Por Diego Pérez Roig. Información e interrogantes del acuerdo YPF-Chevron. Un cierre de año “exitoso” para el tándem Galuccio-Kicillof. La apuesta por los “no convencionales”: impactos socio-ambientales, especulación económica y desafíos de los sectores subalternos.
El miércoles se anunció la firma de un acuerdo entre YPF y la transnacional de origen estadounidense Chevron para la explotación de petróleo no convencional (shale oil) en la formación Vaca Muerta, provincia de Neuquén. La poca información difundida por la empresa argentina puede resumirse en breves líneas: se establecieron términos y condiciones para iniciar “el primer piloto de desarrollo masivo de petróleo no convencional” en dicha formación, comprendiendo 290 km2 de los bloques Loma La Lata Norte y Loma Campana. En esta etapa inicial de doce meses se realizarán más de 100 pozos con un adelanto de capital de US$ 1.000 millones; se prevé que el desarrollo completo del área, contemplado en el plan quinquenal 2013-2017, demandará una inversión superior a los US$ 15.000 millones. En lo concreto, YPF pondrá a disposición la concesión sobre el área, se compartirán los costos de exploración y explotación, y Chevron hará un aporte fundamental en lo que refiere a know how y tecnología. Asimismo, “el acuerdo firmado incluye el propósito de realizar un trabajo conjunto para explorar y detectar junto a YPF nuevos desarrollos de no convencional en un área de 600 km2 a definir con el objetivo de la Formación Vaca Muerta”.
Poco y nada se dijo sobre dos cuestiones fundamentales que deberán resolverse en los próximos cuatro meses. Si bien la intención inicial es que las inversiones y los resultados se repartan en forma igualitaria, deberá llegarse a un entendimiento respecto del destino de lo extraído y de la renta que se obtendrá de su industrialización y comercialización. En esta pulseada se pondrán en juego aspectos centrales de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada y reglamentada este año, y del viejo “modelo Repsol”: autoabastecimiento del mercado interno versus exportación de commodities; reinversión en exploración y desarrollo versus reparto de dividendos entre accionistas y giro de beneficios al exterior.
Tampoco está claro cómo repercutirá el embargo que pesa sobre los activos de la petrolera norteamericana en el país, a instancias de un fallo de la justicia ecuatoriana que la obliga a indemnizar con más de US$ 19.000 millones a 30 mil indígenas y campesinos que forman la Asamblea de Afectados por Texaco (compañía adquirida por Chevron en 2000). Una intervención argentina en favor de la transnacional pasaría de lo meramente leguleyo, pudiendo generar un cortocircuito en la relación con Ecuador, aliado regional cuyo presidente calificó a Chevron, hace pocos días, como “una enemiga abierta” de su país.
Para el Gobierno Nacional, este acuerdo redondeará unos primeros siete meses de gestión “exitosa”, tanto en lo que refiere a YPF, como al sector hidrocarburífero en general. La compañía que dirige Miguel Galuccio termina 2012 con una “caja” de US$ 1.000 millones; acciones en alza y rumores de expansión sobre activos de Petrobras; nuevos socios en puerta (suenan Bridas, Corporación América y Statoil) que alejan la amenaza de “aislamiento” agitada por Repsol; mejoras en los niveles de extracción, refinación y comercialización de petróleo y gas; y un importante voto de confianza del público en general, como atestigua la buena aceptación del bono emitido entre inversores minoristas.
Por otro lado, las posibilidades de negocios abiertas por la nueva gestión estatal y, sobre todo, el aumento del gas en boca de pozo -que llevó el millón de BTU de US$ 2,5-5 a 7,5 para todo el fluido nuevo-, permitieron limar las asperezas generadas con empresarios y gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos, por la parcial expropiación de YPF y las nuevas pautas que rigen el sector. No es casual que, luego de seis años de ausencia, el último 13 de diciembre el Gobierno volviera a participar del Día del Petróleo, celebración que conmemora el descubrimiento de crudo en Comodoro Rivadavia en 1907. La satisfacción con la que los asistentes recibieron la intervención de Axel Kicillof -el otro hombre fuerte del oficialismo-, parece presagiar una etapa de “normalización” en las relaciones con el capital privado.
Los hidrocarburos no convencionales son la piedra angular del plan quinquenal 2013-2017 de YPF, y del nuevo esquema de negocios del sector energético, por lo que será difícil que tengan cabida en la agenda pública las múltiples críticas y denuncias que pesan sobre su explotación en todo el mundo.
En Estados Unidos, el desarrollo y la implementación masiva de la técnica de fractura hidráulica (fracking), pudo lograrse gracias al fuerte lobby corporativo cristalizado en lo que se conoce como la “enmienda Halliburton”: laguna jurídica generada en la ley de energía norteamericana de 2005, que, bajo el subterfugio del “secreto comercial”, exime a las compañías de la obligación de revelar los tipos de fluidos químicos y las cantidades utilizadas en la estimulación de estos yacimientos. La multiplicación de impactos sobre el ambiente y la salud en el país del norte, generó un estado de alerta y movilización popular que obligó a los gobiernos de Francia y Bulgaria a prohibir el fracking, y a los de Canadá, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, entre otros, a impugnarlo en sucesivas moratorias.
Tampoco deben perderse de vista las denuncias que apuntan a la existencia de operaciones financieras fraudulentas sustentadas en una sobreestimación de los volúmenes existentes de recurso y su potencial extracción. Dado que el principal activo de una compañía petrolera son sus reservas, cualquier “descubrimiento” se convierte en una auspiciosa oportunidad de especulación bursátil, y de presión sobre poderes y agencias estatales para la obtención de subsidios y mejores precios de explotación. Desde que la administración de Barack Obama publicó en 2011 el informe Proyecto para un futuro energético seguro –que tiene como principal objetivo un aumento en la producción global de gas natural, particularmente de shale-, se multiplicaron los anuncios espectaculares de consultoras y agencias internacionales consignando “nuevos hallazgos” en todo el planeta (muchos de los cuales fueron inmediatamente cuestionados y desmentidos).
Si bien la fascinación prometeica por la técnica, y sus consecuencias socio-ambientales, la emparentan con la minería a cielo abierto, la explotación de no convencionales en Argentina se desarrollará en un escenario mucho más complejo. La gravitación del petróleo y el gas en nuestra matriz energética, y la estrepitosa caída en los niveles de reservas y extracción locales, han derivado en una (cada vez más) abultada cuenta por importación de combustibles, en un momento de escasez de divisas. Si cada dólar ahorrado gracias a la extracción de shale oil y shale gas fuera presentado como una oportunidad de inversión en salud, educación, infraestructura y desarrollo, el interrogante (político) que se abriría inmediatamente sería: ¿cómo oponerse?
En el estado actual de correlación de fuerzas, muchas respuestas difícilmente escapen a simples consideraciones generales sobre el asunto, por lo que deberán adquirir, perentoriamente, contornos más definidos en el debate, la investigación y la elaboración colectiva. En este sentido, nuestra principal seguridad hasta el momento es que las tareas que se avecinan -deconstrucción de falsos “dilemas”; diseño de alternativas viables de política pública; planeamiento estratégico de transición a largo plazo; generación de un sentido común que cuestione la matriz actual de producción, circulación y consumo de mercancías; desmercantilización de la energía y su postulación como derecho básico; planteamiento y resolución de problemas macropolíticos- trascienden largamente el mero consignismo ecologista. Inevitablemente, la construcción de una hegemonía alternativa en torno a esta problemática demandará a los sectores subalternos un importante salto cualitativo en lo orgánico y lo programático.