Por Francisco Soriano*. Segunda parte del análisis sobre el debate que generó la llamada “democratización” del Poder Judicial. Análisis punto por punto de los ejes y propuestas planteados al respecto.
Entre los proyectos mencionados, se encuentra el de reformar el método de elección y la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura para pasar a realizarlo mediante el voto popular.
Actualmente el mismo está compuesto por 3 jueces del Poder Judicial de la Nación, que se eligen entre ellos; seis legisladores, tres por cada Cámara correspondiendo dos a la mayoría y uno a la minoría a propuesta de los bloques parlamentarios; dos abogados con matrícula federal, que son electos por el voto directo de los abogados con esa matrícula; un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico, designado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Es decir, jueces, abogados y académicos se elijen entre ellos.
A primera vista, la propuesta del Ejecutivo pareciera chocar contra el texto constitucional que en su artículo 114 establece respecto de los miembros del Consejo de la Magistratura que “… será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”. Sin embargo, si se mantiene la variedad de representación que establece la Constitución, nada obstaculiza que la elección de jueces, abogados y académicos sea mediante el voto popular.
De una u otra manera las designaciones son políticas. Lo interesante es que el voto popular directo lleva la discusión y la decisión a la gente, que deberá informarse para votar. Además, esto implica reconocer el carácter político de las designaciones, y abrirlo a la participación popular aún con las limitaciones del voto.
El Consejo de la Magistratura cumple diversas funciones, entre las cuales la principal es la designación de los postulantes a ocupar los cargos de magistrados. Los miembros del Consejo elaboran las ternas de postulantes, uno de los cuales será elegido por el Poder Ejecutivo, y si obtiene acuerdo del Senado, ocupará el cargo de Juez de la Nación. Además el Consejo abre los procedimientos de remoción de magistrados y formula las acusaciones correspondientes. Desde su creación con la reforma constitucional de 1994 ha sido un órgano muy discutido, ya que no ha logrado desempeñar sus funciones sin desligarse de los intereses corporativistas de la llamada familia judicial.
Otra de las propuestas es la creación de Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral. Estas funcionarían como tercera instancia previa a la Corte Suprema. Una nueva instancia judicial alargaría los procesos, y si bien su función es regularizar los criterios que aplican los magistrados inferiores, si su composición sigue siendo de las altas jerarquías judiciales, alejadas de los intereses y las problemáticas de la mayoría de la población y vinculados a intereses económicos y políticos, difícilmente represente un avance.
Por último la presidenta se refirió al ingreso como empleado del Poder Judicial. Actualmente el mismo depende de favores y amistades, ya que no hay concursos para los cargos de empleado. Un concurso de idoneidad sería un avance en la apertura de la Justicia, siempre que las vacantes realmente se llenen de los concursantes, ya que actualmente existen exámenes en algunas dependencias pero no garantizan el ingreso a un puesto, sino simplemente la inclusión en una lista a la que los magistrados que tengan un cargo a ocupar pueden recurrir o no hacerlo, que es lo que suele suceder.
Fuera de toda discusión está el proyecto de ley que obliga a los jueces a pagar impuestos como cualquier ciudadano. No hay ningún argumento válido para que no los paguen, sus ingresos son altísimos y corresponde que tributen como cualquier hijo de vecino.
Por su parte, el movimiento Justicia Legítima, reunido en la biblioteca nacional el viernes 1 de marzo ha planteado una serie de debates y propuestas interesantes. El movimiento nace en respuesta a un comunicado de la Corte en el que hablaba de una vulneración a la supuesta independencia judicial por las presiones de los poderes políticos. La respuesta se basa en plantear que la independencia no se vulnera solamente por las presiones políticas sino también por la de los grupos empresarios que muchas veces tienen llegada directa a los magistrados.
La presidenta también insistió en la necesidad de tener una justicia independiente de los intereses empresarios, lo cual sin dudas significaría un avance. Sin embargo las medidas enunciadas no parecen ser una solución en ese sentido, ya que no terminarán con la condición de elite que revisten los magistrados por su status social y su inmenso poder y que naturalmente los vincula con los sectores concentrados.
Democratizar la justicia significa involucrar a la población con la Justicia, hacerla parte de la solución de los conflictos a través de participación popular que exceda largamente el voto. Transferir el poder de las decisiones de las elites judiciales al pueblo, a través de la incorporación de juicios por jurados, de la posibilidad de que cualquiera pueda ser trabajador de la justicia y también de entender a los jueces como empleados públicos al servicio de la comunidad y no como seres superiores con un poder ilimitado. Las propuestas de los distintos sectores tocan en mayor o menor medida estos debates, pero fundamentalmente son una gran oportunidad para poner en discusión al sistema de justicia.
* Abogado.