Se eliminaron los subsidios tarifarios de servicios públicos a los usuarios de alto poder adquisitivo y a algunas grandes empresas. ¿Qué implican estas medidas?
El objetivo de la medida es, según dijo el ministro de Planificación Julio De Vido al momento del anuncio, “terminar con la masificación del subsidio”. Esta fue la justificación que dio al presentar el recorte a los subsidios sobre las tarifas de luz, agua, y gas a los barrios porteños de Puerto Madero y Barrio Parque, así como también a todos los countries del país. El recorte regirá desde el primero de enero y generará un ahorro de 500 millones de pesos.
Este miércoles, De Vido junto al minsitro de Economía y recién electo vicepresidente, Amado Boudou, anunció también el fin de los subsidios a las firmas de mayor facturación en cuatro sectores específicos: refinamiento de combustibles (472 millones de pesos), procesamiento de gas natural (1493 millones), biocombustibles y aceites de exportación (745 millones), y agroquímicos (758 millones). Esta medida regirá a partir del 1° de diciembre.
Al respecto, el ministro de Planificación aclaró que “en el caso de las procesadoras de gas natural, están considerados la permanencia de subsidios a aquellos volúmenes de gas para fabricación de garrafas, para que el precio de las garrafas se mantenga”.
Estas medidas implican en primer lugar un reconocimiento del desorden de las cuentas públicas y de la necesidad de financiamiento del Estado y, en segundo término, el fin de años de transferencias de recursos públicos al sector privado. Si bien estos anuncios no miran para atrás, implican un avance en la distribución de los recursos del erario público.
Esa transferencia anual que se viene realizando crecientemente presenta, además de beneficiar a sectores que no lo necesitan, una distorsión a nivel provincial que esta quita universal no resuelve. El problema de la falta de desarrollo regional y del acceso al gas (por ejemplo en provincias como Misiones o Formosa que no cuentan con gas natural) no se remedia con estas medidas.
Este último anuncio podría mejorar parcialmente la mala distribución de los subsidios a nivel nacional. Según un informe del IARAF -Instituto Argentino de Análisis Fiscal- los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires continúan ubicándose entre los más favorecidos del país, recibiendo unos $2.138 cada uno en el año 2010. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires se ubicaría en el segundo puesto, recibiendo unos $1.486 por habitante, apenas por encima de lo que recibe un santacruceño en concepto de subsidios.
Esta realidad muestra la situación crítica de ciertas provincias respecto de la provisión de los servicios básicos. Según el último censo nacional de población, hogares y viviendas, el 47% de los hogares argentinos carece de cloacas, el 43,9% no tiene gas de red y el 22,3% no posee agua corriente.
Estos datos preocupantes de la realidad nacional llaman la atención si se tiene en cuenta que durante muchos años se han mantenido subsidios a bancos, compañías de seguro, casinos, hipódromos, petroleras, compañías de telefonía y mineras y que aún hoy amplios sectores los siguen percibiendo.
El ministro de Economía Amado Boudou detalló que este recorte representa un ahorro anual de 3.978 millones, que se suman a los $ 600 millones de ahorro derivados de las medidas anunciadas semanas atrás. Juntos representan el 6,4% de los subsidios aportados este año, lo que demuestra el gran caudal de gasto que implican. Por supuesto que hay casos más que justificados para esta asistencia del Estado, por eso lo relevante de estas políticas es la identificación de los verdaderos necesitados.
Las transferencias realizadas a los sectores productivos han evidenciado un importante aumento de participación en los últimos cuatro años, pasando de representar en conjunto un 17%, en 2006, a llevarse en 2010 el 46% del total de las transferencias corrientes de la administración nacional.
La necesidad de aumentar el flujo de recursos públicos para mantener el llamado modelo ha quedado en evidencia y es saludable que se resuelva con medidas que no atenten contra los sectores más vulnerables de la sociedad argentina y que corrijan en parte la desigual distribución de los recursos del Estado.
También es saludable señalar que aún quedan cosas por hacer, medidas pendientes que irían en la misma sintonía, como por ejemplo: una reforma impositiva integral (que grave a los que mas tienen y que comience a gravar a la renta financiera y minera), la recomposición de las contribución patronales que en los años 90 se redujo a la mitad, revisar y regular las concesiones realizadas a las empresas que proveen los servicios públicos, a las que proveen energía y a las que tienen a cargo el servicio de transporte público. Esto constituiría un gran avance en el flujo de recursos hacia el Estado con un sentido de equidad que muchas veces queda como ultima opción.