Control biométrico de viajeros.
Por J.P. Krabbe. Identificación biométrica, estado policial de sospecha generalizada, y el monstruo del fascismo que, una vez más, asoma su cabeza.
Lo dijimos en las dos primeras partes de la nota -cuyos links pueden encontrarse al final de este artículo- y lo reafirmamos aquí: en vez de avanzar en una discusión fundada y seria sobre la problemática del delito y la violencia, situando el eje en la presencia central de las fuerzas de seguridad (en tanto brazo material del derecho, siendo la única organización con capacidad de regular la circulación de bienes y personas a través del control del territorio, posibilidad de no aplicar la ley, y detentadora del monopolio de la violencia ilegal efectiva y protección política y judicial, todo lo cual la constituye en garante y ejecutor de ese propio delito al que dice combatir), así como sobre la función “rehabilitante” o “resocializante” del sistema punitivo, poniendo el foco en el tratamiento -responsabilidad primaria e indelegable del Estado-, la ineficiencia del servicio penitenciario y el funcionamiento de los organismos a cargo de la supervisión de las distintas etapas del régimen de ejecución de la pena, se avanza permanentemente en medidas que sacrifican derechos y garantías de las personas que han sido condenadas penalmente, lesionando los principios de igualdad ante la ley y de inocencia, y sentando peligrosos antecedentes, que a esta altura del partido y después de décadas de profunda derrota cultural, ya se cuentan en varias decenas.
Frente a esta persistente rebaja en el nivel a partir del cual se vuelve natural y aceptable ser castigado, perseguido, espiado, registrado, y una larga lista de etcéteras, quizá sea el momento de repensar si como sociedad estamos dispuestos a resignar definitivamente los pocos espacios de libertad e intimidad que nos quedan, avalando una intervención permanente del Estado y sujetándonos a un permanente “estado policial de sospecha generalizada”. Si así fuera, entonces estaríamos en condiciones de debatir acerca de la existencia de un registro de carácter universal: datos biométricos para todos y todas. Una vez más llegamos tarde al debate, semejante registro ya existe y tiene nombre: Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), creado por el gobierno nacional a través del decreto 1.766 del año 2011, e implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En marzo de 2012 el gobierno difundió la existencia de al menos 14 millones de registros biométricos, con el objetivo de registrar a los 40 millones de argentinos en los siguientes dos años. Esta es la contraparte de la agilización y abaratamiento de los trámites para obtener el DNI: avanzar lo más rápidamente en el registro de rostros y huellas dactilares de toda la población. En el discurso de presentación del SIBIOS, la presidenta Cristina Fernández señaló que el mismo representa “un salto cualitativo en la seguridad y en la lucha contra el crimen (…) sobre todo hoy donde hay en casi todos los lugares cámaras que permiten filmar e identificar rostros”.
Es decir que, en lo que constituye una de las mayores violaciones a las libertades individuales desde el regreso de la democracia formal en la Argentina, este nuevo sistema de identificación biométrica centralizado y con cobertura nacional permitirá a los organismos de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, policías provinciales y agencias de inteligencia), así como a otros organismos estatales, cruzar información con datos personales y biométricos (ADN, huellas dactilares, reconocimiento facial, análisis de iris y retina, patrón de voz, firma manuscrita, análisis gestual, geometría y venas de la mano, entre otras). Vale aclarar que sistemas mucho menos exhaustivos e invasivos han sido declarados inconstitucionales en numerosos países del mundo, como por ejemplo Francia, Inglaterra y el mismo Estados Unidos, país que suele encontrarse a la vanguardia en este tipo de políticas.
Sabemos que el monstruo del fascismo siempre está al acecho, asumiendo nuevas formas, más sutiles y perversas, encubiertas y no tanto, más sofisticadas e impersonales, casi mecánicas. Formas más centradas en la desconfianza y la delación, la internalización de la represión, la retirada del espacio público -construyendo en su lugar espacios propios, seguros e incontaminados, ya sea un country o el living de mi casa-, y el repliegue al interior, la individualidad y el consumismo. Todo en detrimento de la pérdida definitiva de los lazos solidarios y su reemplazo por el siempre tan funcional miedo, que suele venir acompañado de enormes negocios entre gobiernos -nacionales, provinciales y municipales, de todos los colores políticos-, fuerzas de seguridad, empresas de seguridad privada y grandes empresarios.
Valga el ejemplo del director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, ex director de la ultraderechista revista Cabildo, ex viceministro de Defensa de Carlos Menem, defensor de la tortura, el gatillo fácil y la mano dura, y empresario de seguridad privada que hace negocios tanto con la Policía Federal de Cristina Fernández y Sergio Berni, como con la Bonaerense de Scioli y Ricardo Casal; o el del ex operador financiero de Montoneros, socio de Daniel Hadad, y también empresario de la seguridad privada que hace jugosos negocios con Scioli y los “socialistas” de Hermes Binner, Mario Montoto.
Expandiéndose y mutando, el fascismo se vuelve político-institucional, “legal”, lo que lo hace aún más peligroso ya que, por estar institucionalizado, se torna duradero. Pero también sabemos que la única manera de combatirlo es señalarlo allí donde asome su cabeza, aprendiendo sus movimientos y a través de qué agentes y qué nuevas formas asume. Eso implica, a veces, saber observar qué se esconde detrás de medidas que, en principio y desde la buena voluntad de nuestras almas bellas y asustadas, podemos pensar que no necesita ser combatido, sino más bien festejado.