5/2023.
Sin embargo, existen datos que permiten discutir estas ideas.
El INAP publicó un informe institucional que da cuenta de que en la Argentina existen 3.389.900 personas que trabajan en el sector público, de las cuales el 21% lo hace en la nación, el 66% en las provincias y el 13% en los gobiernos locales. La mayor parte de las mismas, especialmente en los gobiernos subnacionales, trabajan en la implementación de políticas públicas que garantizan derechos esenciales tales como la salud, la educación y la seguridad pública.[3] Este documento nos permite reflexionar constructivamente sobre el empleo público a partir de una radiografía del mismo que nos permite derribar ciertos mitos
Gráfico 1. Trabajadoras/es del sector público según el nivel jurisdiccional.
Mito 1: Hay más empleo público que privado
Al respecto, es posible advertir que el peso del empleo público en la población ocupada total es menor al 20%: menos de 2 de cada 10 personas que trabajan en la Argentina lo hacen en el Estado. En términos comparativos significa que en la Argentina, en términos agregados, es menor el empleo público que el empleo privado, lo que no representa una característica particular sino una tendencia global. Asimismo, a partir de otros estudios sobre la temática (CIPPEC, 2016), si se comparan los datos de nuestro país en el concierto internacional en relación al empleo público como porcentaje del empleo total, podemos apreciar que, aunque supera a la mayoría de las naciones de América Latina, el peso del empleo público en la Argentina es menor que el del promedio de los países de la OCDE:[4] un 18% frente a un 20% respectivamente.[5]
Gráfico 2. Empleo público como porcentaje del empleo total para países y años seleccionados
Mito 2: Baja calificación de empleadxs
En la Argentina. suele decirse que lxs trabajadorxs del Estado están “poco calificados”, que “están ahí porque no pueden estar en el sector privado”. Sin embargo, de acuerdo al citado informe de la INAP, una de las características que distingue al empleo público es el elevado nivel educativo de sus trabajadores/as: mientras que en el sector privado, el 18% de la población ocupada cuenta con un título terciario o universitario, en el sector público esa proporción asciende al 51%. Este alto nivel formativo, permite a las burocracias públicas desarrollar tareas de mayor cualificación y complejidad. En particular, un 48% de las personas que se desempeñan en el sector público lo hacen en puestos que requieren competencias profesionales y/o técnicas, guarismo que se reduce a un 23% entre quienes lo hacen en el sector privado.
Gráfico 3. Población ocupada según sector, nivel educativo y calificación (3° trimestre 2021)
Mito 3: “Son privilegiados”.
En primer lugar, se perciben ciertos déficits en las modalidades de contratación en el sector público: el 11 % de quienes trabajan en el ámbito público están empleados/as a través de contratos por tiempo determinado frente al 4 % en el sector privado. Asimismo, en relación a estas formas de empleo atípico, el 38 % de quienes trabajan en el sector público con contrato a término acumula tres o más renovaciones contractuales frente al 19% del sector privado. Esta cuestión hace presumir que no son tareas transitorias o estacionales,[6] lo que constituye un alerta si tenemos en cuenta que uno de los grandes pilares de un modelo de servicio civil es la “estabilidad en el empleo”. Este principio cumple el rol de proteger a los empleados públicos de las arbitrariedades políticas, constituyéndose en una garantía de comportamiento independiente y profesional por parte de las administraciones públicas, orientando la gestión cotidiana hacia un interés general de largo plazo que se enfoca más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones.
Mito 4: El empleo público representa un alto costo
Al respecto, corresponde diferenciar el análisis según nos estemos refiriendo al gobierno nacional o a las provincias y municipios. De acuerdo a IERAL (Fundación Mediterránea), a nivel nacional, el gasto en personal se ubica recién en el cuarto lugar dentro del gasto corriente primario con un 11% del mismo, detrás de las jubilaciones, las prestaciones sociales de PAMI e inclusive de los subsidios económicos. Por lo que echando a toda las personas de esa jurisdicción, el gasto público indicado se reduciría apenas en un 11%, dejando sin funcionar a las universidades públicas y a todo el sistema el sistema de salud sin su respectiva coordinación nacional.
Gráfico 4. Composición del gasto corriente primario en porcentaje (2022)
En cuanto a las jurisdicciones provinciales, donde se encuentra la mayor proporción de personas que trabajan en el sector público del país, un informe del DAIPEF[7] indicaba que el 53% del gasto se concentra en las finalidades educación y cultura, salud y servicios de seguridad.[8] Teniendo en cuenta la gran cantidad de docentes, personal de salud, agentes de seguridad y otros/as, que prestan sus servicios de forma directa a la sociedad (en nuestro país la educación y la salud están descentralizadas), limitar esas erogaciones implicaría dejar las escuelas sin docentes, los hospitales sin médicos, las calles sin personal de seguridad y a la ciudadanía sin acceso a esos derechos esenciales.
En resumen, lxs trabajadorxs del Estado ni son recursos humanos poco capacitados, ni representan un alto costo; ni expresan una cantidad desorbitada sobre el empleo total, ni son parte de una casta privilegiada.
Atendiendo estas consideraciones, en un contexto de elecciones presidenciales y de inminente debate electoral, a la hora de poner en discusión al empleo público será fundamental recordar que cuando las ideas no encuentran evidencia empírica que las respalde carecen de poder explicativo. O bien, para decirlo en sintonía con el clima de época, que dato mata relato.
[1] Investigadores y docentes del área de Estado, Gobierno y Administración Pública del ICO-UNGS.
[2] “Mito y realidad sobre el empleo público. Radiografía de un sector sobre el que se habla mucho y se sabe poco”, Ana Castellani. Secretaría de Gestión y Empleo Público. Conferencia Magistral INAP, 8 de Junio de 2023.
[3] “Otra mirada del empleo público en la Argentina. Un análisis sobre la base de la EPH (INDEC) de alcance urbano”, Matías Maito, Lila Schachtel e Ignacio Garay. INAP.
[4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Organización económica internacional compuesta por 38 países que asesora a los países en términos de políticas públicas fijando estándares internacionales.
[5] “El rompecabezas del empleo público en Argentina: ¿Quiénes hacen funcionar la maquinaria del Estado?”, Gonzalo Diéguez y José Gasparín. CIPPEC, 2016.
[6] Como define la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (25.164) que deben ser las del personal no comprendido en el régimen de estabilidad.
[7] Dirección de Análisis de Información Presupuestaria y Estudios Fiscales, perteneciente al Ministerio de Economía de la República Argentina.
[8] “El Empleo Público en las Provincias Argentinas: 2005-2012”. Dirección de Análisis de Información Presupuestaria y Estudios Fiscales (DAIPEF), 2014.
ivas y privilegiadas.