Por María Eugenia Marengo. A más de un mes del bloqueo a la planta de semillas de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba, la solidaridad crece y la organización se fortalece en la resistencia permanente.
La nueva planta de acondicionamiento de semillas de maíz transgénico de Monsanto, es un proyecto que prevé una capacidad máxima de producción de 3,3 millones de bolsas de semillas para la siembra. La inauguración está prevista, según la propia multinacional estadounidense, para el año 2014. “Los cordobeses tendrán el orgullo de contar con una de las plantas más importantes del mundo”, sostienen desde la empresa. Sin embargo, no sólo el acampe que lleva más de un mes es una demostración de rechazo, en la encuesta realizada por la consultora Sicchar la mayoría de la población cordobesa dijo no estar de acuerdo con la instalación de la planta más grande de Monsanto en América Latina.
A lo largo de un predio de 28 hectáreas ubicado a 9, 5 km de la ciudad de Córdoba por la ruta nacional A-88, se asoman los primeros silos -el proyecto terminado contempla 240 en total-, construidos por Monsanto. Alrededor, una serie de carpas, huertas, wiphalas, rondas y banderas con calaveras, son parte de los cinco refugios improvisados, en los que integrantes de distintas asambleas socio ambientales se han distribuido para bloquear los accesos a la planta.
El viento frecuenta la zona con fuerza, hace del aire polvo y los ojos lagrimean. El quinto bloqueo apenas se ve, hay que atravesar una tranquera y tomar un camino de tierra para llegar. Éste fue el último de los pasos que Monsanto abrió para pasar los materiales de la obra. “Es casi una trinchera”, explican Matías y Martín, los más alejados, donde el viento galopa a ritmo salvaje. El refugio está casi debajo de la tierra. “Nos vamos rotando en los distintos puestos. Viene gente de todos lados del país y del mundo; han pasado alemanes, australianos y hasta estadounidenses”.
El pasado 30 de septiembre hubo un violento intento de desalojo, sin orden judicial, con dos detenidas y heridos; mientras que Sofía Gatica -integrante de Madres de Ituzaingó- debió ser hospitalizada. En la actualidad, fue la propia empresa la que decidió frenar las obras, hasta después de las elecciones.
“El desmonte también ha aumentado el viento”, dice Juana Angélica Figueroa de 68 años, alias ‘Beba’, una de las integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la vida. Desde el primer día que se definió hacer el acampe, el 18 de septiembre, no dejó de ir. Además, su casa es de todos. Allí van a bañarse, a usar internet o a descansar. “Yo no fumo. Pero suelo traer cigarrillos para repartir”, dice en un tono cómplice y solidario. Hace un tiempo, Beba fue una de las que se encadenó en una de las entradas a la planta de Monsanto.
“El discurso del progreso y el aumento de puestos de trabajos para la población es uno de los slogans principales para generar aceptación”, explica Virginia Basualdo, integrante de la Asamblea socio ambiental Casa Córdoba. Esto también se refuerza con el aumento de las prácticas asistencialistas del intendente de Malvinas Argentinas, el radical Daniel Arzani, y la persecución que sufren los propios pobladores si son vistos en el acampe.
La base ilegal de Monsanto
La provincia de Córdoba está sufriendo una crisis hídrica y ambiental desde hace varios años, llegando en el 2013 a uno de sus peores momentos, con 95.000 hectáreas de bosques incendiado. Sin embargo, desde el gobierno provincial, se estimulan los negocios privados favoreciendo a los emprendimientos inmobiliarios, al desmonte y al capital trasnacional, en plena sintonía con el modelo productivo fomentado por el gobierno nacional.
En este marco, la planta de Monsanto fue autorizada irregularmente por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), se realizó una denuncia penal contra el secretario de Ambiente de Córdoba, Luis Federico Bocco, y contra su antecesor, Raúl Costa, por incumplimiento de deberes como funcionario público. El pasado 23 de octubre, en el marco de la “Jornada Nacional de Lucha contra el Modelo extractivista, de saqueo y contaminación”, se hizo una manifestación en dicha Secretaría, donde los funcionarios se negaron a dar explicaciones.
La Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), es un órgano de la Secretaría de Ambiente, cuya función es analizar la autorización para este tipo de emprendimientos. “Desde el 2008 está integrada por personal no idóneo, con poca experiencia profesional, pero que garantizan la aprobación de todo proyecto del gobierno”, explica Virginia, dando con uno de los argumentos de la denuncia iniciada por Funam. La denuncia apunta a la violación de las leyes provinciales, N°8789 y N°9156, donde se define que dicha comisión debe estar integrada por organismos descentralizados del gobierno, con un funcionamiento plural y con la participación de representantes de todos los ministerios. Tampoco se hizo ningún estudio de impacto ambiental, como indica la Ley General de Ambiente.
Monsanto ha sido condenado por varios Tribunales en el mundo, y en la mayoría de los países europeos, están prohibidos sus productos. Sólo el 1% de todo el maíz cultivado en Europa es transgénico. En nuestro país, el proyecto que intenta modificar la Ley de Semillas otorgaría un amparo legal a las empresas productoras de semillas transgénicas sobre la propiedad intelectual, Monsanto tiene el 87% de este mercado. Mientras que los agricultores estarían obligados a pagar de por vida a las multinacionales por el uso de sus semillas.
La instalación de la planta de Monsanto en Córdoba, implica un paso más para consolidar el monopolio de la semilla de maíz, y de aprobarse esta ley, la soberanía alimentaria quedaría en manos privadas, generando una dependencia alimentaria en función del agronegocio, cuya única finalidad es la valorización especulativa del capital.