Por Tomás Astelarra
En el marco de la 9na Marcha de la Gorra, Marcha conversó con el activista por los DDHH sobre la militarización de la ciudad de Córdoba, la enorme inversión en seguridad que no bajó las tasas de hechos criminales, la relación de la policía con las bandas narcos y la región articulada para generar esa sensación de “guerra permanente”
Sergio Job es abogado, doctor en Ciencias Políticas y militante del Encuentro de Organizaciones (EO) que nuclea planes de tomas de tierras, educación y economía social y que es una de las organizaciones que participa históricamente de la Marcha de la Gorra. También es integrante del colectivo Llano en Llamas que hace poco presentó el informe “El costo del Miedo”, donde se analiza el aumento en la inversión en seguridad en la provincia de Córdoba y su verdadera incidencia en el control de la criminalidad. Mientras que el Estado aumentó un 54,5% su gasto en seguridad, y así se convirtió en el principal ítem presupuestario, mientras que el aumento en Salud fue del 44,1% y en Educación inicial y primaria, apenas del 9,6%. El promedio de gasto privado por familia es de $1.750.
Job relata que comenzaron como grupo de investigación en 2004, casi todos somos militantes, y teníamos compañeros detenidos por conflictos de tierra. Entonces sacamos un informe sobre tierras, en el que mezclamos lo cualitativo con datos duros. Vimos que tenía un impacto, por la legitimización que nos da ser universitarios, algunos investigadores del Conicet, etc.”. En ese momento se dio lo de los “corralitos” en la Ciudad (jóvenes marginales atrapados en plena plaza pública) y vieron el avance de la judicialización, e hicieron otros informes. “Antes habíamos hecho uno sobre el Código de Faltas, que tuvo un impacto en la legislatura, hasta se usó en el juicio contra Márquez (Pablo, comisario acusado de ordenar detenciones arbitrarias en base al Código de Faltas). Son datos duros que ayudan, porque si no es sólo una sensación”, aclara.
Pero entonces vieron ese “espiral totalmente alocado de invertir en seguridad” y notaron que tenía dos patas: la pública y la privada. “‘Pública’ entre comillas porque son estos estados privatistas, guerreristas, como Massa o De La Sota”, agrega Job y suma: “Pero también hay una dinámica de las familias que comparten esta visión del miedo, la necesidad de seguridad, el avance enorme de los barrios privados. Mostrar que hay una industria del miedo que favorece a muy pocos sectores, está muy monopolizado”.
-¿Y el crecimiento de fuerzas policiales cómo repercutió en la tasas de criminalidad?
-Las fuerzas de policías crecieron de 11.000 a 23.500 integrantes en cuatro años, y también crecieron las fuerzas de seguridad privada de manera brutal. Y se estima que el 50% está en negro. Estamos hablando de un ejército paralelo de hombres armados con muchos ex policías, ex comisarios, que están funcionando a la par. Estamos hablando de una situación muy compleja en términos de violencia, sumado a las redes narcos. Hay un caldo de cultivo muy complejo, porque todos estos sectores integran las redes narcos. Si la justicia deplorable que tenemos tiene que decir que la cúpula de la policía está involucrada en el narcotráfico, imaginate.
Y lo que hicimos con todo eso fue cuantificar esta inflación de pedidos de medidas de seguridad, comparando con las tasas de criminalidad, que no han bajado e incluso aumentó la violencia de los hechos. Como hay tanta policía, los hechos tienen que ser más rápidos, más violentos. En vez de estar solucionando el asunto, están incrementando los hechos de violencia. Esto sumado a algo que está estudiado por la criminología mundial: que el sistema penal genera clientes y si vos empezás a detener un pibe a los 12 años, solo porque es pobre y le empezás a decir que es choro, y lo mandas a un Instituto, entra en una carrera delictiva. Ellos generan sus propios clientes o empleados. Tengo el caso en Alta Gracia de un joven que murió ahorcado en una comisaría y ya les había avisado a sus padres que la policía lo iba a matar porque no quería colaborar. Y así hay muchos casos. Y también han afinado la inteligencia en los barrios. Cada comisaría tiene su inteligencia.
-¿Cómo operan los grupos narcos? ¿Se parece el entramado al de otras ciudades latinoamericanas?
-Lo particular en Córdoba con respecto a otras ciudades es que no hay una estructura autónoma de los grupos narcos. Si uno quiere participar de la red narco, tiene que ser policía. La complicidad es total. El Chancho Sosa, el narco más conocido, primero no es el número uno, y además es puntero conocido de De la Sota. Paredes (Alejo, ex-ministro de Seguridad) es jefe narco y tuvo allanamientos. Hay sobrados testimonios, es un entramado muy complejo.
Hay algo que no se puede negar: que los responsables políticos y militares de las experiencias de México, Colombia y Córdoba se han formado juntos. Paredes, que es el que estructura la policía Siglo XXI en Córdoba, es un tipo formado en el Mossad, no es algo secreto que fue formado en Estados Unidos y en Colombia, principalmente. Cuando uno ve el ala democrática dentro del ministerio de Seguridad, relacionada con la que luego fue ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que tiene un discurso más progresista, más de policías de cercanía, comunitaria, y todo este verso pseudo progresista, no sólo fue formada en Colombia, sino que trabajó en los equipos de seguridad que reurbanizaron Medellín, las Cooperativas Convivir de Uribe. Y ahora está trabajando con la fundación Córdoba Mejora, que reúne a las 25 empresas más grandes de Córdoba, que le está financiado un programa de seguridad “por afuera del gobierno”. Es una mujer que fue volteada por la misma policía porque la consideraba “demasiada democrática”.
Lo que hay que entender es que hay una política de seguridad para la región claramente establecida. Lo que alguna vez fue la doctrina de seguridad nacional hoy es la de seguridad ciudadana o seguridad democrática. Con adaptaciones, obviamente, hay algunas recetas que vienen de San Pablo o Rio de Janeiro, como las recetas de pacificación, que entran a los barrios pobres haciendo un cerco, que llaman “cerco sanitario”. Hablan en términos médicos biológicos porque lo que están aplicando son biopolíticas. Foucault dice que la biopolítica es el umbral donde política y vida se entrecruzan, cuando uno ve que intervienen ciudades en su manera de vivir.
-¿Y en Córdoba cómo se refleja ese cambio en el hábitat?
-Por ejemplo, en los cambios urbanísticos con De La Sota: trasladaron barrios enteros, instalaron un enorme sistema de cámaras de seguridad, helicópteros, está la cuestión de la guerra permanente. Una sensación de guerra, de miedo permanente que promueve un nivel de indefensión para la inmensa mayoría. Eso acompañado de un Código de Faltas brutal en términos de aplicación extensiva, con 7600 personas detenidas por año, con un nivel de arbitrariedad enorme que rompe con la misma definición de derecho republicano.
No estamos hablando de una lógica comunitaria, socialista… están quebrando su misma lógica de división de poderes. Acá la policía detiene, juzga y aplica la pena, sin posibilidad de que un abogado intervenga.
Y creo que con respecto a otros países, creo que las clases dominantes tienen relaciones concretas, se están formando en los centros de poder: lo que antes era la Escuela de las Américas, el ejército, ahora son estas policías militarizadas que funcionan como ejércitos de ocupación. Si había una ventaja antes con el ejército, es que conocíamos el territorio de una manera que ellos no podían. Hoy con la policía, excepto en territorios donde no los dejamos entrar, que son los menos, el conocimiento de los barrios es el mismo.
También hay una cuestión simbólica de imagen: una seguridad inventada por los medios.
Están los Comando Anti Pobres, como le decimos nosotros, que son los Comandos de Acción Preventiva (CAP). Es lo mismo que la guerra preventiva en Irak: la prevención como intervención en el espacio, que define un enemigo de antemano y después, también, cómo se van especializando y creando nuevas estructuras de mayor nivel de control. Hoy uno ve la policía de Córdoba y son todos robots camuflados que apenas se le ven los ojos, el chaleco antibalas siempre puesto. O van en motos con el caño de escape libre, o insignias con calaveras. Están marcando este giro a la guerra. Están diciendo algo claramente: ya los colores de la policía no son el azul y blanco, la insignia patria, son camuflados; eso tiene una lógica.