A una semana de cumplirse los diez años de la Masacre de Avellaneda, el Poder Judicial decidió el traslado del ex comisario Alfredo Fanchiotti, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Darío y Maxi, a un penal de régimen abierto con beneficios. Indignación y dolor en una lucha que recrudece.
Indigna, se siente profundo, parece simbólico pero es un garrotazo de último momento, pega en las entrañas y en el alma de los familiares, los militantes, los amigos. “Darío y Maxi no están solos”, debería ser el título de una crónica que enuncie los diez años de lucha, los avances de la causa, el crecimiento de las organizaciones que levantaron su ejemplo, la frase que convoque a multiplicarlos este próximo 26 de junio en la estación, estampados en colores y formas sobre las paredes que los vieron caer hace diez años. Sin embargo, no es así.
Casi como una provocación, a diez años de la Masacre de Avellaneda; sin justicia aún sobre los responsables políticos y a seis años de la condena a cadena perpetua de los autores materiales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki -el ex comisario de la Policía bonaerense Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta-; la justicia en silencio, por debajo de los gritos que suenan hoy, carcomiendo las bases de la lucha de organizaciones sociales nucleadas en todo el país en la bandera que lleva su nombre, Frente Popular Darío Santillán, emitió un dictamen que permite al ex comisario Fanchiotti trasladarlo a la Unidad N° 11 de Baradero para gozar de un régimen abierto con beneficios.
El pasado 14 de junio, el ex comisario Fanchiotti logró que el Tribunal N°7 de Lomas de Zamora lo traslade a un penal de régimen abierto, lo que significa que podrá recibir ciertos beneficios en general destinados a aquellos presos que estén cumpliendo el fin de su condena, debido a que éstas tienen un carácter de reinserción social. Fanchiotti además, no tiene sentencia firme y esto posibilitaría no sólo salidas transitorias -como las que ya realizó en absoluta irregularidad y connivencia con el poder judicial y policial del penal de Olmos, donde cumplía condena en el 2008- sino además deja entreabierta la posibilidad de una futura liberación.
Uno de los abogados de la querella, el Dr. Claudio Pandolfi, consideró que el traslado es posible debido a la falta de sentencia firme, que corre desde el momento en que fue apelada la primer sentencia, es decir que, desde la finalización del juicio desarrollado en 2006 en los Tribunales de Lomas de Zamora hasta diciembre del año pasado, fueron seis años en donde no existió sentencia firme, lo que habilita a los abogados del ex policía a pedir el traslado al penal de Baradero.
Los permisos de tal régimen permiten salidas de doce horas. Si avanza el pedido de su aboigado defensor, Amílcar Chiodo, lFanchiotti podría pasar sólo la noche en el penal, lo que sentaría además un precedente para otros reclusos de las fuerzas de seguridad. El vocero del Frente Popular Darío Santillán, Federico Orchani, señaló que “todo esto se da en un contexto de recrudecimiento de la judicialización de la protesta, del cajoneo y el archivo de la causa de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda”. Orchani se refiere en este sentido al accionar del juez Lijo y agregó: “Nos preocupa que se repita la misma impunidad: en 2008 Fanchiotti caminaba libremente por la calle. En estos días lo hizo Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba. Si mañana Fanchiotti tiene salidas transitorias del penal, nosotros estaremos ahi para denunciarlo, para rechazar y señalar todas las irregularidades que se presenten sobre la causa”.
Los familiares de ambos jóvenes repudiaron el traslado del ex comisario: “A siete días de cumplirse diez años de los asesinatos, esto es una burla, es una muestra más de la impunidad, en una causa en donde varios policías salieron en libertad y no se avanzó en la causa sobre las responsabilidades políticas, que se archivó”, afirmó Alberto Santillán, padre de Darío.
Vanina Kosteki, la hermana de Maximiliano, también criticó que se haya archivado la causa que investigaba a los responsables políticos de la Masacre: “A 10 años, la justicia kirchnerista, de la mano del juez Ariel Lijo, ha mandado a archivo la causa contra todos los funcionarios responsables intelectuales del asesinato de Maxi y Darío, Duhalde, Sola, Atanasof, J.J. Álvarez , Aníbal Fernández, Genuod, entre otros”, expresó.
Casi como un anticipo feroz a este episodio, días atrás Vanina Kosteki mencionó a Marcha que el rol de los familiares de las víctimas no puede residir en que “tenga que estar pendiente de si el asesino está cumpliendo la condena o de si el Servicio Penitenciario está cumpliendo con el reglamento que tiene que cumplir, ya que eso implica un mayor desgaste para nosotros”. En concordancia, Alberto Santillán afirmó a Marcha que “desde el arranque siempre quisieron cajonear el asesinato de los dos. Pero lo que se logró fue en base a la militancia, a las marchas, a la lucha de tantos compañeros. Hemos aprendido y a los golpes”. Es que esta realidad hoy, a diez años, atenta como una bofetada fría, cuando su rostro armado en lápices sobre las banderas de las escuelas populares que nombran su ejemplo aprietan la garganta de los que llevarán su memoria, en donde Darío sentó las bases del cambio social que empieza desde abajo.
Fanchiotti a Baradero, una cárcel de privilegios.
Dentro del sistema penitenciario, una cárcel como la Unidad Penal Nº 11 de Baradero es considerada un “lugar privilegiado”. El régimen abierto es otorgado a los reclusos que se encuentran en la última etapa de su condena como un modo de reinserción paulatino a la sociedad. Quienes acceden a este beneficio deben pasar por varios controles psicológicos y haber demostrado buena conducta en el régimen cerrado. Una vez dentro de este sistema, los presos viven en condiciones autogestivas, cuentan con permisos para trabajar afuera del penal, e incluso pueden gozar de una prisión discontinua, es decir que en algunos casos sólo regresan a la cárcel para pernoctar, o permanecen en el penal únicamente durante el día.
En lo que a la Unidad Penal Nº 11 se refiere, ha sido noticia en varias oportunidades por las numerosas fugas de presos que se han producido, evidenciando controles deficientes y la connivencia de los funcionarios a cargo.
En continuidad con la conmemoración de la Masacre y del pedido de justicia, numerosa organizaciones sociales y políticas convocaron a manifestarse martes, al cumplirse diez años de los asesinatos y la feroz represión que llevó al ex presidente Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones: “Desde el lunes estaremos en la estación Darío y Maxi (ex Avellaneda), exigiendo juicio y castigo y levantando, al igual que en estos diez años, sus banderas de lucha”, afirmó Orchani.