En el medio de una profunda crisis política, económica y social, el gobierno español decidió emprender una batalla diplomática en contra del colonialismo británico en Gibraltar, lo que podría incluir una alianza con la Argentina por el reclamo sobre Malvinas.
El gobierno de Mariano Rajoy se encuentra “estudiando acciones” para resolver el conflicto diplomático que hace unas semanas lo ve enfrentado con su socio de la Unión Europea y la Organización del Atlántico Norte, el Reino Unido. Los cruces comenzaron a partir de la decisión británica de tirar 5 bloques de hormigón con puntas de acero en el mar para construir un arrecife artificial en el Mediterráneo. Esta iniciativa, además de perjudicar a los pescadores artesanales españoles, que se verán prácticamente impedidos de realizar la pesca de arrastre en la bahía de Algeciras, supone inclusive la intención por parte del gobierno de Londres de agrandar explícitamente su influencia sobre aguas que España reclama como propias.
El Peñón de Gibraltar, en la punta más austral de la Península Ibérica, ha pasado a manos británicas tras la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que reconocía la propiedad de la corona británica del Peñón ocupado militarmente en 1704 a cambio del reconocimiento por parte de Londres del reinado de Felipe V, ganador de la guerra de sucesión española. Desde entonces, el litigio territorial ha tenido varios capítulos, el último de los cuales se conoció hace pocos días. El tratado no incluye la soberanía del territorio de Gibraltar ni de las aguas adyacentes a favor de Gran Bretaña, sino su propiedad. Éste figura como territorio de ultramar británico, y por lo tanto es su gobierno el que gestiona su comercio exterior, relaciones diplomáticas y defensa.
Sin embargo, la potencia colonial logró apoderarse del istmo que une el Peñón a la península, donde construyó el aeropuerto de Gibraltar y una base aérea militar. A partir de allí, las negociaciones llegaron a un punto muerto, y en 2009 hasta parecía haberse logrado cierta distensión entre ambos países con la visita del entonces Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos.
“Se acabó el recreo en Gibraltar”, sentenció hace una semana José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, al enterarse que además de la reestructuración de la geografía de la península, Londres enviaría nueve buques de guerra -encabezados por la fragata HMS Westminster- para “ejercicios militares rutinarios”. La respuesta no se hizo esperar y fue muy dura. España impuso un peaje de ingreso y egreso de 50 euros a lo largo de la línea que divide su territorio del británico, y reforzó los controles aduaneros al punto de hacer colapsar los pasos con larguísimas colas hace días.
“Tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica sobre el territorio”, replicó de inmediato el Foreign Office, para el cual “la autodeterminación importa más que la integridad territorial. El pueblo de Gibraltar ha expresado de manera repetida y abrumadora su deseo de permanecer bajo soberanía británica”, en referencia a los referéndum impulsados entre los 30.000 habitantes del istmo que concluyeron en favor de la corona británica. “Estamos considerando qué acciones legales son posibles”, aseguró el gobierno de Londres. “Sería un paso sin precedentes y por tanto queremos examinarlo con atención antes de tomar la decisión de emprender esas acciones ”, agregó.
Pero el gobierno español también está estudiando el caso y evaluando posibles acciones. Entre las opciones, los medios ibéricos destacaron en los últimos días la de generar una alianza táctica con el gobierno argentino para presentar de conjunto su reclamo ante las Naciones Unidas contra la política británica en Malvinas y Gibraltar. El canciller español García-Margallo estará en Buenos Aires a principios de septiembre en una reunión que ya había sido pautada con Héctor Timmerman para buscar el apoyo argentino a la candidatura de Madrid como sede de las olimpíadas de 2020.
Pero ante estas nuevas noticias, el encuentro podría cobrar un tenor diferente. Madrid buscaría aprovechar la membresía argentina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -del cual es actualmente presidente- para hacer valer su reclamo y retomar las negociaciones con Gran Bretaña acerca de la soberanía de Gibraltar. Una causa que compartiría con la Argentina, que hace unos años retomó con fuerza el pedido de diálogo acerca de las Islas Malvinas en los foros internacionales, a pesar de la posición española tras la nacionalización de parte de YPF que quitó a Repsol el control de la compañía petrolera.
Un reclamo que, sin embargo, llega en un momento muy duro para los españoles. En las últimas semanas, al descontento por la crisis económica que ya lleva casi cinco años se sumaron las protestas ante el escándalo que involucra a la cúpula del gobernante Partido Popular, acusada de cobrar sobresueldos de hasta 15.000 euros provenientes de “donaciones” de empresas privadas y fondos públicos. Un caso que involucra hasta al mismo Rajoy, que la semana pasada debió pedir disculpas públicamente por haber defendido hasta último momento al principal acusado, el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.
Al mismo tiempo, crecen las protestas contra la monarquía, acusada de ser ya una institución anacrónica y parasitaria, además de los casos de corrupción que rodean a la familia real. En un contexto de crisis política, económica y social, el reclamo soberano sobre Gibraltar ha tomado fuerza inclusive como estrategia oficial. Los principales diarios madrileños reproducen en sus tapas la agresiva política española frente al colonialismo británico. Noticias que tomaron el lugar de las protestas por desalojos, quiebras y los cuestionamientos a la clase política en general.