Por Nadia Fink
Ayer por la tarde, se realizó un debate público en el Obelisco, denominado “Entre el modelo del agronegocio y el de la soberanía alimentaria”.
El Obelisco, centro neurálgico de la política de la Ciudad de Buenos Aires y, en muchos casos, nacional; fue testigo ayer de un escenario diferente: puestos de venta de verdura directa desde los productores, pibes y pibas dibujando, y una carpa que era el centro para debatir sobre la alimentación, los modos de producir y, sobre todo, el futuro.
Organizado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT-FPDS) y con la participación de MP La Dignidad y la CTEP (Confederación de trabajadores de la Economía Popular), el debate contó además con la participación de investigadores y docentes universitarios que trabajan desde hace años en la problemática del patentamiento de semillas, el monocultivo, la fumigación, los agrotóxicos, etc.
Primero, mientras se convocaba desde el micrófono leyendo partes del comunicado: “El modelo productivo basado en este paquete tecnológico, con la desmesurada aplicación de agrotóxicos, está afectando la salud de la población e incluye a todos los que consumimos a diario las ‘mercancías’ que contienen derivados de transgénicos, que se expenden en los supermercados y que se publicitan a diario a través de los medios de difusión: publicidad ‘engañosa’ dirigida especialmente a los niños, comprometiendo su futuro y el de todo el planeta” fue el turno de la fundación Che Pibe. Desde la banda “Che Perrito”, esos pibes y pibas nos cantaban a los adultos, como para que no nos hagamos los desentendidos: “Te lo digo, te lo canto: ¡fuera Monsanto!”.
Monsanto es la empresa, por excelencia, que representa el negocio del agro. Por algo la ley que pretende regular el patentamiento de la semilla –y que, según había anunciado el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el 19 de mayo pasado, sería emitida por decreto– se conoce como la “Ley Monsanto”. Al respecto, uno de los referentes de la UTT, Agustín Suárez, nos detalló: “Además de que varias organizaciones nos pronunciamos contra el decreto y pedimos abrir el debate, la propia empresa estaba en desacuerdo pero porque no le otorgaba el total de lo que reclamaba (además del cobro por la patente de la semilla, la multinacional exige el cobro de un porcentaje de la comercialización del grano)”.
Finalmente, se planteó la elaboración de una ley en lugar de un decreto. Y de ahí surge la posibilidad, o la decisión de las organizaciones de “un debate público: en vez de meterlo en las aulas o en una institución, tenemos la intención de sacarlo a la calle, de que la sociedad intente intervenir en su conjunto. Nosotros, además, proponemos un modelo de Soberanía Popular, donde no cabe la posibilidad de reconocer la legalidad de que un productor sea esclavo de una multinacional”, explica Suárez.
Otra de las reivindicaciones que se ponían sobre la mesa era que, si bien la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar está en plena vigencia, no cuentan con presupuesto por parte del Ministerio de Agricultura para que se lleve adelante. En ese sentido, agregó el referente de la UTT: “Si bien no creemos que sea una ley que solucione todos los problemas, porque en algún punto propone una convivencia entre el modelo del agronegocio y el de la economía familiar, pensamos que es un mínimo avance para el reconocimiento… por eso seguimos dando la pelea, porque si no hay sólo queda en anuncios”.
Las semillas: un camino a la alimentación
En un panel compuesto por diversos actores de la Soberanía Alimentaria, le tocó abrir el panel a Ana Brócoli, Docente de la Cátedra abierta de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Lomas de Zamora. En ese espacio vienen trabajando desde 2008, con la intención de que la universidad se abra “para que haya un diálogo de saberes entre la teoría y la práctica cotidiana de los productores”. El recuento arrancó desde el pasado, desde el momento mismo en el que los seres humanos se pusieron a “domesticar” a las plantas, para que los campesinos generen así la enorme diversidad de plantas y semillas que hay en todo el mundo. Entonces, refirió la docente: “Las semillas eran un camino a la alimentación, hasta que las multinacionales intervinieron”. “La ley de 1973 determinó que la semilla pasara a ser una ‘creación fitogenética’, porque esa semilla del agricultor tiene una intervención de un agrónomo, un técnico, o una empresa. Ese trabajo da la posibilidad de obtener un dinero, y es lo que genera el ‘derecho de obtentor’”, agregó Brócoli, dando cuenta del camino que se recorrió para llegar a este monopolio pretendido por Monsanto.
Otro de los integrantes fue Carlos Vicente, investigador de GRAIN (organización internacional que apoya a campesinos y agricultores) y parte de la revista Biodiversidad y sus palabras fueron en el mismo sentido: “Básicamente el contenido central de esta ley es modificar la Ley del año 1973 para incrementar la posibilidad del control monopólico de las semillas por parte de las corporaciones”, dijo el investigador. Y agregó: “Se incrementa la posibilidad de privatización de las semillas, se limita la posibilidad de guardar semillas para el uso propio para volver a sembrar; algo que es un derecho básico de cualquier agricultor y por eso desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, campesinos, ecologistas, venimos cuestionando el proyecto y frenándolo desde 2012”.
Después fue el turno de productores de la UTT, quienes contaron de su experiencia cotidiana en el trabajo con la tierra. El debate se abrió y comenzaron a surgir puntas para pensar, discutir, reflexionar. Las conclusiones irán llegando a medida que el ejemplo se multiplique. Mientras tanto, resuenan algunas palabras: “De este lado, se propone, se lucha, se defiende y se construye un modelo de Soberanía Alimentaria que produzca alimentos, que enfatice en la soberanía del pueblo sobre su producción, su semilla, su comercialización y su consumo”.