Comenzó en Italia el primer juicio acerca de las negociaciones que mantuvieron los representantes del estado con la mafia en los años ’90. En el banquillo de los acusados, ex ministros, jefes de policía y capos de las familias sicilianas.
Los altos oficiales de los carabineros, Mario Mori y Giuseppe De Donno , los senadores Marcello Dell’Utri y Calogero Mannino, el ex ministro del interior, Nicola Mancino y los máximos exponentes de Cosa Nostra, Totó Riina y Bernardo Provenzano se presentaron entre otros ayer en el tribunal de máxima seguridad que funciona en la cárcel de Palermo, un bunker subterráneo construido para llevar adelante los juicios contra la mafia. Se trata de la primera audiencia del primer juicio acerca de la colaboración que Cosa Nostra y el estado italiano mantuvieron durante los años ’90, especialmente en la primera mitad, cuando la mafia siciliana comenzó una estrategia marcada por los atentados y el terrorismo, para parar los arrestos de sus exponentes. De comprobarse esta acusación, las matanzas de jueces, policías y civiles perpetradas por los clanes sicilianos, podrían pasar a considerarse, con razón, terrorismo de estado.
Una parte muy oscura de la historia italiana con consecuencias actuales. Hace dos meses, fue intervenida una llamada que el ex ministro del interior, Nicola Mancino, hacía al actual presidente del la república, Giorgio Napolitano. Además de quejarse ambos de la mala imagen que Silvio Berlusconi había dejado del país, Mancino pedía ayuda al presidente contra los jueces de Palermo, que lo querían enjuiciar en los procedimientos antimafia que se llevan a cabo en Sicilia.
El primero de julio de 1992, Mancino, de origen democristiano, asumía como ministro del interior por un gobierno de centro izquierda guiado por Giulio Amato. Ese mismo día recibió en su despacho a Paolo Borsellino, famosísimo juez italiano pionero en la lucha contra las organizaciones mafiosas del sur de Italia. La fama de Borsellino había crecido a nivel mundial cinco semanas antes, con la masacre de Capaci, donde fue asesinado el juez Giovanni Falcone, su compañero en la creación del primer gabinete de justicia encargado de investigar y disolver a las organizaciones mafiosas. A Falcone lo habían matado haciendo volar por completo un puente de la autopista cuando pasaba su auto con escoltas, y muchos aseguraban que los días de Borsellino, en aquella época, estaban contados. Fueron Falcone y Borsellino quines instituyeron las ‘aulas-búnker’ de tribunal para los juicios de mafia. Fueron los que instituyeron el primer ‘maxi-juicio’ contra Cosa Nostra en el ’86, gracias al cual, por primera vez, fueron encarceladas más de 400 personas pertenecientes a la mafia siciliana.
Nunca se supo de qué hablaron Mancino y Borsellino esa tarde de 1992. De hecho, la escusa con la que hoy se lo acusa penalmente al ex ministro es la de falso testimonio, al haber declarado que esa reunión nunca existió. Dieciocho días más tarde, una bomba en la casa de Borsellino mató al juez y toda su escolta.
Estado cómplice
Fue el periodo de las ‘bombas de mafia’. Entre 1992 y 1993 explotaron en la vía pública diez artefactos en Florencia, Roma, Milan y Palermo causando un total de 21 víctimas. Todos atentados atribuidos a la mafia, especialmente la Cosa Nostra siciliana para frenar los arrestos y juicios contra sus miembros, desatados por las investigaciones de Falcone y Borsellino. En ese contexto fue que empezaron las negociaciones.
Mario Mori y Giuseppe De Donno , altos oficiales de los carabineros en Sicilia comenzaron una serie de contactos con la Cosa Nostra para negociar sus demandas, a través del ex alcalde de Palermo, Vito Ciancimino, confieso mafioso de la Democracia Cristiana. Las exigencias de la organización eran pretenciosas. Revisión de la sentencia del ‘maxi-juicio’ del ’86, anulación del decreto 41 bis que instaura la reclusión en aislamiento para mafiosos, anulación de la ley que pena como delito la asociación mafiosa, cárcel común y cerca de los familiares para los exponentes de la organización, y una serie de reivindicaciones que volvían para atrás todo lo logrado por los jueces y movimientos sociales antimafia de todo el país.
De estas negociaciones, que lograron avanzar, se habían enterado el senador Marcello Dell’Utri -brazo derecho de Silvio Berlusconi y principal sospechoso de mantener estrechas vinculaciones con Cosa Nostra desde hace treinta años-, y el diputado democristiano Calogero Mannino -‘ministro extraordinario de los asuntos del sur de Italia’ en los primeros años ’90-. Pero, según las reconstrucciones, también sabían Mancino y Borsellino, y de allí la reunión entre ambos en aquél julio de 1992, desmentida por el ex ministro, pero que podría haber sido la última ‘apretada’ contra el juez para que parara sus investigaciones.
Ayer Mancino compareció ante los jueces para dar explicaciones. Los imputados pidieron mantener las audiencias a puertas cerradas, cosa que se les concedió, y la segunda sesión fue fijada para el 15 de noviembre. Desde un principio, el poder judicial se encargó de entorpecer la investigación sobre las negociaciones entre mafia y estado a toda costa. En junio pasado el expediente fue misteriosamente cerrado. Tras la inmediata reapertura, el juez a cargo, Antonio Ingroia, quien trabajó con Falcone y Borsellino en los ’80, fue designado para viajar a Guatemala como observador de la ONU en la ‘lucha contra el narcotráfico’, y de esa manera apartado del caso más ‘caliente’ de los últimos tiempos.
Según los movimientos sociales y políticos del sur de Italia, que desde hace décadas combaten la mafia en sus territorios -es de recordar el caso de Giuseppe ‘Peppino’ Impastato, militante comunista asesinado en 1978- aún quedan muchos funcionarios por enjuiciar, de ayer y de hoy. Los documentos judiciales a los que tuvieron acceso periodistas sicilianos comprueban la sospecha de una intervención directa de los servicios secretos italianos en ese periodo, con amparo logístico y legal para Ciancimino y hombres ‘disidentes’ durante el mando de Riina en Cosa Nostra. El proyecto de la organización era, según su líder, dejar de depender de los políticos, y comenzar a disputar el estado. De allí las conexiones con los altos funcionarios de gobierno. Riina quería fundar un gran partido “de centro”, que sustituyera los ya desgastados partidos tradicionales, justo cuando se consumía el más importante escándalo político de la historia italiana, Tangentopoli. Pocos meses más tarde Silvio Berlusconi fundará Forza Italia, un partido de centro en el que figuran varios de los funcionarios acusados de cooperar con Cosa Nostra.