Por Juan Pablo Sorrentino
Al calor de la votación condenatoria al bloqueo yanqui contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una breve reflexión sobre la importancia de la participación popular en el proceso de reforma constitucional en Cuba.
Pesa sobre Cuba un historial de acusaciones atizado por los medios de comunicación dominantes globalmente, el Departamento de Estado, la Casa Blanca y sus aliados, el cual a través de una línea editorial infundada y amarillista, conforma una visión negativa de la dinámica política y social de la isla, basada en dos pilares que se han vuelto parte sustancial del sentido común occidental, la no existencia de una participación política libre del pueblo cubano y el cierre sobre sí mismo del gobierno revolucionario cubano. Si bien esta ofensiva mediática cuenta con tantos años como la Revolución Cubana tiene en vigencia, se ha acelerado desde la caída de la Unión Soviética demostrando un claro oportunismo político.
No obstante esta situación, el devenir cubano de las últimas décadas ha demostrado un proceso inversamente proporcional al incremento de estas acusaciones, desmitiendo las mismas sucesivamente a través de distintos escenarios, entre los que, actualmente, deben destacarse dos: la incipiente votación repudiando el bloqueo contra Cuba en las Naciones Unidas y el proceso de Reforma Constitucional en Cuba.
En el día de hoy, Cuba a logrado nuevamente el consenso diplomático internacional suficiente para condenar el inhumano bloqueo (o embargo, según sus promotores) al cual es sometido desde la década del ’60, intensificado en el Período Especial durante los años ’90 y sostenido impunemente en nuestros días.
El actual triunfo diplomático se suma a una sucesión ininterrumpida de apoyo a la prerrogativa cubana titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta sucesión de éxitos de Cuba es iniciada en 1992, creciendo año a año el visto bueno de los representantes de las Naciones del mundo, alcanzando en esta última votación el número de 189 votos a favor de la resolución condenatoria del bloqueo, y solamente dos oposiciones lógicas, la de Estados Unidos y la de Israel.
Si bien esta resolución carece de carácter imperativo para con los detractores de este “genocidio”, como lo reconocen quienes lo padecen, es necesaria su existencia ya que demuestra un consenso global sobre la condena a tan injerencista medida, cuyas ramificaciones llevan a Cuba a la pérdida de oportunidades para su desarrollo productivo, a amenazar su soberanía política y a atentar contra las condiciones sociales de las cubanas y los cubanos.
Asimismo, este apoyo prácticamente total de las Naciones allí representadas, desmiente aquella visión que los medios hegemónicos difunden de una Cuba cerrada sobre sí misma y aislada internacionalmente, aun en tiempos donde la derecha teje y amplía sus redes de influencia y desarrollo en Latinoamérica.
Puntualmente, no debe tomarse este hecho como el punto último de aspiraciones cubanas sobre el bloqueo, ya que el fin perseguido es la anulación del mismo, pero sí debe celebrarse como una victoria fundamental del pueblo cubano y sus representantes, debido a la ofensiva esgrimida desde hace unos meses por Estados Unidos en la Asamblea General, tendiente a revertir los históricos resultados en su contra, usando como principal punta de lanza a la Organización de Estados Americanos y su Secretario General Luis Almagro.
“La Soberanía reside en el pueblo”
Pero este éxito no debe entenderse como un fenómeno aislado de la política exterior cubana, sino como contraparte del proceso de debate que está atravesando el pueblo cubano al interior de la isla.
Como es sabido, en el primer semestre de este año comenzó a debatirse al interior de Cuba el proyecto de Reforma Constitucional. Tras la redacción y promulgación del nuevo texto constitucional el 2 de Junio de 2018 por parte de la Asamblea Nacional cubana, se abrió un escenario de debate amplio que persigue la difusión y discusión multisectorial y popular, que culminará con el referéndum de Febrero de 2019 en el cual se decidirá su aprobación para reemplazar la vigente Constitución Cubana de 1976 enmendada por última vez en el año 2002.
El proceso de reforma constitucional es parte de un proceso de transformación promovido por el Estado y por el Partico Comunista de Cuba (PCC), y demandado por el pueblo cubano, que se propone la actualización y mejora del funcionamiento del socialismo cubano, sin abandonar las conquistas y banderas enarboladas desde el triunfo revolucionario de 1959.
En medio de demandas de distintos sectores de la sociedad, principalmente de las y los jóvenes, desde la asunción de Raúl Castro a la presidencia en 2008 se han desarrollado distintas etapas de debate y concreción de acciones que dan cuenta de dicho proceso de transformación, entre los que se destaca: el VI Congreso del PCC en 2011 y el VII Congreso del PCC en 2016 con sus posteriores leyes fundamentales y lineamientos, el anuncio y posterior abandono de Raúl Castro de la Presidencia, la asunción como presidente de Miguel Díaz Canel Bermúdez en abril de este año y el actual proceso de reforma constitucional y su correspondiente debate.
Más allá del formato y contenido expresado en la propuesta de renovación constitucional, interesa dar luz sobre quienes son las y los protagonistas de este proceso, me refiero a las cubanas y los cubanos. Así como el último Congreso del PCC contó con casi nueve millones de intervenciones por parte del pueblo, el debate actual de Reforma Constitucional va extendiéndose cada vez más conforme avanzan los días, y si bien aún no ha alcanzado al porcentaje poblacional esperado, se prevee que supere las expectativas de las autoridades de gobierno.
Este fenómeno de participación masiva lleva ineludiblemente a confirmar los deseos de Fidel Castro, cuando instaba a su pueblo a defender las conquistas de la Revolución Cubana y también obliga a dar por tierra los presupuestos amarillistas que estigmatizan a la sociedad cubana y su sistema político de representación, tildándolo de antidemocrático y de dar lugar a la expresión popular.
En parte, lo que motiva estas acusaciones hacia Cuba es también una interpretación distinta de la democracia, ya que la democracia cubana se presenta como superadora de la democracia puramente electoral arraigada en las sociedades emergentes de la globalización.
Basta con revisar la actual Constitución cubana para encontrar un escenario de participación política que dista del propio: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan.”. Entre estos órganos, cabe destacarse la Asamblea Nacional del Poder Popular a la cual se somete el Poder Ejecutivo, las Asambleas Municipales y los Comités de Defensa de la Revolución.
Quizás a quienes nos han acostumbrado a asociar la democracia únicamente con el sistema de elección de nuestros representantes, nos sea útil profundizar el debate sobre si es allí, en el ejercicio sufragista, donde se agota la democracia y nuestra participación; y es probable que la lectura y el análisis del actual debate popular-Constitucional en Cuba nos devuelva una enseñanza que nos lleve a perfeccionar nuestra práctica democrática, la cual nos devuelva la esperanza de un mundo mejor en un horizonte que se presenta cada vez más adverso.