Por Gabriela Mitidieri / Foto Marcha
Despidos, recortes y suspensión de la difusión del protocolo de atención de abortos de parte del Ministerio de Salud de la Nación. Amenazas y engaños a socorristas en Córdoba y Neuquén y criminalización a pibas y mujeres de a pie en los hospitales públicos. Combo acompañado de la desinformación nada ingenua de los medios hegemónicos.
En el día de ayer comenzó a circular la información de que el Ministerio de Salud de la Nación había borrado de su web la versión digital del protocolo de acción en casos de aborto no punible.
El mismo tuvo una primera versión en el año 2010 y una segunda, revisada el año pasado, y contó con el aporte de activistas feministas que forman parte de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Garantizaba el derecho al acceso a un aborto no punible en los casos previstos por el fallo F.A.L. y ratificado por la corte suprema en el año 2012, en casos de violación, riesgo de vida y causal salud. El protocolo planteaba un marco de derechos, pasos a seguir, herramientas disponibles para la realización de un aborto seguro en el hospital.
No obstante, la propuesta no logró revertir las posturas conservadoras y patriarcales dentro de la corporación médica y puso en evidencia las limitaciones de no contar con una verdadera legislación en materia de aborto y salud pública.
De todos modos, en la línea de la política Cambiemos de “borrar de un plumazo” y seguir como si nada, esto implica un franco retroceso en la lucha por el derecho al aborto. Esta postura va en consonancia con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, presentado por Fabiana Tuñez, histórica feminista y actual funcionaria del macrismo, en donde la razón esgrimida para comprender las muertes por aborto clandestino no era la ilegalidad del aborto sino la falta de provisión de métodos anticonceptivos.
En un contexto de vaciamiento de programas de salud sexual y reproductiva, de obstáculos para que los servicios de atención primaria de la salud brinden dichos métodos, de ausencia de reactivos para testeo de HIV, cabe preguntarse cuál es la política que este gobierno va a darse para atender a los derechos sexuales de la población, por fuera del recurrente gesto de fingir demencia.
Al momento el protocolo de 2015 sigue ausente de la web, pero decidieron mantener la versión publicada en el año 2010. En el mismo el causal salud se acota a una interpretación restringida a riesgos de salud física que no puedan ser tratados por otros medios. Se pierde así de vista la posibilidad de entender la salud en sentido integral, en términos psicofísicos, sociales, económicos. ¿Qué pasa con las mujeres cuyo derecho al acceso a métodos anticonceptivos, a ligarse las trompas se ve obstaculizado dentro del propio sistema de salud?
En paralelo, desconociendo también los propios contenidos mínimos en relación a la ley de Educación Sexual Integral, Clarín y TN repudiaron en el día de ayer la realización de una charla sobre sexualidad, anticoncepción y aborto en el Colegio Carlos Pellegrini, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y aunque la libertad de Belén, tras un intenso proceso de lucha, organización, difusión del movimiento feminista y de mujeres, nos llenó de alegría, en el lapso de dos semanas tuvimos noticias de instancias de criminalización de compañeras en guardias de hospitales con señales de aborto en curso y hostigamiento y persecución a compañeras socorristas en Neuquén y Córdoba.
Con el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) a la vuelta de la esquina, se vuelve imprescindible la organización conjunta para que la avanzada neoliberal y conservadora deje de poner en suspenso las conquistas del movimiento de mujeres y feminista.