Por Mariano Pacheco // Fotografía: Mafita Espejo
El año pasado, con audiencias públicas mediante, no prosperaron los intentos de avanzar en la modificación del cuestionado Código de Faltas y en la aprobación de un Nuevo Código de Convivencia. Ahora, el oficialismo insiste con la iniciativa.
La idea es reclutar consensos entre los distintos bloques y dejarle al nuevo gobernador, Juan Schiaretti, el código aprobado. Por eso ayer comenzaron las reuniones y tratativas en la Unicameral. Así, por otra parte, lo expresó a este cronista Sergio Busso, jefe del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, quien caracterizó al borrador del proyecto como “muy garantista”. “Hemos propuesto que ya no sea la policía la que juzgue, sino los jueces de paz en el interior y los ayudantes de fiscales en la Capital. También que se garantice la asistencia letrada para garantizar el derecho de defensa y ponerles límites a las detenciones preventivas, es decir, que no superen las doce horas”, aseguró el jefe de la bancada oficialista.
Por su parte, Liliana Montero (ex jefa del bloque del Frente Cívico, actualmente reelecta como legisladora por el Frente para la Victoria), manifestó que tanto ella como otros legisladores de la oposición que vienen trabajando sobre el tema están en contra de que el juzgamiento pase por los jueces de paz y los ayudantes de fiscales, aunque consideran que lo más importante es sacar a la policía del medio de estas funciones y, por lo tanto, aprobarían el proyecto de modificación. “De todos modos hay exceso de figuras en el nuevo Código, y algunas incluso se superponen con figuras penales”, aseveró ante este medio la legisladora, quien por otra parte subrayó el hecho de que la delimitación no puede ser subjetiva, y pone como ejemplo cuando se habla de “actitud sospechosa” o que atenta “contra la moral pública”; situaciones muy difíciles de establecer objetivamente. “El planteo de fondo, de todos modos, es que la modificación del Código de Faltas que se propone no cambia ni la inseguridad ni los abusos policiales. Lo que hay que cambiar es la matriz conceptual de la seguridad pública”, apuntó Montero.
Ese oscuro objeto del deseo
Respecto de las “virtudes garantistas” esbozadas por el legislador Busso, el abogado, docente y miembro del Observatorio en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Cristian Crisafulli, destacó que el artículo en cuestión (el 19) tiene una “redacción confusa”, y si bien establece que en caso de que el imputado carezca de abogado, la autoridad de aplicación “le hará designar uno de oficio”, del listado del “Colegio de Abogados con sede más próxima al lugar del juzgamiento”, no queda muy claro cómo dicha institución podría llevar adelante “la defensa gratuita de doscientos contraventores diarios”.
En un texto de catorce puntos en el que explica el entramado del nuevo Código, Crisafulli también menciona que el proyecto contradice a la Ley nacional 22.803, ya que se podría aplicar una contravención a personas menores de 18 años (jóvenes de 16 o 17 años). En el texto (que puede leerse completo en http://www.cba24n.com.ar/content/catorce-puntos-para-entender-el-nuevo-codigo-de-convivencia), el abogado concluye que este proyecto oficialista tiene como trasfondo la “intención política de empoderar aún más a la policía”.
Putas, lúmpenes y cirujas
Porroncito en la esquina, no. Cerveza en el bar de la esquina, sí. Como si fuera un tramo del programa televisivo de Diego Capusotto (“¡Uy, nos rompieron el orto!”), y tal como viene sucediendo en la Córdoba delasotista, el Estado condena uno de los modos básicos de la socialización de la juventud de los sectores populares: reunirse en una esquina para tomar una birra. También se plantea castigar (incluso con arresto de hasta tres días) a los denominados “Naranjitas” (personas que cuidan vehículos sin estar autorizadas). Esto implica concretamente otorgarle a la policía una razón para controlar, perseguir y detener a personas que quieran prestar este servicio. Tampoco los “Carreros” se salvan del proyecto, que contempla el arresto de hasta tres días también para ellos, bajo el confuso lema de ser quienes puedan dejar “bestias de tiro en lugares públicos sin tomar las precauciones para que no configure un peligro a la seguridad del tránsito”. Respecto de la eliminación de la falta por “prostitución escandalosa”, tal como ya lo había señalado la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) el año pasado, los artículos que sancionan el “nudismo” y los “tocamientos indecorosos” siguen dando lugar a la “criminalización del trabajo sexual”.
Resistencias, adentro y afuera
Laura Vilches, legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, señaló asimismo que la propuesta del oficialismo es “mucho más restrictiva respecto de la protesta social” y puso como ejemplo el artículo propuesto por el delasotismo, en el que se aplicaría el Código a quienes injurien a funcionarios públicos, o la prohibición de bloquear el ingreso tanto de edificios públicos como de entes privados. “El FIT votará en contra de la modificación del Código de Faltas porque estamos por su derogación”, aseveró Vilches.
La misma postura sostienen desde el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), quienes ayer emitieron un documento al respecto, en el que señalan –entre otras cosas– que las modificaciones propuestas por el peronismo que gobierna la provincia desde hace década y media son una “mera lavada de cara”, que busca “aplacar las críticas que en los últimos años ha recibido el código, por parte de cada vez más amplios sectores, organizaciones sociales y políticas, que no persiguen otra modificación, sino su completa derogación”. El texto también destaca que “producto de una larga lucha y una creciente movilización y repudio al accionar policial”, se conquistó que, en los últimos tiempos, sean de público conocimiento los casos de abuso policial, detenciones arbitrarias y gatillo fácil que se suceden a menudo en la provincia.
Desde el FOCCOF convocaron a una reunión abierta. La cita es mañana, jueves, a las 18 horas en Obispo Trejo 365, sede del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren). El motivo: definir una serie de medidas de lucha contra ésta, una de las últimas iniciativas del delasotismo en retirada.