Por Vivian Palmbaum / @vivi_pal – Foto por uocchile
“Las penas y las vaquitas se van par la misma senda.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.
Atahualpa Yupanqui
Después de 17 años los derechos de campesinas y campesinos, de todas las regiones del mundo, alcanzaron el reconcimiento en la ONU.
El pasado 20 de diciembre, luego de 17 años de trabajo continuado, fue ratificada la Declaración de los Derechos Campesinos en la sesión de la 73º de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tal como se expresa en su artículo 3º, “Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que se reconocen en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.
La Declaración de Derechos Humanos fue adoptada por la ONU en 1948, sin embargo la mayor parte de la población mundial que está formada por campesinas, campesinos y personas que trabajan en áreas rurales recién alcanzan este reconocimiento hacia fines del año 2018.
“Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”
Campesinas, campesinos y personas que trabajan en áreas rurales son quienes producen los alimentos que consumimos. La mayor parte de ellas y ellos no poseen la tierra que trabajan, mientras las corporaciones y las grandes empresas son dueños de la mayor parte. Esas condiciones se reproducen por donde se mire. Entre las y los campesinos se incluyen los pueblos originarios, indígenas, negros y migrantes que trabajan para sí mismos, en asociación o que trabajan para otros produciendo en la tierra.
Un largo trabajo para los derechos de campesinas y campesinos es impulsado desde la Via Campesina. “Este es un reconocimiento al papel estratégico que cumple el campesinado en la producción de alimentos. Alimentar a los pueblos y luchar contra el hambre, plantea la necesidad urgente de la reforma agraria como política fundamental para garantizar los derechos de las campesinas y los campesinos”, afirmaba Diego Montón, del MNCI de Argentina y uno de los delegados por la Via Campesina en el grupo que viene trabajando para alcanzar este reconocimiento de derechos. “Todo gobierno que se jacte de progresista y de trabajar con los derechos humanos deberá tener en cuenta la reforma agraria, como una política fundamental para garantizar los derechos para los campesinos y las campesinas”, agregó.
La Declaración en su artículo 4º hace un reconocimiento expreso al derecho de las mujeres, contra toda forma de discriminación de las campesinas y por el derecho a la igualdad de posibilidades en el acceso a sus derechos.
Las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder a los recursos naturales y a participar en la gestión de los mismos. Sin embargo hoy parece lejos de concretarse. El avance del neoliberalismo a lo largo y ancho del mundo, que privilegia los negocios y las desigualdades, parece ir en contra de una normativa de difícil implementación. Al respecto, Montón decía que “La Declaración es una herramienta de lucha para que se transforme en leyes y políticas a favor de las y los campesinos y también es una herramienta de lucha por la soberanía alimentaria. Por eso la Declaración de derechos de campesinos y campesinas es un paso adelante para toda la humanidad”.
Los y las campesinas y las personas que trabajan en las zonas rurales, tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. También está explícitamente mencionado en otro de sus artículos. “En este momento, pese a producir la mayor parte de los alimentos que consumimos, los y las campesinas estamos sometidos a formas extremas de violencia. Aquellos que resisten son asesinados o arrestados. La criminalización de las luchas campesinas debe acabar y esta Declaración es un paso hacia adelante en esa dirección” afirmó Montón.
Desde la Via Campesina reconocen que el primer trabajo será hacer conocer estos derechos entre las y los campesinos para luego avanzar para que los Estados los implementen.
El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, una fecha que se estableció en el año 1996 cuando la Policía Militar de Brasil asesinó a 19 campesinos y campesinas Sin Tierra en Eldorado dos Carajás, Estado do Pará. La implementación hoy parece tan alejada en nuestra región donde los Estados criminalizan y persiguen a las y los campesinos, pueblos originarios y migrantes mientras favorecen la concentración de tierras en pocas manos. Lideres y lideresas en nuestro país y en la región padecen las persecuciones en defensa de la tierra y los recursos naturales. En nuestro país hoy es Santiago Maldonado entre tantos anónimos y anónimas, Berta Cáceres en Honduras, las y los campesinos de Paraguay, de Colombia y de las distintas regiones que son asesinados, perseguidos, expulsados o encarcelados cuando defienden la tierra y sus recursos. Políticas que a veces parecen ir más allá de los presidentes de turno. Tan solo cabe recordar algunos ejemplos como los de los presidentes Fernando Lugo en Paraguay o Mel Zelaya en Honduras que fueron corridos por atreverse a defender otros intereses.
Soberanía Alimentaria
El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, como una alternativa a las políticas neoliberales. Son estas políticas neoliberales las que priorizan el comercio por sobre la alimentación de los pueblos y su derecho a definirla y defenderla. Las políticas de producción industrial de alimentos ponen en manos de unos pocos, que priorizan sus ganancias, a la hora de definir que se produce, como se produce y nos envenena, con una agenda de mercado que está lejos de garantizar el derecho a la alimentación, que además sea sustentable y otros intereses públicos que pueden ser diferentes en función de los países y sus tradiciones culturales.
Tal como lo expresa la Via Campesina, “Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han aplicado estas políticas dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Unos acuerdos internacionales (OMC), regionales (Acuerdo de Libre Comercio para las Amercias-ALCA) o bilaterales de “libre” cambio de productos agrícolas permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado de la alimentación.
Mientras en los distintos países avanzan los proyectos de ley para privatizar el uso de la semilla de la mano de las corporaciones, las y los campesinos se oponen a que les expropien sus saberes ancestrales que están contenidos en la propiedad y uso de sus semillas, amenazadas por la globalización.
Derechos para campesinas y campesinos en el siglo XXI es el resultado de largos 17 años de trabajo colectivo para darle una legalidad a las necesidades básicas como seres humanos. Defender derechos de manera colectiva, donde se disputan los derechos a la tierra, a alimentarse, a la diversidad cultural y el derecho básico a la vida y sus recursos, amenazada por los negocios de las corporaciones. Una Declaración que se halla aún lejos de la realidad efectiva, si bien es una herramienta que permitirá sacar de las condiciones de cuasi esclavitud en la que se encuentran miles de personas que hasta ahora no tuvieron reconocidos sus derechos.
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