Por Betania Longhi. Sin difusión ni repercusión mediática, se presentó el proyecto de ley para derogar el artículo 68 del Código de Faltas de Buenos Aires, un paso fundamental en la lucha contra la estigmatización, discriminación y represión de mujeres, trans y travestis en situación de prostitución. ¿Qué significa este proyecto?, ¿quiénes y por qué lo impulsaron?, ¿qué es lo que hace que un triunfo feminista semejante pase inadvertido, incluso entre nosotras?
Son las 13:15. Arribamos. Nos encontramos con algunas compañeras más en la puerta de la Cámara de Diputados/as de la Provincia. Ahora sí. Descendemos al primer subsuelo donde está el salón donde sucederá la actividad: se presenta a sala llena el proyecto de Ley para la derogación del artículo 68 del código contravencional bonaerense.
Todas las que estábamos sabíamos lo que significaba estar allí. Si ese proyecto se aprobara significará, ni más ni menos que la derogación de la norma que habilita a las fuerzas de seguridad a detener, perseguir y abusar de las compañeras que se encuentran en prostitución callejera. Cómo no íbamos a estar felices si se trataba de un avance histórico en la lucha feminista, abolicionista y antirrepresiva, causa fundamental para todas aquellas que nos vemos interpeladas por la temática de la prostitución.
La derogación de todas las normativas que criminalizan, discriminan y persiguen a las personas en situación en prostitución es una bandera histórica abolicionista, defendida por organizaciones feministas, de derechos humanos y de la disidencia sexual desde hace, por lo menos, 22 años. Por primera vez, una diputada de la Provincia de Buenos Aires, Karina Nazabal, se animó a tomar la propuesta y presentarla como un Proyecto de Ley.
El proyecto de la derogación fue impulsado por la AMADH y presentado a la Cámara en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público de la Nación. AMADH inició su lucha por la derogación de edictos y contravenciones estigmatizantes y persecutorias de las mujeres, travestis y trans en prostitución en el año 1995, cuando un grupo de mujeres y travestis en situación de prostitución comenzó a organizarse bajo la estructura de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con la intención de denunciar y erradicar la violencia policial dirigida; consecuencia de la aplicación del Código de contravenciones de la Ciudad de Buenos Aires.
La estrategia de nuclearse en la CTA les permitió estar relativamente protegidas de los riesgos que sus objetivos suponían, a la vez que la experiencia organizacional iba logrando su reconocimiento como sujetas políticas, acompañamiento social y la suficiente fuerza política como para que durante 1998 se aprobara un nuevo Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires, donde se conquistó la eliminación de todos los artículos represivos que justificaban el hostigamiento y las violencias institucionales hacia las personas en prostitución.
Durante el año 2003, luego de reflexiones y discusiones en torno a la figura de “trabajadoras sexuales” y frente a una Central que proponía sostener la organización bajo la concepción de “prostitución = trabajo” para garantizar la sindicalización, parte de lo que fue AMMAR decidió desvincularse de la CTA para constituirse en lo que hoy es AMADH.
Aquel miércoles, esa misma organización, AMADH, logró con muchísimo esfuerzo y sin aquella visibilidad que le otorgaba el hecho de ser parte de una Central de Trabajadores/as, que se incorpore a la agenda legislativa otra derogación. Aquel miércoles, AMADH, Las Azucenas, La Campaña Abolicionista “Ni una Mujer más Víctima de las redes de Prostitución”, la Asociación Nacional Abolicionista, el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.) y otras organizaciones participamos de la presentación de esta iniciativa y la llenamos de lágrimas, aplausos y sonrisas abolicionistas, en memoria de Lohana Berkins y Diana Sacayán.
La lucha común
Al menos en papeles, tanto quienes nos reconocemos abolicionistas como quienes sostienen posicionamientos que buscan regular la prostitución como “trabajo sexual” coincidimos, en más, o en menos, en los tres siguientes puntos: uno, que la prostitución es una institución feminizada del patriarcado; esto es, es un tema en nuestra agenda feminista porque afecta principalmente a las mujeres y travestis. Dos, en que hay un vínculo directo entre situación económica, discriminación, racismo y prostitución. Y tres, que el responsable directo de la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres, trans y travestis en prostitución es el Estado, en particular, funcionarios/as de las fuerzas de seguridad, como lo son las policías locales.
Sea cual sea la postura que tengamos sobre la institución prostibularia, tenemos pendiente una causa urgente y fundamental que es la de abolir todas las normativas, edictos y contravenciones que atentan contra la integridad y ponen en alto riesgo a las compañeras en prostitución. Y es por esto que no salimos del asombro, ¿cómo una propuesta alineada con la lectura más general y compartida sobre la problemática tuvo tan bajo acompañamiento y repercusión? Podríamos ensayar una posible respuesta a partir de una reflexión valiosísima que acercó Graciela Collantes al panel de presentación del proyecto.
Collantes, referente de AMADH, compartió con las participantes su experiencia de años de militancia haciendo hincapié en las respuestas que recibía (y aún recibe) cada vez que proponía avanzar la derogación de contravenciones; las respuestas parecían ensayadas: “Graciela, es un tema que divide aguas”, “Graciela, no nos pidas esto”. Poco a poco, la “división de aguas” se ha convertido en la mejor excusa, permitiendo a la clase política ignorar e incluso detener el avance necesario sobre la legislación actual, ¿cuánta de esta responsabilidad nos competerá a nosotras como militantes?
La polarización
El miércoles 20 de septiembre el movimiento feminista logró presentar el proyecto para la derogación de un artículo que hace casi 45 años viene permitiendo la persecución de mujeres, trans y travestis en una de las provincias con mayor prostitución callejera del país. Ese día, parte del movimiento no nos acompañó.
Es cierto, además de la lucha antidiscriminatoria y antirrepresiva las abolicionistas exigimos un Estado de Derecho (“y de Derechos Humanos”, como aclara Marta Fontenla). Esto pone sobre la mesa la contracara del reclamo: la derogación efectiva de toda la normativa persecutoria no es suficiente. Estamos seguras de que el triunfo sólo será completo cuando además de la inhabilitación represiva, existan acompañamiento y restitución de los derechos vulnerados a través de políticas públicas integrales y específicas para la población afectada. Y aquí sí se dividen las aguas.