Por Francisco Soriano*. En los últimos días ha tomado relevancia el debate sobre la llamada “democratización” del Poder Judicial. Los dichos de la Presidenta en su reciente discurso, la conformación de un colectivo amplio bajo el nombre de “Justicia Legítima” y las respuestas de los sectores más conservadores han puesto en discusión el sistema de justicia en general.
Más allá de los proyectos y propuestas de los distintos sectores, lo más interesante es que este debate se haya hecho presente, que se discuta y se piense la Justicia, el poder del Estado sobre el que menos se habla y del que menos se conoce.
Son temas a ser puestos en discusión:
-La distancia entre la Justicia y la gente, que va desde la ubicación geográfica de los Tribunales, el lenguaje indescifrable que emplean, la ausencia de contacto entre los magistrados y quienes recurren a ellos, la demora de años en resolver los litigios, hasta la concepción cultural del Juez como persona superior que se hace llamar Vuestra Excelencia.
-La estructura de la Justicia y la cuestión de en quién recae el poder de decidir, si en los jueces o en la gente a través de los jurados.
-Qué condiciones se requieren para trabajar en la Justicia y cuáles debe reunir quién ocupe el cargo de Juez. Las condiciones en que trabajan los empleados de la Justicia, muchas veces deplorables y mal pagas.
-El rol de la Justicia como organismo estatal de gestión de los conflictos, que debe ser discutido y repensado desde la óptica de los sectores populares, ya que son los más necesitados de soluciones y los que más problemas encuentran a la hora de recurrir a la Justicia, que muchas veces ya es un problema en sí mismo.
-La cultura del trámite, que oculta los conflictos y su naturaleza tras un sin fin de gestiones burocráticas a las que los empleados judiciales deben prestar toda su atención, olvidando que están lidiando con los problemas, que muchas veces revisten suma gravedad, de las personas.
-La función del Poder Judicial en el reparto de pesos y contra pesos de los poderes de la república, sí puede frenar indeterminadamente una ley votada por el órgano legislativo que se supone representa la voluntad popular.
Todos estos y muchos otros son debates necesarios para un pueblo que tiene una Justicia que la mayoría de las veces le da la espalda. Históricamente ha representado los intereses de los sectores más conservadores, avalando en varias ocasiones la Corte Suprema los golpes militares, incluso sin que nadie se lo preguntara, como en el caso del golpe de Uriburu. Basta ver las cárceles, atiborradas de ladronzuelos pobres y vacías de narcotraficantes, jefes de redes de trata o políticos y empresarios corruptos que causan mucho mayor daño a nuestra sociedad. Otros ejemplos son los desalojos dictados a mansalva por jueces que dejan todos los días a familias enteras en la calle, el sobreseimiento de De La Rua o la inaplicabilidad de la ley de medios a favor del monopolio Clarín.
La Presidenta, en su reciente discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, habló de una serie de proyectos tendientes a lo que dio en llamar la democratización de la Justicia. A pesar de que su discurso y los proyectos parecían referirse directamente a la causa por la ley de medios, es importante aprovechar la oportunidad para empezar a pensar y trabajar en un cambio de paradigma en la cultura y práctica judicial.
Entre los proyectos mencionados, se encuentra el de reformar el método de elección y la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura; la creación de Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral; el ingreso como empleado al Poder Judicial (cuestión que hoy se hace por acomodo y no por concurso). También se habló del posible pago de los jueces del impuesto a las ganancias, cuestión respecto de la que no se entiende cómo puede haber dudas, teniendo en cuenta los altísimos salarios de los magistrados. Finalmente, la Presidenta también remarcó la necesidad de que la Justicia sea independiente no sólo del poder político sino también del poder económico.
En la segunda parte de este artículo analizaremos cada uno de estos puntos y las distintas propuestas y debates al respecto.
* Abogado