Por Mara Oliveira (Marcha) y Ana Guzmán (Red Eco). Junto al estado de emergencia del Centro Cultural San Martín y la privatización de la Plaza Seca, se desalojó la Sala Alberdi, donde se desarrollaban talleres y espectáculos.
La resistencia de la Sala Alberdi
A la crítica situación edilicia del Centro Cultural, desde el Ejecutivo porteño responden con una gran obra de reconversión, que avanza a pasos mínimos y que se interrumpe permanentemente. Pero con la excusa de estas reformas, muchas oficinas y/o departamentos se han cambiado de edificio o directamente cerraron. Además, con una supuesta intención de generar espacios de extensión y abrir las actividades a otras zonas de la ciudad, como Parque Patricios con el Polo Circo y Villa Urquiza con el Teatro 25 de mayo, se han “mudado” a otras dependencias cursos y talleres que se hacían en el Centro Cultural. La falta de avances en los trabajos de reformas deja poco margen de duda sobre la verdadera intención de fondo del gobierno de la Ciudad: el vaciamiento del Centro Cultural. Y una clara demostración de ello es lo ocurrido con la Sala Alberdi, gran ejemplo de resistencia.
La sala fue creada en el ámbito de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGART) y funcionaba de forma independiente al Centro Cultural desde hace más de 30 años. Sus actividades principales eran, por un lado, la enseñanza no escolarizada de teatro, vestuario teatral, diseño de indumentaria y guitarra criolla; y por otro, una programación de espectáculos a la gorra, que eran administrados por una Cooperativa sin fines de lucro y permitían cubrir las necesidades económicas de la sala.
A partir del anuncio de las obras de remodelación y acondicionamiento del Centro, que incluían a la Sala Alberdi, en mayo de 2005 la Secretaría de Cultura porteña resolvió su desalojo, decisión que no fue notificada oficialmente sino a través de medios informativos.
Ante la falta de garantías de la permanencia tanto de la sala como de sus actividades, profesores, estudiantes, ex estudiantes, padres y artistas manifestaron sus dudas mediante un reclamo administrativo que logró prorrogar el cierre y desalojo. En este marco, se inició la búsqueda de un lugar provisorio o temporal para desarrollar los talleres, cursos y espectáculos de la Alberdi, pero el director general de Administración de Bienes de la Subsecretaria de Escribanía General informó que no existía un inmueble que pudiera albergarlos.
Ante el anuncio de una nueva fecha para el desalojo (31 de marzo de 2007), tres días antes la jueza del fuero contencioso administrativo y tributario de la fiscalía N° 5, Fabiana Schafrik, falló a favor de la Sala haciendo efectivo el amparo de no innovar en desalojar, en tanto el gobierno no asignara y garantizara un lugar físico adecuado para que pudieran continuar desarrollándose las actividades normalmente (en ese momento se realizaban 40 talleres en la Sala).
Las idas y vueltas continuaron hasta 2010. En el medio, el gobierno intentó mudar las actividades a distintos centros culturales de la ciudad, en los que por diversos motivos no podían realizarse. Además, la Superintendencia Federal de Bomberos realizó un informe en que manifestaba no haber encontrado anomalías de relevancia en el estado edilicio de la construcción de la Sala Alberdi, aunque sí remarcó que la instalación eléctrica presentaba deficiencias que podían implicar riesgos o peligro para los usuarios del inmueble.
En tanto, en 2009 el director general de Enseñanza Artística, Marcelo Birman, resolvió disolver la Cooperativa que financiaba los sueldos de los docentes de la Sala, disminuir la cantidad de talleres y, con la excusa del deterioro de la instalación eléctrica de la Sala, trasladó un año después cursos a otras dependencias, provocando con estas medidas el paulatino vaciamiento de la Sala y finalmente su cierre definitivo.
“Todo lo legal de la Sala con el gobierno duró desde 2007, que se inicia el amparo, hasta 2010 que se gana la sentencia firme, que refrenda la sentencia de la jueza de primera instancia del amparo, en la que señala que dentro de todo el desarrollo legal el gobierno dice que el carácter de reubicación de la sala es permanente. O sea que cuando se le asigne un nuevo lugar la sala ya no va a volver al San Martín, porque tenían un proyecto de hacer un estudio de televisión acá. Solamente dicen que la reubicación es permanente, pero no ponen ninguna opción de lugar físico para la sala”, explicó a Marcha y Red Eco un integrante de la Toma. En agosto de 2010, estudiantes, padres y docentes impulsaron actividades artísticas por la reapertura de la sala en el hall del centro cultural, y el 17 decidieron tomar las oficinas y la propia Sala Alberdi. Dos meses después, ya estaban poniendo nuevamente en funcionamiento, de manera autogestiva, distintas actividades.
El 28 de marzo de 2011 quedó firme la sentencia que indica que la sala debe ser refaccionada y habilitada para que pueda seguir con sus actividades habituales en un plazo menor a 30 días. Pero cinco días después el gobierno envió un nuevo pedido de desalojo: “En abril de 2011, llega una carta que dice que la sala tiene que ser desocupada en 72 horas sino va a ser desalojada. Y también se le pide al fiscal que les pida por favor a los ocupantes si pueden entrar a hacer un relevamiento de los elementos que tiene el inmueble. Finalmente, los representantes de la sala fueron hacia la fiscalía con otros compañeros y presentaron una carta en la que argumentaban, primero, que era arbitrario, incongruente la medida que estaba tomando el gobierno, porque ya existía un juicio con sentencia firme, que dado que no podían ocupar ningún recurso, utilizaban este otro espacio legal para poder presionar a los ocupantes, se presentaron todos los antecedentes del desarrollo legal del fuero administrativo. Eso ha quedado así… congelado. Además, acá siempre se argumentó que no era seguro mantener la sala abierta con las actividades por la reconversión del edificio, pero el centro nunca fue seguro”, relató otro miembro de la Toma.
Pero en estos años en que la sentencia ha quedado firme, el gobierno continuó sin presentar respuestas concretas, y por el contrario apeló a la judicialización de quienes realizan la toma: “Como la sentencia firme tiene un carácter de que ninguna de las dos partes puede recurrir a un recurso extraordinario u ordinario para impugnar la sentencia, entonces el gobierno toma la medida de denunciar a quienes realizan la toma, pero en otro fuero, en el de lo penal, lo contravencional y de faltas, acusándolos como ocupantes de la Sala. La fiscalía, como no tiene ningún antecedente de que antes había un juicio acá, lo que hace es desarrollar la medida legal que hace la parte actora, el gobierno de la Ciudad”, explicaron.
Uno de los últimos enfrentamientos entre el gobierno porteño y quienes autogestionan la sala se dio en abril pasado cuando el Ejecutivo de la Ciudad, no contento con haber enrejado el Centro Cultural, resolvió cerrar estas rejas todos los días a partir de las 20 horas, lo que impedía que se desarrollaran con normalidad las actividades de la Sala Alberdi, que comienzan habitualmente alrededor de las 19.
Al encontrarse con esta situación un domingo por la tarde, quienes toman y autogestionan la Sala realizaron la actividad prevista en la calle. Esto motivó a que se presentaran en el lugar Gabriela Ricardes, directora general del Centro Cultural, y Hernán Lombardi, ministro de Cultura porteño, acompañados de varios patovicas y patrulleros de la Policía Metropolitana. Para evitar un posible desalojo y cuidar la integridad física de los presentes, se resolvió hacer una vigilia cultural en la vereda hasta las ocho de la mañana del lunes. Luego, los jóvenes se movilizaron hasta la Jefatura de Gabinete para exigir una reunión con Lombardi y Ricardes, quienes se negaron, pidiendo los nombres y documentos de los presentes y asegurando que no eran representativos de ninguna asamblea. Hasta los acusaron de ser privatizadores del espacio por utilizar los servicios públicos mientras cobran entradas a los espectáculos; lo que es una clara mentira, ya que todas las actividades que se realizan en la Sala Alberdi son con entrada gratuita.
El 4 de mayo pasado, la jueza Fabiana Schafrik volvió a expedirse. Ahora dispuso que las actividades de la Sala Alberdi se reubiquen en la Sala Los Andes. Pero para ello, la Superintendencia Federal de Bomberos deberá informar si las reparaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad en Los Andes subsanan los desperfectos detectados en el último relevamiento realizado. Una vez presentado el informe, el Gobierno porteño tendrá 20 días para hacer efectivo el traslado. Nada se aclara allí sobre el verdadero uso que se intentará hacer de las instalaciones de la Sala Alberdi por parte del Ejecutivo, y si una vez finalizadas las obras las actividades volverán al sexto piso del Centro Cultural San Martín. Además, con la lentitud con que el macrismo efectúa los trabajos de reparación, una vez más cabe preguntarse si hay una intención final de vaciar y privatizar ese espacio.
Quienes toman la Sala Alberdi han intentado más de una vez reunirse con Lombardi y otros funcionarios del área, en buenos términos, pero las pocas respuestas que obtuvieron fueron causas, denuncias y golpes. Al respecto, una de las integrantes de la toma manifestó: “No nos interesan en algún punto las negociaciones con el gobierno, nosotros sabemos que cualquier institución gubernamental que tome este espacio lo va a privatizar porque es la política que tiene, desde que se pide el préstamo al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para hacer las reestructuraciones de los centros culturales de la ciudad, esa es la política, entrar con la excusa de una reestructuración, cerrar y convertirlo en turismo”.
Frecuencias de la Ciudad
El intento de vaciamiento del Centro Cultural no sólo se visibiliza a partir de lo que pasa en la Sala Alberdi; a los pasillos oscuros y desiertos de la mayoría de los pisos, se suma la actual situación de las radios públicas de la Ciudad (AM 1110 y FM 92.7, conocida como la 2×4), que funcionan en los pisos 8, 9, 10 y 11 de Sarmiento 1551.
Desde comienzos de 2012, la AM se ha quedado sin programación, sólo música y boletines informativos cada una hora. Además, se iniciaron obras de refacción del octavo piso (que están paralizadas desde hace semanas), por lo que en el noveno, donde está la mayoría de los estudios, prácticamente no hay lugar en los pasillos para moverse porque allí mismo se han colocado como si fuera un depósito cantidad de sillas, mesas, armarios, etc. y se han instalados escritorios que funcionan como oficinas.
Según anunciaron desde el PRO, las radios públicas, junto al canal Ciudad Abierta y el sitio web del gobierno de la Ciudad conformarán un Multimedio, comandado por el periodista Carlos Ares, que se lanzará el próximo 7 de junio. Ese día, en la AM 1110 comenzará una programación en la que cada día de la semana estará dedicado a un tema (espectáculos, pensamiento, ecología, solidaridad, política, etc.), hasta entonces se realizan pruebas (o “experimentos”, tal como la gestión los llama) de algunas horas. Por lo que el oyente que sintonice la radio (que poco se escucha, gracias a la venta de su frecuencia original, AM 710, a Radio Diez durante la década del ´90) podrá oír un día 24 horas de música, y al otro un programa de cuatro horas. Además, cada eje temático cuenta con coordinadores, líderes, conductores que no forman parte de la planta de trabajadores de la radio, y que cobran sueldos que quintuplican el promedio salarial de los empleados.
Los trabajadores han denunciado esta situación en los últimos meses y han puesto especial énfasis en la situación de quienes se encuentran empleados bajo contratos precarios, a quienes han llegado a decirles que “comiencen a buscar otro trabajo”.
La legisladora Gabriela Alegre manifestó su preocupación por la falta de transparencia: “No sabemos dónde están las inversiones hechas en la Radio e inclusive nos preocupa la amenaza de terminar con la señal. Queremos saber dónde está el presupuesto de la radio, en qué situación y cuando estará en pleno funcionamiento la programación de la Radio”.
Proyecto privatizador
El accionar del macrismo en el Centro Cultural muestra que no existe una política del “no hacer” por parte del gobierno porteño, sino que por el contrario, hay claras políticas para avanzar sobre las estructuras culturales que provienen de una expresión más colectiva, y para transformar el denominado “espacio público” en un espacio controlado, enrejado y cerrado, en usufructo de unos pocos.
A excepción de la protesta de quienes integran la Sala Alberdi, no ha habido fuertes protestas por parte de los trabajadores del Centro Cultural San Martín o de las Radios de la Ciudad. El miedo a posibles despidos y el escaso rol del sindicato municipal, Sutecba, en los reclamos por las mejoras edilicias y de condiciones laborales de quienes trabajan allí pueden ser algunos de los motivos por los que no se ha difundido este conflicto, ni avanzado en un solución.
Mientras se agregaron las rejas y la seguridad privada, se mantiene la desidia. Luego de que varias personas quedaran atrapadas en el único ascensor en funcionamiento, no falta quien dice que el gobierno de Mauricio Macri aguarda una catástrofe para accionar sobre la emergencia edilicia del Centro Cultural.
*Por Mara Oliveira, de Marcha y Ana Guzmán, de Red Eco.