La recientemente creada Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad dio a conocer ayer un documento en el que afirma que existen 85 conflictos sociales en Perú. La mayoría de ellos ligados a la producción minera y protagonizados por los movimientos sociales que llevaron a Humala al poder.
La derechización del gobierno de Ollanta Humala en el Perú es uno de los elementos políticos más relevantes de los últimos tiempos en América Latina. Llevado a la presidencia por un gran número de movimientos sociales, rurales y urbanos, era considerado como la gran oportunidad del progresismo y la izquierda peruanas de avanzar en una política dominada por el conservadurismo fujimorista y el liberalismo del ex presidente Alan García y sus socios. La derecha hasta sacó a relucir el fantasma del chavismo escondido detrás de Humala, y en eso enfocó su campaña en 2006, logrando evitar su victoria. Pero el impulso generado por las asociaciones campesinas e indígenas del Perú lograron llevar a este “Chávez peruano”, como lo definía el conservadurismo, hasta el Palacio de Gobierno en junio de 2011 y, una vez allí, todos entendieron que se habían equivocado.
Humala dio un vuelco abrupto hacia los sectores más concentrados de poder del país, las fuerzas armadas y la antigua camarilla política del conservadurismo limeño. Su gabinete, que en poco menos de un año ya sufrió profundos cambios en este sentido, está hoy compuesto por exponentes de los mismos sectores que lo consideraban enemigo en 2011. Pero lo más grave son las consecuencias sociales. En tan solo 15 meses de gobierno, Humala carga con 20 civiles muertos durante protestas sociales, en su mayoría relativas a la implantación de mega proyectos mineros en la región de Cajamarca.
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) presentó ayer un informe ante el parlamento peruano en el que detalla que existen hoy 85 conflictos sociales en el país, la mayoría de ellos ligados a la lucha contra la megaminería en las regiones de Cajamarca, Apurímac y Arequipa. Vladimiro Huaroc, presidente del ONDS, creada en agosto pasado para paliar el alto grado de conflictividad generado por los emprendimientos mineros en la zona y las constantes revueltas populares en el país, detalló que el grueso de casos tiene su origen en el descontento con la minería (24), seguido del tema de hidrocarburos (12). En tercer lugar se encuentran los problemas por la minería informal en 10 situaciones específicas.
Es allí adonde mejor se expresa el abandono que el presidente Humala ha hecho de las bases sociales que lo llevaron a la presidencia. Cajamarca, por ejemplo, recibió en cuatro años unos 10.700 millones de dólares en fondos por canon minero, y sin embargo un 70% de su población vive por debajo de la línea de pobreza. Luego de 20 años de megaminería, representada principalmente por el proyecto Conga, el repudio generalizado explotó tras la ordenanza de la municipalidad regional que en 2011 declaró inviable la megaminería en una región que es el tercer productor de lácteos del país, el primer productor de lenteja y arveja, y donde el 68% de la población es rural y se dedica a la actividad agropecuaria. El 24% del territorio, la zona hídrica de Cajamarca, está hoy ocupado por la minería a cielo abierto, imposibilitando el desarrollo de las economías locales y la producción campesina.
La movilización popular había logrado, en agosto pasado, suspender el proyecto Conga hasta tanto la empresa no solucionara los problemas de distribución hídrica que había generado en toda la región. Sin embargo, hace tres semanas los pobladores volvieron a manifestarse ante la negativa de la compañía Yanacocha de retirar sus maquinarias y parar la construcción de reservorios de agua en los plazos estipulados por el gobierno.
La brutal represión sufrida por los pobladores en los últimos meses -incluyendo a representantes de la fuerza política de Humala, tales como el intendente de Espinar, Oscar Mollohuanca, arrestado en junio pasado por participar de las marchas contra la minería- y la decisión política de defender los intereses comerciales de los grandes grupos empresarios en todo el Perú, le costaron a Humala la pérdida de apoyo social de base. Sin embargo, el presidente cuenta con un alto grado de aprobación, vinculado principalmente a las clases medias y altas urbanas y a los sectores conservadores que ven con cierto regocijo su cambio de perfil ideológico. La derechización de Humala, podría tener un nuevo capítulo con el posible indulto que podría firmar en las próximas semanas para excarcelar al ex presidente Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad a 25 años de cárcel efectiva. Ya en agosto, el gobierno peruano había presentado un proyecto llamado de ‘negacionismo de los delitos de terrorismo’, donde se reprime con reclusión a quienes “nieguen delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas”, sin contemplar los crímenes cometidos por las fuerzas estatales durante el periodo de actividad de las guerrillas peruanas, principalmente Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
Así, lo que algunos creyeron pudiera ser la profundización del paradigma progresista y hasta revolucionario de América Latina, se convirtió en el enésimo fiasco. Perú tejió sus alianzas bien lejos de los gobiernos del ALBA y hasta de los ‘países progresistas’ del Cono Sur, para afianzar su relación con el sector conservador del Pacífico.