Tras tres años de audiencias, ayer en la etapa de alegatos, el poder judicial en voz de uno de los fiscales de la causa “Vialidad” que investigó defraudaciones a la administración pública, Diego Luciani, pidió la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, además de la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y la inhibición de sus bienes. Por eso hoy, a través de su canal YouTube, hizo uso de su “derecho a defensa” y respondió además a la negación de su pedido de ampliación declaratoria del TOF 2, a cargo del juez Jorge Gorini, de vínculos familiares con la dictadura.
Por Redacción Marcha
“La sentencia ya estaba escrita”, dijo CFK y habló de una “feroz campaña política y mediática” para la “creación de sentido común” que permitiera encuadrar el juicio en el que está procesada. “Durante cinco días estuve sentada en Comodoro Py escuchando no acusaciones sino un guión”, relató la vicepresidenta y habló de una “ficción”. Afirmó que “nada de lo que dijeron fue probado” y que “se comprobó que era al revés de lo que decían”.
2023 ya llegó. Con encuadre de la causa, evidencias y emotividad, CFK repasó algunas de las declaraciones testimoniales para exponer los criterios de persecución y estigmatización de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani; evidenció maniobras del macrismo beneficiando desde el ejercicio del Poder Ejecutivo a las empresas familiares; y denunció “las dos naves insignia del lawfare”, los medios empresa Clarín y La Nación.
De esta forma, expuso las llamadas entre José lopez, quien fue secretario de obras públicas durante la gestión de Nestor Kirchner y luego durante el gobierno de Cristina Fernández, el empresario y ex funcionario durante el macrismo, Nicolás Caputo, y el empresario Eduardo Gutiérrez como medidas de prueba no investigadas por los fiscales. “No era un gobierno, era una asociación ilícita, no les importa nada”, dijo y los mandó a estudiar derecho de nuevo.
Para la vicepresidenta, este accionar que es político, mediático y judicial es mucho más que una acusación contra su figura. Y denunció la sistematicidad de una práctica que condena a los gobiernos progresistas de la región: “Este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”. “Necesitan dirigentes disciplinados” aseguró.