Este miércoles se cumplió la cuarta jornada de levantamiento de los molinetes en las cabeceras de las líneas del subte porteño contra el aumento de tarifas establecido por el gobierno de Macri. Se han juntado más de 80.000 firmas en sólo tres días.
Los trabajadores y trabajadoras del subte cuentan con el apoyo de la multisectorial contra el aumento de la tarifa, conformada el viernes pasado por un variado conjunto de organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que participan de las medidas de fuerza en cada cabecera.
El miércoles hubo novedades en el plano judicial. Tras la presentación de cuatro recursos de amparo por parte de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores, en el día de ayer el juez Fernando Juan Lima inició el procedimiento para resolverlos. Es así que en las próximas 48 horas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá interiorizarse del reclamo y responderlo para que posteriormente el magistrado tome una resolución. Se espera que ello ocurra recién entre el viernes y el lunes próximo. Marcha consultó a fuentes de la multisectorial que indicaron que lo más probable es que las medidas continúen por lo menos hasta entonces.
El gobierno de Macri convocó a la audiencia pública a la que lo obliga la ley por medio del Boletín Oficial de la Ciudad recién para dentro de 90 días, cuando debería finalizar el traspaso del subte a la Ciudad. Lo cual fue considerado como un sin sentido por los dirigentes gremiales, toda vez que en esta instancia recién debería discutirse cualquier modificación al valor de las tarifas así como también la calidad del servicio y las inversiones programadas.
Mientras tanto, empezaron a escucharse algunas voces en contra de las medidas de protesta. Después de que Mauricio Macri afirmara el viernes pasado que su gobierno debía “pagar el costo político” del aumento tarifario, ayer Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de la Ciudad, intentó minimizar las medidas de fuerza y declaró que sólo son llevadas adelante por “un pequeño grupo de delegados gremiales”. El matutino La Nación, por su parte, tituló su editorial del día de ayer “Inaceptable sabotaje en subtes” y, tras justificar el aumento de tarifas, explicó que “levantar los molinetes constituye lisa y llanamente un verdadero sabotaje. Produce la destrucción de los ingresos lícitos de la empresa concesionaria, tal como si fuera la destrucción de bienes de su propiedad. La justicia penal debería actuar rápidamente ante este delito.” Finalmente, según informaron los dirigentes de la AGTSyP, la empresa Metrovías ya empezó a hacer llegar intimaciones a los domicilios de los trabajadores y trabajadoras subterráneos. El texto de la comunicación patronal afirma que “considerando que los hechos expuestos (facilitar el acceso gratuito a los pasajeros) afectan el normal desenvolvimiento de la empresa y provocan un grave perjuicio a su empleador, se lo intima por este medio a abstenerse de participar en las acciones referidas y a retomar en forma inmediata sus tareas normales, ajustando su conducta a los deberes que le impone su contrato laboral y la Ley de Contrato de Trabajo, todo ello bajo apercibimiento de ejercer por nuestra parte las acciones y derechos a que hubiere lugar”.
Pero las voces contrarias al aumento se multiplicaron. Principalmente por parte de los usuarios, que se apresuraron a firmar los petitorios en las cabeceras de las líneas. Según un comunicado de la Coordinadora de organizaciones y movimientos populares de Argentina (COMPA), que integra la multisectorial, “la campaña contra el aumento del pasaje en el subte lleva recolectadas casi 80 mil firmas en apenas 3 días”. Marcha pudo observar filas de pasajeros esperando su turno para dejar por expreso su rechazo al aumento de tarifas. Por otro lado, Ignacio Kostzer, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que también participa de la multisectorial, señaló que “ningún pequeño grupo puede tener un apoyo tan masivo en tan poco tiempo”, en una respuesta directa a los dichos de Rodríguez Larreta.
Desde otro lugar del espectro político, Carlos Mas Vélez, presidente del Comité de la UCR Capital, rechazó los aumentos tarifarios expresando que “se privilegian otros intereses y priorizan el negocios”. Además, dijo que “la decisión del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no sólo apunta al bolsillo de los usuarios del transporte público sino, además, a la calidad de vida en la ciudad. Los vecinos y usuarios, debido al menor costo del boleto, optarán por el colectivo en detrimento del subte”. Prácticamente toda la oposición al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuestiona las medidas: legisladores de Proyecto Sur, de Nuevo Encuentro, vinculados al ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, del Frente para la Victoria y del Frente de izquierda ya se pronunciaron en contra. Las medidas continúan y se están programando próximas actividades culturales como parte de las protestas.