Por Maru Correa. El flamante ministro prometió el esperado “debate” sobre el aborto, y que sería “serio y maduro”. Pero después habló Aníbal Fernández y el tema se clausuró. Mientras, las mujeres siguen muriendo.
“Sí, juro”, pronunció el médico sanitarista Daniel Gollán cuando días atrás la presidenta Cristina Fernández le preguntó si desempeñaría con lealtad y patriotismo su cargo como nuevo ministro de Salud de la Nación. Cuatro días después, el flamante funcionario apartó esas palabras del mero juego protocolar, mostró preocupación sobre las muertes maternas por abortos y declaró que “todos los sectores de la sociedad” deben dar “un debate serio y maduro” al respecto. Horas más tarde, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue tajante: “No está en la agenda del Gobierno discutir este tema”.
Funcionarios obedientes
El Poder Ejecutivo pone en duda si los juramentos de lealtad y patriotismo deben estar dirigidos al bien común o al arco partidario materializado en la designación de un gabinete. Fernández dijo que “la realidad es que dentro del peronismo hay distintas maneras de pensar” y que “cada uno asume lo que le parece”.
En primer lugar, la forma que los legisladores y funcionarios tienen de asumir públicamente algo no suele provenir de una decisión personal, sino de la línea de pensamiento y acción de la fuerza política a la que responden (en este caso, la del Frente para la Victoria). Con estos dichos, se descarta la opinión de otros bloques de la Legislatura no afines al kirchnerismo. Y, fundamentalmente, se pasa por alto la voluntad popular. Con su respuesta, Aníbal Fernández desoye la voz ciudadana que exige el tratamiento inmediato sobre la legalidad del aborto, y en nombre de una gestión incumple con los deberes de funcionario público.
Ya van cinco veces que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presenta el proyecto en Congreso; Amnistía Internacional Argentina emitió una carta dirigida a la Presidenta; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) redactó un documento que envió a los legisladores; decenas de organizaciones sociales, políticas, gremiales y de género continúan movilizadas bajo la histórica consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”. Y nada.
Morir es lo de menos
Mientras tanto, unos 500 mil abortos por año en condiciones de clandestinidad se realizan en nuestro país, es decir, sin garantías de que una mujer o niña sometida a esa práctica salga viva o sin secuelas. Por cierto, los abortos mal hechos son la mayor causa de muerte materna, sobre todo en mujeres pobres que acuden con desesperación a cualquier método “casero” porque no pueden pagar una clínica.
Las millones de mujeres que luchan por el derecho a decidir sobre sus cuerpos llevan esta data a toda batalla argumentativa. Y seguramente el doctor Gollán haya pensado así cuando lanzó aquellas declaraciones que no parecían tomadas desde arriba hacia abajo, sino desde la reflexión que pudo haberle motivado la realidad que lo compromete como profesional de la salud. “El aborto clandestino es un problema de salud pública y las provincias tienen que cumplir el fallo de la Corte”, había apreciado el nuevo ministro antes de que el jefe le baje línea.
Cabe recordar que sólo ocho de las veinticuatro provincias argentinas se ajustaron al fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012 que ratifica la obligación de los centros de salud de elaborar un protocolo hospitalario e interrumpir la gestación en casos de violación o cuando la vida de la mujer peligre. Aun así, muchas que piden el aborto bajo estas circunstancias son maltratadas.
Medicina social
Antes de su actual nombramiento, Daniel Gollán era secretario de Salud Comunitaria. Durante la última dictadura militó en la Juventud Universitaria Peronista, estuvo detenido y luego logró exiliarse. Ya recibido en la Universidad Nacional de Rosario y especializado en Medicina Sanitaria en la Universidad de Buenos Aires, dice tener como referentes a Floreal Ferrara y Ramón Carrillo, quienes presentaban una estrategia de salud basada en la prevención y en la evaluación de los múltiples factores que determinan la salud humana.
En ese marco, el funcionario reclamó el cumplimiento de la ley de abortos no punibles y señaló que es necesario generar “un debate serio sin ponerse en los extremos ideológicos y religiosos”. Como ejemplo, citó el caso de Uruguay, donde funcionan “consejerías” a las que asisten las mujeres cuando quieren abortar y luego se van con la decisión de no hacerlo. Por supuesto, esta política se volvería vacía si no sirviese como paso previo a la despenalización y legalización del aborto.
Cuestión de Estado
Durante el acto de cambio de ministros, la Presidenta puso el acento en los supuestos éxitos obtenidos tras la gestión del saliente ministro Juan Manzur. Sin embargo, los números comienzan a desfigurarse porque en ningún momento habló de la mortalidad materna por abortos ni de los subregistros de estos casos, que siempre arrojan un saldo mayor.
La única intervención que el Gobierno Nacional hizo sobre la interrupción del embarazo fue el año pasado cuando cedió ante la Iglesia Católica e introdujo en el nuevo Código Civil el polémico artículo 19, que dispone que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Esto profundiza un modelo desigual porque las muertes por abortos siguen creciendo, como también el negocio millonario de la clandestinidad.
Entonces aquí ya no se trata de la responsabilidad individual de la mujer. Hay decenas de variantes que desembocan en el embarazo y otras tantas en la decisión de interrumpirlo. El aborto legal, seguro y gratuito es una deuda con la democracia. El problema, enmarcado en una sociedad capitalista y patriarcal, se vuelve una cuestión de Estado sobre la que Gollán, la primera mandataria y el Congreso Nacional deben actuar ya mismo. La agenda espera y se abre todos los días.