Por Guido Turdera. Primera parte de la entrevista a Eduardo Jozami, Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. La megacausa ESMA, el papel de los organismos de derechos humanos, la intervención del Conti en los juicios. Balance de la política de DD HH del gobierno.
Hace dos semanas se dio inicio al tercer tramo de la denominada Megacausa ESMA. El juicio es histórico en el mundo, superando a los de Núremberg en cantidad de acusados: 68 represores sentados en el banquillo. Además, son 789 las víctimas y 830 los testigos que dan forma al juicio.
No sólo involucra a conocidos represores de la ultima dictadura como al “tigre” Acosta o al mismo Alfredo Astiz sino que, por primera vez, se juzgan a tripulantes y aviadores de los vuelos de la muerte –que consistían en “alfombrar de muertos el Río dela Plata”, como decía Walsh-, entre los que se destacan Julio Poch y Emir Sasul Hess.
Entre las víctimas, resuena una larga lista de nombres. Allí se encuentran las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet dela Iglesia SantaCruz y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Careaga y Mary Ponce de Bianco.
En el contexto de este proceso judicial de suma importancia, Marcha entrevistó a Eduardo Jozami, quien permaneció detenido durante toda la dictadura. Escritor, militante y periodista, hoy nos recibe como Director Nacional del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la ex-ESMA. Allí mantuvimos una larga conversación donde no sólo ahondó en los temas del pasado y en cómo se resignifican en el presente, sino que se abordaron problemáticas en torno a la política de derechos humanos del gobierno nacional en la actualidad, dando cuenta de sus avances y faltas.
– ¿Cómo entiende el proceso que se fue dando hasta llegar a la megacausa ESMA?
– Respecto a la megacausa ESMA y, en general, a la continuidad de los juicios, lo que hay que señalar es que la política de los organismos de DDHH y su actividad incesante ha sido decisiva. Hubo no sólo por parte del gobierno nacional una decisión inicial, podríamos decir políticamente decisiva, que fue impulsar la derogación de las leyes y promover los juicios, sino que incluso existieron en distintas oportunidades medidas políticas tendientes a hacer posible que los juicios continuaran con más severidad.
Recordemos que fue precisamente acá, en la ESMA, que la Presidenta de la Nación hizo un discurso cuestionando a la Cámara de Casación que había decretado la excarcelación de Astiz, el “tigre” Acosta y varios más que no recuperaron su libertad porque estaban procesados en otras causas. De cualquier manera fue una decisión política muy complicada y peligrosa. También hubo decisión para remover a los miembros dela Cámara de Casación que estaban frenando el avance de los juicios.
Entonces, me parece que lo interesante es que llegar a esta megacausa, insisto, no es simplemente una decisión simbólica que posibilita los juicios y que cada uno se arregle en cada tribunal a ver cómo le va, sino que hubo una práctica constante para tratar de remover las dificultades, avanzar en los juicios, como la creación de la unidad especial de seguimiento. Aparte ha habido un trabajo de los fiscales y abogados de las querellas, dela Secretaría de DDHH. Es una de las políticas del gobierno más sólidas y relevantes a la hora de caracterizarlo porque, me parece, estas políticas de memoria, verdad y justicia son muy representativas.
– En este contexto de la megacausa, ¿cuál es el papel que cumplen los organismos de DDHH a la par del accionar del gobierno?
– Los organismos están atentos a lo que ocurren, acompañando. Se pronuncian cuando hay cosas que pueden de alguna manera interferir o comprometer el desarrollo de la causa o cuando hay sentencias muy inferiores a lo que se esperaba. Me parece que es más una línea de acompañamiento y de control. Hay un grupo de gente que en muchos casos pertenecen a los organismos pero que actúan más específicamente como fiscales, como querellantes, o como los sobrevivientes, que juegan un rol fundamental en esta historia ya que son básicamente los testimonios en las tres etapas del juicio.
– ¿Qué tiene de distintivo este juicio de la megacausa ESMA con respecto a otros juicios que se hayan realizado anteriormente?
– Me parece que es de una envergadura mayor que los anteriores en términos de casos analizados y de represores imputados, que son 68. También es un avance en algunos aspectos que no se habían tratado todavía: por un lado, hay un civil, que eso no es novedoso porque Martínez de Hoz está preso y Blaquier también. Pero sigue siendo un avance importante el hecho de que se juzgue a Juan Alemann, que fue ex Secretario de Hacienda de la dictadura, que estuvo en la ESMA y que participó de interrogatorios a detenidos.
Por otro lado, también es muy interesante que se juzgue a los responsables de los “vuelos de la muerte” que hasta ahora no habían sido juzgados. No sólo los pilotos sino también los que participaron en el vuelo, entendiendo que nadie podía participar en esos vuelos como un pasajero más, ¿no? Cumplían una función macabra que tenían que realizar.
– En tanto director nacional del C.C.M. Haroldo Conti, ¿de qué manera interviene el Centro en los juicios?
– En principio nosotros acompañamos todas estas actividades. Además de haber estado presente varios de nosotros en las audiencias, hay un grupo de gente del predio que las va a cubrir todas, como también gente del Conti está participando allí.
Tenemos un plan un poco más ambicioso que tiene que ver con la actividad específica y artística del Conti que es hacer alguna actividad en relación a los juicios: una recreación de los juicios donde seguramente el dela ESMAva a ser uno de ellos. Eso está por hacerse, es un proyecto. Después, periódicamente nosotros hacemos actividades sobre los juicios, como balances o recolecciones sobre ellos, pero en particular respecto la tercera etapa de la causa ESMA estamos participando en la recolección de la información a través de las diversas audiencias.
– ¿Eso lo hacen en articulación con la Secretaría de DDHH?
– Sí, por un lado lo hacemos nosotros, pero en realidad el equipo que está yendo a las audiencias es gente de distintos organismos dela Secretaría.
– La política de derechos humanos fue una bandera que el kirchnerismo enarboló desde su comienzo. Hoy en día, habiendo pasado varios años, ¿qué balance hace de esta política?
– En principio, creo que es uno de los aspectos en que se avanzó con más consecuencia. Hay resultados muy tangibles en cuanto a la cantidad de represores que han sido procesados, la política en relación a los espacios de memoria en todo el país,la Red Federal de Sitios de Memoria que une a los centros clandestinos. Algunos tienen tareas más importantes, otros son incipientes pero en todos lados se han llevado adelante las señalizaciones de esos lugares y la recuperación de muchos de los espacios. Me parece también un impulso a las políticas de memoria, en el sentido de un gobierno que se siente identificado con la lucha de los años 70’ y con la historia que podríamos llamar de las luchas populares en Argentina.
Después hay otro capítulo que tiene que ver con una política de DDHH que no mire solamente al pasado sino que mire al presente. En ese sentido, el juicio tiene que ser más matizado porque sería ridículo pensar que no existen las injusticias sociales y los problemas a corregir.
Creo que en la Argentina desde el 2003 hay un proceso de expansión de derechos, como la Asignación Universal por Hijo o el Matrimonio Igualitario. En un primer momento, cuando recién asumió el primer gobierno kirchnerista, la oposición que cuestionaba al gobierno decía “bueno, se fijan en los derechos humanos del pasado pero no en los del presente”. Y la verdad que es difícil contestar ese cuestionamiento porque las consecuencias que habían tenido todas las políticas del neoliberalismo, la crisis del 2001, no se iban a corregir en un año o en dos: seguía siendo cierto que mas allá de ese pasado que nosotros estábamos tratando de enjuiciar había realidades en el país que demandaban una atención importante. Me parece que se avanzó mucho en ese camino. Hoy uno puede hablar de un proceso general de expansión de derechos, lo cual no quiere decir que no haya muchos aspectos en donde sea necesario profundizar la política en situaciones que todavía están reclamando un avance más significativo.