La difusión de un video sexual sin consentimiento en las redes sociales, expuso la estrategia de la derecha antidemocrática en Bolivia, revictimizando a una mujer del pueblo y ejerciendo violencia política contra una representante. Los machos organizados para la violencia patriarcal y racista 2.0.
Por Laura Salomé Canteros | Iliustración: Voces Feministas Mx
Era jueves al mediodía y desde una página de Facebook llamada “Ojitos Preciosos 2.0”, atribuida a operadores de la derecha antidemocrática de Bolivia, se publicaba: “A más de 3 mil personas pasé el video de Eva Copa”, y se difundía el link a un grupo de Telegram que superaba lxs 5 mil integrantes, definido por sus administradores como la “página donde está la zorra de los masistas, Eva Copa”. Un antro digital donde se alojó un video sexual que violentó a al menos dos mujeres: una, anónima, avasallando su derecho a la intimidad; y otra, pública, ejerciendo violencia política.
“Con un video falso pretendieron manchar mi honor y dignidad personal”… “Exigo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con él o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales”… “Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”. De esta forma, Eva Copa (MAS), presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el órgano de mayor importancia según la Constitución Política del Estado, trabajadora social, oriunda de El Alto y de 33 años, denunciaba la operación política.
En las redes de Eva Copa se entrelazan los relatos de una época de terror para el país hermano que comenzó con el Golpe de Estado en noviembre del año pasado: efemérides, despedidas a asambleístas y compañerxs que fallecieron por COVID-19, solidaridad con las y los apresados ilegalmente, acción en la Asamblea y violencia política hacia mujeres que representan al pueblo.
Según la Ley Modelo Interamericana, la violencia política es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.
Específicamente, para la normativa boliviana, el repudio a la violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, está incluido dentro de la Ley 348, de protección integral de sus derechos.
Por eso, la publicación y difusión, sin consentimiento, de un video grabado en la intimidad de una pareja sexo- afectiva y su utilización para la extorsión de una política que es atacada a diario por la derecha fundamentalista que gobierna -y los medios a su servicio-, nos recuerdan que en Bolivia está vigente el machismo y se practica el colonialismo y la suspensión de derechos fundamentales.
Era viernes a la noche, cuando desde la página de Facebook del programa de TV “Detrás de la verdad”, se difundía otro video. Esta vez, una entrevista con la otra protagonista involuntaria de esta historia. Una mujer humilde que afirmaba “ser la del video”, vulnerada por su ex pareja y revictimizada simbólica y mediáticamente por el presentador con preguntas que nada aportaban. La subjetividad de una joven expuesta para la “polémica” y la burla patriarcal en lxs más de 2 mil usuarixs que comentaron la entrevista y lxs más de 3 mil que la compartieron en sus perfiles.
“Están arruinando mi vida entera, tengo mucho miedo”, afirmó la joven, “el video es de hace cuatro años, una relación se respeta aunque se termine. No tienen derecho, porqué discriminar a una mujer”… “Saquen los videos, que no se compartan más”, pidió bajo lágrimas que denotaban la verguenza ante la impunidad de los machos organizados para el espectáculo de la TV, las redes sociales, el desgobierno y la extorsión política. Con imágenes que revictimizaron a una mujer del pueblo y que pretendieron disciplinar políticamente a la presidenta de la Asamblea Legislativa.
La difusión de este video sexual sin consentimiento de su protagonista y su utilización contra la presidenta del Senado, fue condenada por la Defensoría del Pueblo por ser acciones que “afectan la dignidad de cualquier mujer y evidencian la reproducción de un sistema patriarcal en que impera toda forma de violencia, incluyendo la mediática y la política”; exhortando al Ministerio Público, “a iniciar acciones de investigación correspondientes, promoviendo la garantía de los derechos”. Una advertencia no menor, ya que la vigilancia en redes sociales por parte del Estado -un atentado contra la libertad de expresión-, opera como una herramienta para la autocensura, el disciplinamiento y la persecución política en la Bolivia post Golpe de Estado.
Prevenir, atender y erradicar la violencia en política es fundamental, ya que es un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres e identidades feminizadas -porque dificulta el acceso, la permanencia, ascenso y efectivo ejercicio de puestos de representación y toma de decisión-; y es un mecanismo que refuerza roles tradicionales de género, atentando además contra la pluralidad de voces, la diversidad de propuestas y la calidad de las democracias.
Quien fuera revictimizada y expuesta por un programa de TV en esta historia, recibió además el hostigamiento de comentarios de violencia machista en las redes sociales, emitidos por usuarixs, como manifestaciones de los dispositivos de poder vinculados al género, que regulan y producen la subordinación a mujeres y disidencias, a favor de la normatividad heterosexista y cisgénero.
La violencia política se envidencia en comportamientos dirigidos con el propósito de desalentar la participación de las mujeres en la política, presionando para que renuncien a sus candidaturas o a un cargo político en particular. Dentro de una campaña, esto incluye acciones contra candidatas, activistas y votantes de un determinado partido o frente electoral. Eva Copa es, actualmente, una de las principales opositoras al gobierno de facto en Bolivia y representa al pueblo como autoridad, formando parte de un espacio político de mayorías indígena y campesina, obrera y comerciante. No casualmente los sectores que se enfrentarán desde hoy, mediante huelgas y bloqueos en las calles, a quienes pretenden gobernar por la fuerza, sin legitimidad ni elecciones.
