Fotografía: Romina Larosa
Por Guillermo Naveira. Segunda parte de la entrevista a Maximiliano Medina abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y representante de la familia de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010.
– Se sabe que hubo una patota que actuó por fuera del tribunal. ¿En qué afectó eso al proceso judicial?
Totalmente. En realidad, lo escandaloso es que se entronca con maniobras de intento de entorpecimiento del avance de la causa. Hubo varios testigos, alrededor de cinco, que fueron constantemente amenazados, incluso en la etapa de juicio oral. Donde, evidentemente, esa amenaza tenía como objetivo la no declaración o influir en ella para que no perjudique los intereses de los imputados que estaban próximos a ser enjuiciados.
-¿Cómo fue lidiar con la desaparición de Alfonso Severo?
Obviamente fue muy sospechoso. Yo me acuerdo que incluso se hizo el debate. El mensaje del tribunal, que nosotros después lo valoramos muchísimo, fue: “pase lo que pase, vamos a seguir en el juicio, vamos avanzar”. Y ese día estaba desaparecido Alfonso Severo. Pero bueno, ahora está la justicia investigando. Hay que esperar que se avance y determine qué fue lo que realmente paso con él.
-¿La justicia actúo correctamente a la hora de preservar a los testigos?
Yo creo que en ese sentido la justicia trabajó bien. Porque lo que se hizo bajo la instrucción fue garantizar la intervención del programa nacional de protección de testigos, durante la etapa de investigación y de juicio. De hecho, hubo algunas personas que fueron a declarar con protección. Después de lo que paso con Severo, que fue un llamado de atención muy grande, el tribunal empezó a citar a los testigos y a trasladarlos mediante la intervención de gendarmería nacional, una medida adecuada para garantizar la seguridad de ellos.
-¿Estuvieron todos los imputados que deberían haber estado en la causa?
Hubo al menos, y nosotros lo dijimos en el alegato, 4 armas que se utilizaron ese día. Se identificaron dos tiradores. Cristian Favale y Gabriel Sánchez. Con lo cual, es muy probable que haya habido al menos dos tiradores más. También es probable que hayan existido algunos personajes vinculados al gremio que han participado del hecho y que todavía no se pudieron reconocer. Nosotros hemos pedido que se avance sobre los que se han identificado, para determinar su responsabilidad. Por ejemplo, Alberto Carnevale y Aldo Muchastegui, son dos miembros de la Unión Ferroviaria, delegados sindicales, que entendemos se debe investigar su posible participación en el homicidio.
-¿Existieron vinculaciones entre el gobierno, los intereses económicos empresariales y la burocracia sindical?
Sí. Eso quedó totalmente al descubierto. El negocio de la tercerización se empieza a meter de lleno a partir del 2007, cuando la UGOFE, que es una unión de empresas -la ex TBA, Ferrovías y Metrovías-, empieza a gestionar la Línea Roca. Algunos testigos dijeron “Boom de tercerizadas”. La Secretaría de Transporte hace un acuerdo donde, además de otorgarle la concesión del Roca, pacta un porcentaje mensual de todo aquello que debía facturar. Si facturaba para gestionar el ferrocarril tanta guita, el 6% se lo quedaba en concepto de honorarios por esa gestión que hacía. Por ejemplo, si de 60 millones por contratación de diversas tercerizadas pasaba 90, obviamente ese 6% se incrementaba. Cuanto más tercerizadas hubiera mayor era el monto que debía pagar la Secretaria de Transporte y mayor el porcentaje. Entonces, para muchísimas cuestiones donde el trabajo debía ser propio del ferrocarril se empezó a tercerizar ese servicio, tareas contenidas en el convenio colectivo de trabajo del gremio de la Unión Ferroviaria. Esos trabajadores tercerizados tenían condiciones laborales muy precarias, salarios más bajos, no estaban en planta permanente, algunos no tenían ni ART. Por otra parte, los accionistas principales de las tercerizadas pertenecían al grupo de la UGOFE, es decir había una autocontratación. Todo esto se hacía con la venia o la pasividad de la Secretaría de Transporte y en complicidad con la Unión Ferroviaria, que garantizó que se genere todo este negocio, pero puso una condición: tener una tercerizada.
-La famosa falsa cooperativa…
La falsa cooperativa, que se ocupaba de explotar a los trabajadores y ganar guita proveniente del Estado, algo que también estaba prohibido por la ley de sociedades sindicales. El Estado no puede pasarle a un sindicato plata. La principal tercerizada de la Unión Ferroviaria es la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que era justamente una cooperativa de Pedraza. Se conformó toda esta maniobra para hacer ver que no era el sindicato el que recibía los montos, sino una cooperativa. En el juicio probamos que esto era falso. Era la Unión Ferroviaria la que percibía el dinero de la Secretaría de Transporte. Negocio formidable…
– Patrón y gremialista…
Exactamente, patrón y representante a la vez. Y garantizó este negociado con las empresas. Hay una causa iniciada, se tendrá que investigar este entramado económico y los actos de corrupción. Eso está claro, nosotros lo hemos demostrado en el alegato y quedo a la luz. Este era el negociado que había. Que culminó con el reclamo de los trabajadores tercerizados y la defensa salvaje por parte de la Unión Ferroviaria, el día de los hechos. Todo esto generó el 20 de octubre la muerte de Mariano.