Por Mauricio Polchi
Los trabajadores de la Cooperativa Cueroflex ocuparon el Ministerio de Energía. Por el impacto del tarifazo, ya deben tres millones de pesos de luz y más de un millón de pesos de gas.
El micro, que está ploteado con inscripciones del sindicato de curtidores, da vuelta por las cercanías de Plaza de Mayo. Pasadas las 8 de la mañana del lunes 15 de mayo, el chofer agarra la zona del bajo porteño, pasa por el costado de Casa de Gobierno y estaciona sobre la Avenida Paseo Colón. Cuando abre la puerta, bajan los trabajadores. “Cooperativa Cueroflex”, dicen sus camperones.
Los policías advierten el movimiento y cercan la entrada del Ministerio de Energía, pero no logran bloquear el acceso. A los empujones, los operarios entran por la esquina de Alsina y ocupan el hall central. Gritan, aplauden, cantan. La seguridad del lugar cierra las puertas. El ruido de los bombos retumba en cada rincón del gigantesco edificio público.
Jorge Reich, vocero y presidente de la Cooperativa Cueroflex de San Martín, tiene una boleta en la mano. La última factura de luz llegó con una deuda acumulada de tres millones de pesos. La de gas, con un monto por pagar de un millón y medio. “Que este gobierno venga a sacarnos el trabajo, no lo vamos a permitir”, lanza.
“Un Presidente que le saque el trabajo a un trabajador…”
–¿Cuántos trabajadores son en la Cooperativa?
–Ochenta.
–¿Tienen miedo de perder el laburo?
-Ya te dije. Que este gobierno venga a sacarnos el trabajo, no lo vamos a permitir.
–¿Está ocupado ahora el Ministerio de Energía?
-Lo tomamos, nos estaba esperando la policía pero se lo tomamos igual.
A las 10 de la mañana se acuerda una reunión con funcionarios del Ministerio que encabeza Juan José Aranguren. Para representar a los laburantes, suben a las oficinas del organismo Jorge Reich, de Cueroflex, y Eduardo Montes, de Gráfica Patricios. Bajan a los cinco minutos. Evidentemente, fracasó el primer contacto. En diciembre ya se había firmado una resolución que jamás se cumplimentó. “Estos tipos nos están robando, nos venía una boleta de 40 lucas por mes y ahora tenemos una deuda de 3 millones de pesos”, describe Reich.
–¿Qué pasó con la resolución firmada en diciembre?
– Nada. Nada de nada.
–¿Por eso hoy vinieron y ocuparon?
– Y qué vamos a hacer. Un Presidente que le saque el trabajo a un trabajador. Yo no lo puedo entender. No me entra en la cabeza.
–¿Y la boleta de gas les vino con una suba importante?
-Esa vino con carta documento. Debemos un millón y medio de pesos. Estos tipos (el gobierno) están todos locos.
–¿Qué paso recién? ¿Por qué subiste y bajaste?
-Sí, nos atendió un empleado de acá pero no sirve. Todo bien, pero vinimos a ver a Andrés Chambouleyron (Política Tarifaria). Dicen que está en Córdoba. Que venga que lo esperamos.
“Si el pueblo no consume, nosotros tenemos que cerrar igual”
La protesta se mantiene activa adentro del Ministerio. El portón sigue cerrado y varios policías vigilan la zona desde la vereda y los pisos intermedios. Hay varias cooperativas participando del reclamo. Cerca del mediodía, se arma una tregua y se pacta otro encuentro. Desde el gobierno, avisan que Chambouleyron se sentará en la mesa de negociación. “Nosotros somos 147 familias que estamos en riesgo de quedar en la calle”, tira Oscar Huidobro, de Frigocarne Máximo Paz, de Cañuelas.
–¿A ustedes también los afectó el tarifazo?
-Y, claro. Antes la boleta era de 40 mil pesos, y ahora llegó una de 335 mil. Es decir, un 700% de aumento.
–¿Y cómo hacen?
-Pagamos de forma parcial, tenemos voluntad de pago. Pero debemos casi 2 millones de pesos en el acumulado.
–¿La ven difícil?
-Pasa que todo este costo productivo nosotros no lo podemos llevar al mostrador de la carnicería. Porque el vecino no lo puede consumir. Y si el pueblo no consume, nosotros tenemos que cerrar igual.
–A ustedes en Cañuelas los conoce todo el mundo…
-El 82 por ciento de la planta vive a menos de 5 kilómetros de la fábrica. Estamos como cooperativa hace 14 años.
A las 3 de la tarde, con una nueva resolución, los trabajadores dejan el Ministerio. “Se acordó el compromiso por parte de la Subsecretaria de Coordinación de Política Tarifaria” de ejecutar “las medidas que se requieran” a fin de “solucionar la problemática planteada por esas cooperativas”. Señala, entre otras cosa, el documento, que tiene dos firmas. Una es la de Jorge Recih, y la otra de Andrés Chambouleyron. Compromiso en mano, la siguiente parada es de regreso al laburo. Un poco menos deudores, un poco más firmes en que el costo productivo no tendrá que absolverlo el pueblo ni las cooperativas.