Por Martín Azcurra / Fotos: Laura Salomé Canteros
Cautelares, atrincheramiento, consenso… la última resolución del presidente Mauricio Macri de intervenir a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por decreto, otra vez, pone sobre la mesa ejes que requieren nuevas estrategias.
El avance autoritario sobre los organismos “autárquicos” de regulación de las comunicaciones y la iniciativa de convergencia entre ambos, cada uno con sus respectivas leyes surgidas durante el kirchnerismo, pero que fueron discutidas en el Congreso, revela un modus operandis inédito en la Argentina.
No alcanzan las medidas cautelares, no alcanzan las denuncias, las movilizaciones, ni siquiera la incipiente unidad entre las organizaciones, para torcer en lo más mínimo ninguna decisión. La avalancha de Decretos, la complicidad de jueces, las intervenciones, los allanamientos, la represión y la amenaza de seguir reprimiendo; y lo peor de todo, las conferencias de prensa sin pelos en la lengua, muestran que la derecha supo construir una sólida base de consenso durante los últimos años, a diferencia de la izquierda y el progresismo, que al parecer se muestra ajena a esta disputa.
Hoy, en apenas dos semanas de gobierno, el equipo de funcionarios de Mauricio Macri se dispone a barrer de un plumazo lo que llevó años de debate y consideración, y que se encontraba a mitad de camino de su ejecución, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA – mal llamada, Ley De Medios), como cuerpo de ideas que expresan una advertencia social central: “Los monopolios mediáticos pueden voltear o crear un gobierno”. Detrás de esta Ley, muy atrás, se encuentra la AFSCA (de débil gestión, pero que abrió puertas que estaban cerradas con llave) y la reciente AFTIC, e incluso más atrás la Ley Argentina Digital. Es cierto, al grupo Clarín le interesa mucho esta última ley, porque le permite expandir los negocios más grandes con respecto a la banda ancha y las telecomunicaciones, sin mencionar el inmenso poder que eso contiene. Pero más cierto es que el grupo Clarín lo que más quiere, lo que viene soñando desde hace años, es derribar esa idea central que expresa la LSCA.
La participación política como mala palabra
La estrategia de Oscar Aguad fue apuntar a Martín Sabbattella y su militancia partidaria, deslegitimando el valor democrático-legal del organismo autárquico y de la Ley. La estrategia de los medios fue mostrar el aguante en el AFSCA como una toma, por parte de Nuevo Encuentro y La Cámpora, con Hebe de Bonafini a la cabeza. Sabatella fue expuesto ante la opinión pública como un adolescente caprichoso y rebelde.
Sin embargo, el decreto remueve las facultades de todo el Directorio del organismo y del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), integrado por medios sin fines de lucro, sindicatos de prensa, universidades, medios públicos y privados, y organizaciones de pueblos originarios. Las medidas cautelares, tanto de Sabbattella como de Norberto Berner (AFTIC) y algunos miembros del COFECA, apuntan a denunciar el avasallamiento de los mecanismos democráticos, con tintes de persecución ideológica.
Sin embargo, la única respuesta posible en esta coyuntura, ante una estructura judicial intervenida, es la acción política. Si bien hasta ahora la izquierda tradicional no apareció en el aguante a AFSCA, se pronunció en contra de la intervención. Algunos grupos independientes se acercaron, pero muy tímidamente.
Por otra parte, la reaparición pública de la Coalición por una Comunicación (antes Radiodifusión) Democrática es un buen auspicio, porque apunta a aglutinar a todos los actores de la comunicación pero también a organizaciones sindicales y políticas nacionales conscientes de que la LSCA es una conquista popular, llevando el espacio a una idea multisectorial. Por otra parte, las redes de medios comunitarios también crecieron en este tiempo y se sumaron a la disputa. Ya se habían unido para exigir las licencias adeudadas por el organismo. Y además se replantean algo fundamental: repensar la estrategia comunicativa.
Más allá de la lucha puntual que hoy desvela, los medios comunitarios se preguntan: ¿Cuánto más podremos sostener este “atrincheramiento” democrático? Es hora de tejer estrategias de comunicación para crear un nuevo consenso social, tanto de defensa de la Ley como de reconstrucción de una nueva agenda.
