A un año y medio de la desaparición del jornalero Daniel Solano en Choele-Choel, Río Negro, el abogado querellante en la causa declaró sobre el caso: existen sospechas de que los restos del joven estarían enterrados en la comisaría 8va de la localidad, de donde provienen los policías imputados en la investigación.
Daniel Solano desapareció en la localidad de Choele-Choel, Río Negro, el 5 de noviembre de 2011. Miembro de la comunidad indígena Misión Cherenta en la salteña Tartagal, había llegado a la ciudad de Lamarque (a 20 kilómetros de Choele-Choel) para trabajar en la cosecha de manzanas a cargo de la empresa Agro Cosecha S.R.L. Tal compañía, autodenominada “cooperativa”, se dedica a tercerizar el servicio de la multinacional Univeg Expofrut, productora y comercializadora de frutas y hortalizas. Dos días antes de su desaparición, Agro Cosecha pagó a los trabajadores golondrina sus primeros sueldos. Sin embargo, la cifra no se correspondía con lo firmado en el contrato: 800 pesos en vez de los 1800 acordados.
Frente a tal injusticia, Daniel no se calló y propuso una huelga para el lunes siguiente entre sus compañeros. Pero tal día no llegaría nunca: a las tres de la mañana del sábado 5, policías de la comisaría 8va de Choele-Choel sacaron a Daniel por la fuerza del boliche Macuba, le pegaron y –según testigos de identidad reservada- lo metieron en un patrullero que se dirigió al balneario Isla 92, a pocas cuadras del local.
Daniel había cometido el acto criminal por excelencia: tratar de organizar un reclamo por mejores condiciones laborales y por el salario. Aquella noche fue la última vez que se lo vio.
Las declaraciones letradas
El abogado Sergio Heredia es el responsable de llevar adelante la causa por la desaparición de Daniel. En diálogo con el programa “Sicarios” de Radio Mitre Salta, realizó una serie de declaraciones novedosas acerca del paradero de los restos del joven jornalero. “Estamos ante la posibilidad de que el cuerpo haya sido enterrado en la comisaría 8va” sostuvo el letrado. Tal posibilidad reside en que la desaparición de Solano se produjo durante los mismos días en donde “en la comisaría estaban sacando los pisos y haciendo unas refacciones generales”. Encima, en las obras se encontraba Sandro Berthe trabajando como albañil, uno de los 7 policías imputados en la investigación.
Otro indicio que llevó al abogado querellante a tal hipótesis fue la falta de realización de la prueba de Luminol (por la cual se buscan trazas de sangre) en la comisaría, imposibilitada justamente por las refacciones. En suma, Heredia determinó que “la comisaría se preservó: nunca quisieron llevar a los perros ni hacer ninguna prueba ahí”.
Además, prosiguió afirmando que están realizando la denuncia y aportando diferentes testimonios que dan cuenta que Daniel estuvo detenido en esa comisaría. Por otro lado, sentenció que “es muy probable no sólo que ahí esté el cuerpo, sino que también estén sus pertenencias”. Concluyó: “En democracia, también tenemos desaparecidos”.
En democracia
La de Daniel Solano es una más de las numerosas desapariciones forzadas desde el retorno a la democracia. En una coyuntura donde el discurso oficial se envuelve en la capa de los derechos humanos y encuentra su máxima expresión en el “hoy nadie puede desaparecer de ningún lado”, resulta necesario contrastar la retórica con los hechos.
En los últimos 10 años, la CORREPI registró -por lo menos- 87 personas que no están ni vivitos ni coleando, como consecuencia de la acción del aparato estatal. Luciano Arruga o Jorge Julio López se constituyen como los casos paradigmáticos que han trascendido al terreno mediático, logrando una cobertura de alcance. Pero hay muchos más. En el caso de Daniel Solano, su desaparición se articula con el día a día de los “trabajadores golondrina” del Valle Medio de Río Negro: aquellos que son traídos con promesas de trabajo pero luego terminan viviendo hacinados en galpones, sujetos al maltrato policial y a la explotación laboral. Y si se quejan, con el riesgo de desaparecer.