En toda la UBA y en la carpa montada por la Asociación Gremial Docente en Congreso se realizó una jornada masiva de clases públicas.
Docentes y estudiantes se movilizaron contra la cesantía de 152 docentes. A fin de año le tocará el turno a otros 500. La medida se llevó adelante en el marco del paro nacional de CONADU (H).
Los números son impactantes y sus consecuencias también. Alrededor de 150 docentes que tienen más de 65 años de edad empezaron a descubrir desde mayo, a la hora de ir a cobrar su salario, que el mismo no había sido depositado y que los habían despedido de sus cargos en la UBA. Otros 500 docentes se encuentran en situación de alerta hasta diciembre, fecha en la que vence la prórroga obtenida. Cátedras y equipos de investigación enteros quedarán diezmados a raíz de la medida impulsada por Rubén Hallú, rector de la universidad, que decidió ignorar la ley previsional 26.508. La misma establece el derecho de los docentes universitarios a optar por continuar trabajando hasta los 70 años, a lo que muchos acceden para poder alcanzar los años de aportes jubilatorios necesarios.
En este contexto y con un plan de lucha que comenzó a fines del cuatrimestre pasado, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) realizó el día de ayer una jornada de clases públicas en todas las facultades con cortes de calle e instaló una carpa en la plaza frente al Congreso de la Nación.
La medida, que es parte de un plan escalonado que continuará con medidas similares, aumentando la duración (de 48 y 72 horas en las próximas semanas), fue en el marco de un paro nacional convocado por la CONADU (H) por la reapertura de la discusión salarial, la no implementación del impuesto a las ganancias en la remuneración docente, la eliminación de los topes a las asignaciones familiares, por la estabilidad laboral y condiciones para realizar la carrera docente. Otro de los motivos fue el reclamo de un convenio colectivo de trabajo único y obligatorio para docentes universitarios y preuniversitarios. El paro tuvo alto grado de acatamiento en todo el territorio nacional y en particular en la UBA.
Claudia Baigorria, secretaria general de CONADU (H), explicó que hay una discusión de fondo con el Consejo Interuniversitario Nacional -que articula a todos los rectores de las universidades nacionales-, que también se expresa en el conflicto por las cesantías compulsivas en la UBA, en lo que refiere a la cuestión de la autonomía universitaria y los abusos de los rectores. Sobre este punto, declaró en el programa matutino Llevalo Puesto en FM La Tribu que “la autonomía universitaria, designada constitucionalmente, no se limita solo a decidir contenidos curriculares y cuestiones académicas, sino que la autarquía -el autogobierno- es lo que facilita que los rectores de las universidades nacionales puedan definir sus propios regímenes de contratación, que pueden incluso hasta fijar salarios, quién sigue en un cargo o no, etc.”. Y planteó que es por eso que el convenio colectivo de trabajo tiene que ser único y obligatorio, “para que las universidades lo asuman, porque a través de este abuso de la autonomía, el rector de la UBA puede darse el lujo de desconocer la ley 26.508, sancionada en 2009, que es la ley de jubilaciones de docentes universitarios que rige para todo el país, y no se reconoce a los docentes el derecho garantizado de permanecer en las universidades por 5 años más en su cargo”. Baigorria comentó que “Rubén Hallú ha presentado un recurso para declarar la inconstitucionalidad de una ley votada por unanimidad en diputados y senadores, porque contraría el estatuto de su universidad. Entonces, en vez de reformar el estatuto, resulta que él prefiere desconocer la ley”.
La jornada del día de ayer en la UBA fue acompañada por los centros de estudiantes y la Federación Universitaria de Buenos Aires. Martha Linares, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo), declaró en Con el Pie Izquierdo en Radio Sur que esa facultad es “la más afectada” por la decisión del rector Hallú. Linares recordó que cuando el tema de las cesantías fue tratado en el Consejo Superior, todos votaron a favor salvo “la mayoría de la representación estudiantil y la facultad de Ciencias Sociales”. Analizó también que la fecha de la prórroga que se le dio a esos 500 docentes que serán cesanteados en diciembre es intencional “para que los estudiantes no estemos cursando y no podamos salir a luchar en solidaridad con los docentes”.
“Es un ataque a la educación pública de conjunto”, denunció la presidenta del CECSo, “la medida afecta a 23 cátedras sólo en Sociales, y a varios grupos de investigación del Instituto Gino Germani”. De esta forma explicó la solidaridad que genera el reclamo entre los estudiantes, quienes ven peligrar su cursada por una decisión que tanto desde los gremios docentes como desde el movimiento estudiantil, es caracterizada de “violenta” y como una forma “abuso y malinterpretación de la autonomía universitaria”.
Así, docentes que hace más de 20 años dan clases en la UBA, muchos que han fundado carreras, grupos de investigación y que han sabido construir esa universidad pública de la que muchos se vanaglorian, de un día para el otro se encuentran con que están siendo desechados.