Por Mariana Relli, desde Madrid. Aunque se intenten invisibilizar desde el poder político, las redadas policiales racistas y clasistas en busca de población sin papeles persisten en Madrid, tal como lo demuestra el Segundo Informe de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos.
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) de Madrid presentaron esta semana su Segundo Informe (2011-12), trabajo que sistematiza y analiza la información recogida en las salidas diarias de los y las brigadistas y de los avisos de redadas policiales recibidos a través del correo electrónico y de twitter. Este Informe aporta sólidos elementos para la denuncia pública de una práctica policial cotidiana en todo el Estado español: los controles de identidad con el fin de detener personas sin documentos, regidos por parámetros racistas, clasistas y xenófobos, y violatorios de derechos fundamentales.
Tal como lo realizaran en noviembre de 2011, cuando fue presentado el Primer Informe (2010-11), en esta oportunidad, las BVODH -colectivo de vecinos y vecinas que llevan adelante tareas de relevamiento de información, difusión y denuncia de las acciones emprendidas por la policía contra la población inmigrante- mostraron ante la prensa los resultados de su trabajo de sistematización de información al respecto. En este Segundo Informe los datos demuestran que los controles no han disminuido en la ciudad de Madrid, a pesar de lo expresado en la Circular X/2012 de la Dirección General de Policía, de mayo de 2012, en la que el gobierno del Partido Popular (PP) anunciaba que se ponía fin a las redadas ilegales.
El Informe reconoce tres estrategias de actuación policial en la vía pública y las denomina: la discreción, la espectacularidad y la obstaculización de la circulación. Las dos últimas son las modalidades tradicionales e implican operativos de fuerte presencia de uniformados parapetados junto a los camiones de policía, interceptando a quienes transiten y tengan rasgos no europeos para que demuestren que su documentación está en regla y llevándose detenidos a quienes carecen de ella. A su vez, se señala que hay un aumento significativo de los pedidos de identificación a trabajadores y trabajadoras que transitan por nodos de transporte y por la vía pública, encarados por policía secreta y ya no por grupos de uniformados, como se realizaban mayoritariamente hasta hace escasos meses. Al respecto, el Informe expresa: “La Circular X/2012 no ha supuesto el fin de estos controles discriminatorios, sino más bien un mero intento de invisibilización mediática y social, así como un ensayo de normalización de su existencia en un contexto de vulneración generalizada de derechos”.
Las BVODH expresan que desde el poder político se ha pasado de la negación de la existencia de dichas prácticas a la normalización de la presencia de policía en las calles realizando controles de identidad. El que esta actividad se convierta en parte inmutable del paisaje urbano “contribuye a generar un imaginario estigmatizador que relaciona migración y delincuencia, presentando a la población migrada como malhechores y enemigos, siempre bajo sospecha, lo que origina xenofobia y racismo social”. De esta manera, se fabrica una sensación de inseguridad y alarma social que degrada la convivencia en los barrios y abre la puerta a la coacción de derechos y libertades.
Por otra parte, las consecuencias de las detenciones (y en muchos casos, encierros de varios meses en los Centros de Internamiento de Extranjeros) en la vida cotidiana de las personas migrantes son gravísimas, puesto que se las saca violentamente de sus circuitos habituales de trabajo, crianza de hijos y redes comunitarias por el mero hecho de no contar con documentación y, sobre todo, por tener rasgos no europeos, en una práctica claramente xenófoba.
Las BVODH se conformaron como colectivo en el año 2009 a partir de la confluencia de muchas personas de Madrid que, indignadas frente a los controles de identidad que presenciaban a diario en las calles y estaciones de subte, trenes y autobuses de la ciudad, decidieron organizarse para visibilizar y denunciar esta situación. Las redadas de la policía contra la población inmigrante están direccionadas claramente por criterios racistas, xenófobos y discriminatorios puesto que, “para hacer más eficiente su trabajo”, los agentes sólo piden documentación a las personas que ellos consideran extranjeras por sus rasgos físicos. Además, miembros de las BVODH señalan que las redadas tienen un fuerte sesgo clasista, dado que se realizan en espacios de tránsito de trabajadores y trabajadoras en los horarios de mayor movimiento hacia y desde los lugares de trabajo.
La denuncia pública de estas prácticas tuvo respuestas desde el anterior gobierno del Partido Socialista Obrero Español y desde el actual del PP: demandas administrativas y penales contra miembros de las Brigadas quienes, a sus ámbitos de acción callejera han debido sumar los pasillos de los juzgados y oficinas gubernamentales, pero, lejos de asustarse, siguen creyendo en las prácticas de organización y desobediencia civil como único medio de visibilizar la situación y desenmascarar al gobierno.
Descargas completas del Primero y Segundo Informe en: http://brigadasvecinales.org/