En Base de Riarte, provincia de Tucumán, integrantes de la comunidad Indio Colalao fueron violentamente desalojados ayer de los territorios que habitan cerca de la frontera con Salta por orden judicial. Dos empresarios reclaman la posesión sobre 19 mil hectáreas que habita la comunidad.
250 efectivos policiales participaron durante este miércoles del desalojo de alrededor de 30 familias de la comunidad Indio Colalao en Base de Riarte, localidad de Tranca, Tucumán. Según diversas organizaciones sociales, estos fueron violentamente reprimidos y perseguidos por el monte. Desde las 19 horas de ayer se perdió la comunicación con los miembros de dicha comunidad por lo que hasta el momento no hay noticias del paradero de estas personas. Cristóbal Cardozo, de la Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL), comentó a Marcha: “La gente se escapó a los montes, no se dejaron agarrar. Pero la Policía andaba con perros, motos y caballos, buscándolos. No sabemos si los agarraron o no, porque no nos podemos comunicar desde que cayó el sol. Los estaban persiguiendo”.
Desde hace algunas semanas los miembros de Indio Colalao habían montado una vigilia luego de que se dictara una orden de desalojo sobre ellos por el cargo de “usurpación”.
Los empresarios Fredy Moreno Nuñez Vela y Jorge Posse son quienes reclaman estas tierras como propias y por este motivo se inició la causa judicial. Según un comunicado de los habitantes de la Base de Riarte estos empresarios “cerraron el único camino vecinal que permite el acceso con vehículos, con un portón con candado; enviaron allí personas ajenas al lugar, armadas cuya función era y es controlar el ingreso y salida, llegando inclusive a pedirles Documento Nacional de Identidad a nuestros comuneros”. Además de reclamar la posesión de las tierras como propias, los pobladores originarios vienen exigiendo la reapertura de una escuela de la zona, cerrada en 2003, para que los niños de la comunidad puedan asistir. “La cierran porque no les convenía que hubiera una escuela allí donde no pudieran controlar lo que se hacía adentro”, aclaró el vocero de la OTRAL. En el mismo comunicado, los habitantes recordaron que la ministra de Educación tucumana, Silvia Rokjes de Temkin, se había comprometido a que el establecimiento volviera a funcionar. Mientras tanto los niños concurren a colegios situados en Salta y tienen que caminar 14 kilómetros diarios para llegar a la escuela.
Finalmente, en este contexto, ayer a las 17 la Policía inició la represión en la comunidad Indio Colalao. La Justicia se había comprometido a no ejecutar la medida de desalojo ordenada por el juez Juan Francisco Pisa de la 3º Nominación. Cabe recordar que el mismo juez es quien estuvo al frente de la causa por el desvío de fondos de la publicidad oficial para beneficiar a la Fundación PIBE, que conducía la actual titular provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich. La Policía ingresó al lugar diciendo que iban a labrar un acta pero finalmente iniciaron el desalojo que terminó en el desbande de estas personas de las cuales no hay noticias por el momento.