El Frente Nacional contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto exigió y conquistó, bajo la consigna “Criança não é mãe”, la interrupción del embarazo para una niña de 11 años en Santa Catarina, Brasil. Denunciaron las violencias patriarcales y la tortura de las instituciones.
Por Luiza Mançano – Foto: Midia Ninja
“¿Podrías soportar un poquito más?”, fue la pregunta de la magistrada brasileña Joana Ribeiro Zimmer a una niña de 11 años embarazada tras sufrir una violación. La historia, que tiene lugar en el estado de Santa Catarina, en la región sur del país, se hizo pública tras una filtración de The Intercept Brasil el último lunes, 20 de junio, en asociación con el portal feminista Catarinas.
El video divulgado es una grabación de la audiencia del 9 de mayo que debería autorizar la interrupción del embarazo de la niña. Decir que la jueza y la fiscal que conducen la sesión intentaron convencer a la niña a no interrumpir el embarazo sería decir poco. En realidad, la niña fue sujeta de una tortura más practicada por el poder judicial brasileño, como denuncian los movimientos feministas del país.
Finalmente, la niña violentada accedió a su derecho al aborto pero su historia evidencia el paradigma institucional antiderechos que dejará el desgobierno de Jair Bolsonaro en el país a tres meses de las elecciones presidenciales. El #AbortoLegal será un debate esencial en lo que viene.
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– ¿Tienes algún deseo especial para tu cumpleaños? Si tienes, pídelo. ¿Quieres elegir el nombre del bebé?
– No.
(…)
– ¿Crees que el padre del bebé aceptaría darlo en adopción? – pregunta, aludiendo al violador.
– No lo sé – dice la chica, en voz baja.
[Fragmento del diálogo filtrado en la audiencia y divulgado por The Intercept Brasil]
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La legislación brasileña establece la interrupción del embarazo en tres causales, dos de ellas garantizadas en la Constitución de 1940: cuando representa riesgo de vida para la persona embarazada sin límite de semanas o cuando resulta de una violación. La tercera causal fue incorporada en 2012, tras un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) y se puede interrumpir el embarazo también en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.
Según la ley, la interrupción del embarazo de la niña de 11 años – que en el momento de la violación tenía solo 10 – debería haber sido realizada en el hospital luego que ella y su madre buscaron el servicio de atención. Sin embargo, no fue lo que ocurrió, ya que la normativa interna del hospital recomienda la interrupción del embarazo en caso de violación solamente hasta la vigésima semana de gestación y se ignoró el riesgo a la vida de la niña.
Con el objetivo de posponer y luego negar el derecho a la interrupción del embarazo, una serie de irregularidades fue cometida por el Poder Judicial y la niña fue enviada a un albergue y apartada de su madre, a quien se le impidió cuidarla.
Acciones y movilización
La filtración de la historia desató una fuerte indignación en el país y rápidamente los movimientos feministas organizados en el Frente Nacional contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto (FNPLA) se movilizaron bajo la consigna “Niñas no madres” [Crianças não é mãe”, en portugués] para exigir la inmediata interrupción del embarazo para la niña, denunciando la violencia que sufre y que el embarazo representa un riesgo para su cuerpo.
En la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina (donde se desarrolla la historia), organizaciones feministas realizaron un acto callejero el último martes, 21, y el FNPLA realizará una nueva acción este jueves, 23, esta vez en São Paulo, en frente a la sede del Ministerio Público Federal.
La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y la Marcha Mundial de las Mujeres presentaron ante el Consejo Nacional de Justicia una queja disciplinaria contra la magistrada responsable por el caso. Las entidades sostienen que en su conducta la jueza cometió “asedio institucional, utilizó métodos de terror sicológico, promovió la revictimización y violó normas legales, derechos y garantías”.
Créditos: Portal Catarinas
Conservadurismo y embarazo infantil
Esta historia no representa algo único; el año pasado, a una niña de 14 años se le negó su derecho al aborto legal por violación en su ciudad y sólo se logró la interrupción del embarazo tras un viaje de siete horas a la capital de su estado, Minas Gerais, y un intenso acoso por parte de trabajadoras sociales, como reveló la Agencia Pública.
En 2020, grupos conservadores y la entonces ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del gobierno de Jair Bolsonaro intentaron impedir la interrupción del embarazo de una niña de 10 años tras haber sido violada por su tío. Debido al acoso que sufrió en su ciudad, la niña viajó a Recife, capital de Pernambuco, en un trayecto de más de 1.700 km, para que pudiera acceder al procedimiento. En esa ocasión, irrespetando lo que establece el Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA), se dio a conocer el centro médico donde estaba ingresada y la interrupción del embarazo tuvo lugar pese a la presencia de grupos conservadores que rezaban y protestaban en el exterior del local.
Según un informe publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2020, se registraron 60.926 casos de violación, con 44.879 casos de violación de niñas y adolescentes. Datos preliminares del Ministerio de Salud dan cuenta de que aproximadamente 17.316 niñas y adolescentes de hasta 14 años tuvieron bebés en 2021, y se supone que haya un subregistro debido a la pandemia.
Mientras tanto, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y sus aliados en el Congreso brasileño siguen en una ofensiva para desmontar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales, ya sea a través de proyectos específicos o del desmantelamiento de la salud pública y la educación sexual en el país.
En 2021, de los 26 proyectos tramitados en la Cámara de Diputados referentes a la interrupción del embarazo, 22 buscaban impedir u obstaculizar el aborto legal en los casos autorizados por la ley e incrementar la penalización de abortos realizados clandestinamente, señala un estudio realizado por el Centro de Estudios y Asesoramiento Feminista (Cfemea).
