Durante la última semana el Poder Judicial presentó una muestra, para nada gratuita, de cómo será su accionar durante el gobierno de Javier Milei.
Por Mauricio Polchi | Foto: Real Noticias
El último miércoles 29 de noviembre, luego de tres meses de juicio oral y público, cinco agentes del grupo especial Albatros de Prefectura Nacional fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de General Roca como responsables del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, perpetrado el 25 de noviembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri y bajo el Ministerio de Seguridad que en ese entonces dirigía Patricia Bullrich.
Solo uno de los prefectos, Sergio Guillermo Cavia (32 años), recibió la pena de cinco años de prisión al ser considerado autor del “homicidio agravado” en un caso “exceso en legítima defensa”. Los otros cuatro acusados -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa-, también miembros del Grupo Albatros, tuvieron condenas de cuatro años y medio por haber sido considerados partícipes necesarios del delito. La inhabilitación para ejercer cargos públicos fue de 8 años para Cavia y de 7 para el resto.
“No estamos conformes con el fallo pero valoramos que hubo una condena”, expresó ante la prensa el abogado Mariano Przybylski, querellante de la Secretaría de Derechos Humanos. “El tribunal consideró que los cinco cometieron delito, y hay que recordar que la autoridad política de ese momento había reivindicado su accionar, esa misma persona será la funcionaria del área a partir del 10 de diciembre, de modo que hacían una defensa de cinco delincuentes”, agregó Przybylski, en evidente referencia a Patricia Bullrich, ya que todo indica que ocupará un cargo, aún a confirmar si será la cartera de Seguridad, en el Gabinete del ultraderechista Javier Milei.
A pocos días de la asunción del nuevo presidente argentino, este fallo puede servir como preludio de los tiempos violentos que se avecinan en Argentina. Por un lado por el brutal ajuste en marcha de Javier Milei, que generará un escenario de conflictividad social, y también por el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, según anticiparon desde La Libertad Avanza durante la campaña electoral.
Los hechos en el pasado
Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un operativo represivo desatado por Gendarmería Nacional con el argumento de liberar un corte de ruta en la Patagonia Argentina. El hecho ocurrió el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, situado en la provincia de Chubut.
El cuerpo sin vida de Maldonado fue hallado en un rastrillaje efectuado en el río Chubut, dentro del Pu Lof, cuando habían transcurrido 77 días sin noticias de su paradero. En una ceremonia emotiva, sus restos fueron inhumados el 25 de noviembre de ese mismo año en un encuentro íntimo realizado en el Cementerio Parque Paraíso, en 25 de Mayo, su ciudad natal.
Ese mismo día, el 25 de noviembre de 2017, mientras en Buenos Aires despedían a Santiago Maldonado, en Bariloche mataban a Rafael Nahuel en el marco de un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El joven mapuche fue asesinado de un disparo por la espalda de arma de fuego. Ambos crímenes, fueron avalados y respaldados por Bullrich, quien defendió el accionar de los agentes en territorio patagónico.
En aquella jornada del 25 de noviembre de 2017, las primeras informaciones que se daban a conocer eran confusas y aparecían en los principales portales de noticias. Clarín y La Nación, casi en simultáneo y con la misma pluma titularon: “Un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con la Prefectura en Villa Mascardi” y “Un mapuche murió de un tiro en Villa Mascardi durante un enfrentamiento con Prefectura”.
“Esta situación ocurrió en el marco de una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, argumentó Patricia Bullrich, el 27 de noviembre, en su condición de Ministra de Seguridad de Mauricio Macri.
Esa teoría, que Bullrich plantó ante los medios en una conferencia de prensa realizada junto al ex ministro de Justicia Germán Garavano, fue un guiño hacia los magistrados que avanzaron sobre la hipótesis del enfrentamiento armado para alivianar las penas bajo la figura de “la legítima defensa”.
El Ministerio Público Fiscal avaló esa versión y dio por acreditado que aquel mediodía hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre los prefectos y algunos manifestantes, y que los agentes federales sobrepasaron los límites que impone el protocolo de acción.
“El fallo no es lo que pedimos en nuestro alegato, lo que consideramos que se acreditó durante el debate oral: acá hubo un homicidio calificado, una persecución donde se dispararon 150 municiones de plomo, no hubo exceso de ningún tipo y ese no fue el resultado que entendió el tribunal oral, por eso no estamos de acuerdo”, agregó luego el abogado Przybylski.
Los hechos en el futuro
Luego del denominado “Pacto de Acassuso”, sellado entre Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich, la socia fundadora de esta alianza ya se prepara para ocupar un lugar en el gabinete del gobierno libertario y no se descarta su retorno a la cartera de Seguridad.
Sin embargo, mientras Bullrich toma carrera para pasar de la ‘Doctrina Chocobar a la Masserista’, esta última vinculada a la reivindicación que el presidente electo Javier Milei hace de la última Dictadura Militar. Esa doctrina, que se limita a reducir a “excesos” los crímenes de lesa humanidad ejecutados durante el Terrorismo de Estado, es la bajada línea que sale desde el poder central.
Por si fuera poco, los tribunales Federales de Comodoro Py – que se mueven al ritmo del nuevo clima político – ya dieron señales positivas para el libertario con las recientes resoluciones que favorecieron a Mauricio Macri en la causa ARA San Juan y perjudicaron a Cristina Fernández en la llamada “Ruta del Dinero K”. Como si fuera un un revival del periodo 2015-2019, todo indica que otra vez la sociedad argentina será víctima de medidas económicas y un plan represivo que tendrá un aval institucional gracias al nado sincronizado del Partido Judicial y la Quinta de Olivos.