Argentina acordó ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, el pago de 500 millones de dólares a empresas frente contra las cuales tenía sentencias negativas. Mientras esto ocurría, Lorenzino obtenía un crédito de 3000 millones de dólares del Banco Mundial. La restricción del sector externo y los problemas de inversión.
Argentina acordó finalmente con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, el pago en bonos denominados en dólares a 5 empresas ante las cuales tenía sentencias judiciales firmes. El pago asciende a la suma de 465 millones de dólares y fue negociada una quita del 25%. Por otro lado el acuerdo con estas empresas también establece que invertirán el 10% de lo que recibirán en bonos energéticos.
El acuerdo se consiguió luego de las negociaciones llevadas adelante por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y sobre un monto total de 677 millones de dólares contempla una quita del 15% sobre el capital y 45% sobre los intereses. Para el pago del capital se acordó la utilización de los bonos Boden 2015, mientras que para los intereses serán los Bonar X, por otro lado las empresas renuncian a cualquier reclamo o denuncia futura. El “Acuerdo Transaccional” fue suscripto por el titular del palacio de Hacienda y las empresas Zurix, Blue Ridge Investments, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company.
El litigio judicial que las empresas habían llevado adelante contra el Estado argentino era por supuestos incumplimientos de contratos. La mayoría datan de los tiempos de la crisis económica de 2001-2002, aunque también hay uno, como el de la compañía francesa Vivendi, del año 1996.
Los casos habían sido presentados ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial encargado de litigar entre gobiernos y empresas. Sin embargo Argentina se había negado a reconocer las sentencias del tribunal, ya que entendía que someterse al mismo implicaba pérdida de soberanía y le había exigido a las empresas que litigaran en tribunales argentinos.
El CIADI enfrenta denuncias de varios países que lo acusan de ser poco imparcial en sus fallos, ya que los mismos terminan beneficiando a las empresas litigantes antes que a los Estados. Esto ha llevado incluso a que países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, se hayan retirado dicho organismo, en medio de fuertes denuncias.
Pese a las críticas realizadas durante todos estos años al tribunal del Banco Mundial, Argentina decidió cambiar de estrategia y terminó finalmente acordando con las empresas que habían iniciado juicios. Los efectos de este cambio se hicieron sentir inmediatamente al darse a conocer los acuerdos contraídos con el Banco Mundial, para un préstamo entre 2014 y 2016, de 3000 millones de dólares.
El dinero recibido, sostienen desde el Ministerio de Economía, será utilizado para obras de infraestructura. “La Argentina insiste en orientar el financiamiento a la infraestructura social y el desarrollo. Este acuerdo estratégico con el Banco Mundial refuerza el compromiso con los sectores y regiones más vulnerables de nuestro país”, sostuvo el titular de la cartera de Economía, Hernán Lorenzino.
Sector externo e inversión
El crédito que se acordó con el Banco Mundial, junto al arreglo con las empresas del CIADI, se suman a una serie de decisiones en materia económica que el gobierno viene tomando de un tiempo a esta parte por los problemas generados en el frente externo y la falta de inversión.
En este sentido aparecen la reapertura del canje de deuda y la búsqueda de una compensación a Repsol por la nacionalización de YPF del año anterior. Todas medidas destinadas a conformar a los mercados y permitir la entrada de divisas.
La restricción externa, marcada por la caída en el nivel de reservas que en el primer semestre fue de 5294 millones y que hoy se ubican en 34 mil millones, se complica aun mas frente a lo que ofrece el año por venir. En 2014 Argentina deberá enfrentar nuevos pagos de deuda externa y tampoco parece que se vaya a revertir el déficit energético o la fuga de capitales.
Junto a estos problemas aparece la falta de inversión que el modelo del “dólar alto” de la etapa 2002-2010 no logró resolver. Tanto en lo que refiere a la composición de la inversión, como a la falta de un crecimiento sólido y con creación de valor agregado. Esto se observa si miramos, por ejemplo, los niveles de inversión en términos brutos para el primer semestre de 2013. Los mismos fueron apenas superiores a los del periodo 1993-1999. La inversión en maquinaria y equipo que representaron el 20% del PBI, es decir 2 puntos por encima del periodo anterior remarcado; y la inversión en maquinaria y equipos que significó el 6% del PBI, algo más de 5,1 del periodo 1993-1999. Estos eran números similares para los años 2010 y 2011. Por otro lado el peso de la industria en la economía había representado para el año 2010 el 16% del PBI, mientras que en 1998 fue del 17,2%.
Estos problemas de inversión buscan ahora resolverse bajo diferentes políticas como el blanqueo, prorrogado por 3 meses más, y los acuerdos con grupos económicos para la compra del bono energético BAADE, mientras se intenta frenar la restricción del sector externo en vías de ganar un poco de oxigeno para el año venidero.