Los conflictos gremiales en la Provincia de Buenos Aires parecen tener una relación directa con la situación presupuestaria y las decisiones del gobierno de Scioli al respecto. Marcha dialogó con Ariel Olivera, delegado del Ministerio de Educación donde se logró frenar el recorte en 2012.
La situación presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires se ha convertido en los últimos meses en tema de discusión nacional. Con la llegada de las paritarias estatales y docentes, el tema se ha volcado también en el ámbito de las negociaciones políticas entre el sciolismo y el kirchnerismo a nivel nacional, con acusaciones cruzadas permanentes. Más allá de la discusión salarial puntual, el panorama económico de la provincia ya ha llevado al gobierno bonaerense a actuar sobre la administración pública. En la mayoría de los casos se trató de verdaderos ajustes que provocaron la reacción de los trabajadores estatales. Hacia fines de 2012, la ministra de Educación bonaerense Nora de Lucía intentó hacer pasar como una redistribución de horas extras y viáticos que los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación percibían desde hacía 10 años como compensación salarial en negro. El recorte a los sueldos de los más de 5000 trabajadores de la DGCyE generó un conflicto que llevó a la toma de la sede central de la Dirección y luego de 11 días los trabajadores lograron frenar el tijeretazo. “Las autoridades firmaron un acta que significó para nosotros una victoria total sobre el pliego de reivindicaciones de los trabajadores”, explicó a Marcha Ariel Olivera, delegado de la Junta Interna de ATE Educación Sede. “Entre otros puntos, el acta retrotraía el recorte, disponía la continuidad de los 140 compañeros despedidos como parte del paquete de ajuste y se comprometía a establecer una mesa de dialogo tendiente a blanquear las sumas que cobramos en negro como compensación salarial. Luego de la firma del acta, los trabajadores impulsamos por todas las vías su cumplimiento y los funcionarios trataron de desconocerla. El blanqueo salarial fue pospuesto por las autoridades en todas las reuniones durante la segunda mitad del año pasado, incumpliendo de hecho lo que ellos mismos habían firmado. Sus argumentos eran que no podían discutir cuestiones salariales hasta tanto no se abra la paritaria de 2013. Y obviamente este año, no tienen intención alguna de cumplir su promesa y tratar el tema del blanqueo salarial”.
Tras ese conflicto, los trabajadores desbordaron las conducciones sindicales -prueba de ello es la desafiliación masiva de UPCN durante y después de la toma- y protagonizaron fuertes protestas ante el inicio de causas judiciales contra sus delegados. Pero al llegar las paritarias 2013, las autoridades, según denuncia Olivera, desoyeron los reclamos de los trabajadores. “Este es un intento en conjunto del Gobierno nacional y provincial de descargar la crisis fiscal del Estado provincial sobre las espaldas de los trabajadores. Mas allá de la interna del partido gobernante en provincia y nación en la carrera por la sucesión, el problema fiscal es mucho más profundo y se debe al déficit estructural de la provincia. Esa situación de fondo va más allá de la actual disputa Scioli- Cristina y durante los años de gobierno de ambos no se hizo nada para superarlo. Por el contrario esta situación es saldada con creciente precarización laboral, reducción de los salarios reales y una política de ajuste permanente en salud, educación y programas sociales”.
Y es así cómo, según Olivera, se llega a la situación actual. Scioli advirtió en los últimos días que para pagar los aumentos salariales necesita unos 12.000 millones de pesos que no tiene. “En ese marco, el gobierno provincial citó a los gremios en enero para adelantar la discusión salarial y descomprimir la creciente conflictividad. Pero en vez de discutir seriamente la situación de precariedad laboral y salarios míseros de los empleados provinciales, se excusó en el déficit fiscal que el mismo sciolismo votó a fines del año pasado y en la necesidad de financiamiento externo de las arcas provinciales. Si el gobierno provincial nos convida a mirar sus cuentas no podemos más que proponerle que modifique el esquema tributario actual, con una reforma tributaria más progresiva. De lo contrario la que soporte la carga del ajuste será la clase trabajadora, con más precarización, peores salarios, menos salud, menos educación, menos planes sociales en áreas ya ajustadas como niñez y adolescencia, etc…”
De cara al conflicto instalado en la provincia, Olivera subraya su estricta relación con las condiciones laborales de docentes y estatales y con la “política de recorte” empezada por Scioli ya el año pasado, cuyo banco de prueba habría sido justamente el Ministerio de educación. “Responzabilizamos a Scioli como nuestro empleador directo por las pésimas condiciones laborales, la precariedad laboral y los bajos salarios. Y a Cristina Fernández por mantener el impuesto sobre el salario y la restricción en el cobro de las asignaciones familiares. Y denunciamos al gobierno provincial por no tener ninguna intención de discutir seriamente estos temas, ya que en la negociación paritaria no se hizo ninguna oferta salarial seria. Se mencionó que la provincia solo estaría en condiciones de pagar un aumento del 5% si no recibe ayuda de Nación y al mismo tiempo que se pidió a los gremios una tregua hasta el 15 de marzo. Pero además tampoco se habló de condiciones laborales, ni pase a planta de los precarizados, ni blanqueo de las sumas en negro. Este tema no es un tema menor para la sociedad en su conjunto ya que desde hace tiempo los trabajadores vienen denunciando esas malas condiciones laborales, que en concreto implican falta de insumos en hospitales, pésimas condiciones edilicias de escuelas y hospitales, falta de cobertura de cargos en distintas reparticiones, etc. En definitiva, eso también significa peores condiciones de vida para la totalidad de las clases mas bajas. Reducir las negociaciones paritarias a una discusión salarial es una falta de respeto para todos los trabajadores que son los que en definitiva le ponen el lomo a la educación, la salud, la justicia, los programas sociales, siempre a pulmón, con sueldos bajos y trabajos precarizados”.