Miembros de la Coalición para el Control de las Armas se manifiesta frente a la sede de la ONU en Nueva York
Comenzó en Nueva York la primer conferencia de la ONU sobre la regulación del comercio de armas. Intereses y relaciones políticas en juego para un tratado que no prohibiría nada.
Luego de dos días de discusión acerca de cómo se debía dar el debate, comenzó finalmente el martes la conferencia internacional de las Naciones Unidas encargada de establecer un nuevo Tratado sobre Comercio de Armas (TCA). Las imprecisiones del arranque, que debía ser el lunes pasado, se dieron cuando la Autoridad Nacional Palestina (ANP) quiso hacer valer su derecho de participación como delegación estatal formal en la conferencia. La ANP argumentó que el reciente reconocimiento de la UNESCO como como Estado, le otorga los derechos de voz y voto en este tipo de encuentros internacionales, a lo que EEUU e Israel se opusieron con firmeza. Al final, tanto la ANP como el Vaticano y la Unión Europea, participarán como observadores sin injerencia en la votación.
Un comercio gigante
El encuentro busca regular el comercio internacional de armas y llegar a acuerdos que limiten su proliferación. Es sintomático del estado de situación acerca del tema, el hecho de que existan tratados vinculantes de la ONU acerca del comercio internacional de miles de productos, hasta de huesos de dinosaurio, y no haya ninguno hasta ahora que regule un negocio que factura unos 70.000 millones de dólares al año. De la conferencia, que durará hasta el próximo 27 de julio, participan 193 países, entre los cuales se destacan los principales productores de armamento mundial, así como los principales países receptores.
En un documento elaborado por Amnistía Internacional (AI) e incluido en la carpeta de trabajo de la ONU, se estima que Estados Unidos es el principal exportador de armamentos del mundo con un 30% de la producción global, suministrando armas a 170 países, un negocio que le rinde unos 5.000 millones de dólares al año. Su posición en estas negociaciones es clave, así como lo son las posturas de los otros cinco productores mundiales de armamento, China, Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido, que junto con EEUU suman el 74% de la producción mundial. Todos estos países han repartido armas y municiones a lo largo del globo, en un negocio que a veces no parece seguir ni siquiera las normas de los equilibrios geopolíticos. Es ejemplar el dato aportado por AI en los últimos días: todos estos gobiernos han vendido armas al régimen libio de Muhamar Gaddafi, inclusive días antes de la invasión perpetrada por esas mismas fuerzas occidentales. AI subraya en su presentación, que en el mundo mueren 1500 personas por día a causa del uso de armas de fuego, y 26 millones de personas al año son desplazadas por conflictos armados.
Según las estadísticas confeccionadas ad hoc para esta conferencia por el Instituto de Estocolmo de Investigaciones sobre la Paz Internacional, India fue el mayor receptor mundial de armamento en el período 2007-2011, con el 10% de todas las importaciones de esos equipos. Le siguen Corea del Sur con el 6% , Paquistán 5%, China 5% y Singapur 4%.
Con discusión y sin acuerdos
La envergadura de este negocio, obliga ahora a los representantes de los diferentes estados presentes en la conferencia a establecer criterios y limitaciones claros. Sin embargo, y como era de esperar, existen diferencias fuertes acerca de las determinaciones a tomar. El borrador elaborado por la comisión de la ONU prevé la aceptación de un acuerdo no vinculante, que debe ser ratificado por al menos 60 gobiernos para entrar en vigencia. Es decir, que ningún país estará obligado a someterse a las reglas del TCA y en caso de aceptarlo, podrá abandonarlo cuando quiera. Además, el tratado reconocerá el derecho de los países a su legítima defensa, no interferirá el comercio de armas ni la forma en que los países regulan su posesión por parte de los civiles, así como tampoco prohibirá la exportación de ningún tipo de armamento. Se trataría entonces de una definición de principios que nada va a prohibir en la sustancia, pero sobre las cuales se juegan las posturas económicas y políticas de los estados productores. Los adherentes, según el primer bosquejo, deberían impedir la venta de armas a países “donde exista el riesgo de violación a los derechos humanos”, una clausula que EEUU quiere cambiar, para que simplemente los estados “tengan en cuenta” esa posibilidad antes de concretar a venta. Al mismo tiempo, Washington se opone a la inclusión de apartados que regulen la venta de municiones, algo que para los redactores del tratado es fundamental para arginar la proliferación de conflictos armados.
Otra de las posiciones blandas al respecto es la de Rusia, fuertemente comprometida a partir de los conflictos de los cuales es protagonista -Chechenia en el frente interno, y la venta de armas a Siria en el ámbito internacional-. Según retrata AI, Rusia “parece desear un Tratado sobre el Comercio de Armas que excluya unas normas vinculantes sobre el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el desarrollo socioeconómico. Las autoridades rusas alegan que cualquier norma de este tipo estaría abierta a interpretaciones subjetivas e ideológicas”. Misma posición adoptaría China, que además de no haber suscrito ninguno de los tratados internacionales sobre comercio de armas -los demás estados adhirieron al de Wassenaar- pretende desvincular el acuerdo de la venta de armas chicas y livianas.
Se trata de un mosaico de opiniones y posturas fuertemente ligado a los intereses comerciales de los países productores. La pulseada no encuentra del otro lado más que ONGs y funcionarios de Naciones Unidas. Así y todo, se pretende dar un primer paso hacia la regulación de un mercado que nunca dejó de expandirse.