Por Redacción Marcha / Cobertura Colaborativa
El pasado 27 de agosto se realizó la 4º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Familiares de víctimas de la fuerzas represivas junto a organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron los casos de gatillo fácil y las políticas de represión a las y los pibes de los barrios populares.
Bajo la consigna “Ni un pibe menos, Ni una piba menos, Ni una bala más. El Estado es responsable”, se llevó a cabo la 4° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, impulsada por familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos. La Marcha se realizó en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización volvió a recorrer Av. de Mayo desde Congreso a Plaza de Mayo donde concluyó con las voces de familiares relatando las historias de los pibes y las pibas.
Un Estado garante de la represión
Hace algunas semanas se conocía el caso de Cristopher “Bocha” Rego, quien fue asesinado por integrantes de la Prefectura Naval Argentina en el barrio de Parque Patricios. El hecho sacudió al barrio porteño por el resultado de un accionar cotidiano que es el amedrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el caso del “Bocha” Rego sirvió para recordar que el gatillo fácil es una política de Estado. Así lo revela el informe anual de la Coordinadora Contra la Represión (Correpi): “cada 23 horas hay un caso de gatillo fácil en la Argentina”. Este número escapa a las estadísticas frías. Concretamente, quiere decir que en nuestro país casos como los del “Bocha” Rego no son aislados ni responsabilidad de agentes irresponsables, sino que es resultado de un sistema usa sus fuerzas de seguridad como un mecanismo coercitivo letal, que no descansa en períodos democráticos.
A pesar de que esta situación es conocida por el conjunto de la sociedad, para el gobierno de Cambiemos no importan los Luciano Arruga ni los Kiki Lezcano, entre tantos otros. Esto es tan así que luego de respaldar el lamentable accionar de la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado o de la Prefectura en el crimen de Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar impulsada por la ministra Patricia Bullrich y el presidente Mauricio Macri vuelve al centro de la escena, luego de que el policía que dio nombre a la doctrina fuera reinsertado en la policía. El envalentonamiento represivo es tal que, si bien el pedido fue rechazado, hasta el genocida Miguel Etchecolatz intentó volver a dicha institución. Por si fuera poco, pocas horas antes de la marcha se registró un nuevo caso de gatillo fácil en Rosario, donde una agente policial de civil baleó a Facundo Benítez, un joven de 18 años de Barrio Tablada.
La organización como respuesta
En contraste con una tarde casi primaveral, de espaldas al Congreso, familiares de víctimas de la violencia y el abuso de las fuerzas de seguridad se reunieron para movilizarse en esta 4º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que reunió a cientos de casos de gatillo fácil, violencia y abuso en las cárceles, causas armadas y criminalización de las disidencias sexuales. Un fugaz momento de alivio para darle visibilidad a las y los que diariamente engrosan las listas de víctimas de la represión del Estado. Con las imágenes de sus hijas e hijos colgadas de sus pechos, familiares de las víctimas protagonizaron la jornada.
Una de las personas presentes eras Isabel, madre de Facundo Jones Huala, quien a pocas horas de la nueva detención y pedido de extradición de su hijo expresó: “Facundo está en la Unidad 14 de Esquel. Lo detuvieron porque según la fiscal Little, que es antimapuche, hay peligro de fuga”. Además enfatizó que “hay persecución política hacia los mapuches. No sabemos qué va a pasar con Facundo pero más allá de eso también hay pedido de captura de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro González, que fueron los que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel en la comunidad”. Hacía dos días que se había cumplido un nuevo aniversario del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de un prefecto que aún no ha sido procesado. El cálculo es sencillo: lo que está en disputa son las tierras y sus bienes comunes. Sacar a los defensores y defensoras de los territorios, a cualquier costo, es una necesidad.
“Soy el papá de Florencia la “China” Cuellar, una de las 9 mujeres asesinadas dentro de ese centro de exterminio mal llamado cárcel”, dijo Alfredo al tomar la palabra con la paciencia que siempre lo caracterizó. “Hoy estoy acá acompañando a todos los familiares de las víctimas del gatillo fácil porque creo que este es el momento en donde tenemos que salir a manifestarnos para que de una vez por todas este aparato represor del Estado deje de matar a todos nuestros seres queridos”. La “China”, su hija, fue asesinada en la cárcel de Ezeiza en el año 2012. Otra historia de violencia en contexto carcelario.
Mientras, la columna principal avanzaba al grito de “yo sabia que a los pibes los mató la policía”. No hay manera de que el paso del tiempo haga disminuir el dolor de estas pérdidas. Las madres cantan con la tristeza y los pañuelos que no se escapan de sus manos, pero año a año las fuerzas se renuevan al ver el dolor colectivizado. Un ejemplo es el de Dolores Singampa, la mamá de Ezequiel Demonti, quien es parte hace años de la organización. Su hijo fue asesinado en el año 2002. “Cuando mataron a Ezequiel había otro gobierno de derecha. Ahora hay una particularidad: estos son más represores, son los que menos quieren a los pobres, a los pibes de los barrios populares, de las villas. Hay una declaración de pena de muerte de parte del Presidente, la Ministra de Seguridad y la gobernadora Vidal, porque al felicitar a un policía, cuando mata a un pibe, están declarando la pena de muerte”, analizó Dolores.
Las madres organizadas coparon las calles. Y juntarse tiene un fin muy claro. Así lo expresó Emilia, la mamá de Pablo “Paly” Alcorta, asesinado en 2013 por Diego Ariel Tolaba, miembro de la Maldita Policía y actualmente en funciones en la Policía de la Ciudad. Para Emilia, juntarse es esencial para “hacernos visibles porque de a uno no nos dan bolilla, nos tiran para el costado como siempre, porque somos de la clase trabajadora, porque somos humildes. Por eso se creen que no tenemos derechos. Acá nos juntamos para que nos escuchen y porque la unión hace la fuerza. Entre todos vamos a poder conseguir justicia”.
Pero no sólo las madres, si bien eran mayoría, acudieron a recordar a hijos e hijas y a exigir justicia. Uno de lo presentes fue Leonardo Santillán quien, junto a su padre Alberto, estuvieron en la Plaza para recordar a su hermano e hijo Darío, víctima emblemática del gatillo fácil, asesinado en 2002 junto a Maximiliano Kosteki en la llamada Masacre de Avellaneda. A pesar del dolor indeleble, Leo hizo un balance positivo de esta cuarta marcha: “Participé de la 3era el año pasado y de ese tiempo a esta parte ha crecido la participación de la gente y la misma organización. Se han organizado más madres y es muy importante. Esto sirve para mantener vivas estas causas, porque en varios casos ya han dado veredicto y los policías terminan siendo absueltos”. Además, recordó a su hermano y dejó asentado qué estaría haciendo ahora: “Darío estaría luchando como estamos tantos hoy acá. Con los estudiantes, con los desocupados. Siempre en la calle. Él nos enseñó eso”.
Casi sobre el final llegó la infaltable Norita Cortiñas, llegada directamente desde el centro de salud donde había sido atendida. Allí leyó los 70 nombres de las víctimas de gatillo fácil y luego expresó: “Basta de matar pibes, tenemos muchas preocupaciones por la situación económica”. Y cerró de manera contundente: “No al gatillo fácil, no a perseguir a los pibes. Le digo a las madres que hay que luchar. ¡30.000 detenidos-desaparecidos presentes!”.