Por Nuria Illán. En el día de ayer, estudiantes y docentes realizaron una jornada de paro y movilización a la Legislatura Porteña, en rechazo de la aprobación del proyecto de ley que pretende la conformación de un Instituto de Evaluación Docente.
Organizaciones docentes y estudiantiles concentraron en el día de ayer en la Legislatura Porteña para rechazar la aprobación del proyecto de ley impulsado por el macrismo, que busca la conformación de un Instituto de Evaluación Docente externo, organismo de carácter autárquico que podrá establecer convenios con capitales públicos y privados, nacionales o extranjeros. Por otro lado, el Frente Para la Victoria también presentó un proyecto, en contraposición, que establece que el funcionamiento de este Instituto debe estar en manos del Gobierno de la Ciudad, argumentando que la evaluación de la calidad del sistema educativo público debe estar garantizada por el Estado y no por empresas privadas.
En diálogo con Marcha, Laura Marrone, integrante del sindicato Ademys y legisladora electa de la Ciudad de Bs. As por el Frente de Izquierda, sostuvo: “Estamos acá para expresar nuestro rechazo al proyecto de ley de evaluación externa y la creación del instituto autárquico que plantea el PRO. Y también del proyecto que presentó el FPV, que consiste en un rediseño de la evaluación, al que llaman integral. Ambos proyectos, si bien tienen la diferencia de que uno propone un instituto autárquico y el otro lo plantea dentro del Ministerio, apuntan a un diseño que se viene implementando hace 20 años en EE.UU y que luego se extendió en otros países de Lationoamérica, por el cual se pretende que el desempeño docente pueda ser evaluado desde pruebas estándar externas. Entendemos que esto es un absurdo porque las prácticas pedagógicas sólo se pueden evaluar en su contexto.” Y agregó: “En los propios países, como EE.UU, estalló la crítica y la movilización de padres y docentes en contra a partir de que se quisieron cerrar 34 escuelas de población con dificultades en Seattle, justamente porque tenían malos resultados. Con la movilización se consiguió que se terminará con éstas pruebas.”
Por su parte, Carlos Oróz, Secretario Gremial del sindicato y miembro de CTA, sostuvo: “Lo que se quiere instalar es un tipo de evaluación competitiva entre los docentes, de carácter punitivo, para llevar a cabo una política de diferenciación salarial” explicando que dicha evaluación determinará la “calidad” de la enseñanza en cada una de las escuelas y el desempeño de los docentes, afectando el puntaje y el salario de los mismos. “Además, esta protesta se inscribe en un marco global que va contra la inscripción online, mediante la cual el Gobierno de la Ciudad concentra la matrícula y con la que se prepara el cierre de cursos para el año que viene, y reclamando también un aumento de emergencia y la reapertura de la mesa salarial.”
Semanas antes de que se sucediera la discusión en la cámara legislativa, el Ministerio de Educación de Ciudad avanzó con la nueva propuesta en institutos de Educación para Adultos y Adolescentes: “Se nos avisó con menos de una semana de anticipación, con una carta escueta de la Supervisión y quienes tomaron las evaluaciones a los estudiantes fueron integrantes del equipo de Supervisión que se hizo cargo del curso mientras los estudiantes escribían. Personalmente me negué a que lo hicieran en mis horas de clase y, luego, algunos estudiantes también se negaron a resolverlas. Los directores de los CENS no recibieron ninguna información acerca de las pruebas, ni objetivos, ni de cómo se leen los resultados, la pertinencia a la realidad educativa de la educación de adultos, etc.”, contó a Marcha la docente Susana Aime, agregando: “resulta claro que esta evaluación, como las que se hicieron en la escuela media, es un ensayo de la imparcialidad y la autonomía que impondrá el Instituto Autárquico de Evaluación de la Calidad Educativa, que operará de manera técnica y que, como en la mayoría de las políticas de importación educativa, no sabemos quién leerá e interpretará las pruebas enlatadas.”
Numerosas son las movilizaciones que las organizaciones docentes y estudiantiles han llevado a cabo durante los últimos años para rechazar medidas impulsadas por la gestión macrista, las cuales apuntan al vaciamiento de la escuela pública y favorecen el desarrollo de la educación privada.
Finalmente durante la madrugada, y en el marco de varias horas de concentración, los legisladores no pudieron llevar a cabo la votación, decidiendo dejar al proyecto en reserva. Sin embargo, desde el sindicato Ademys no se descarta la posibilidad de que éste sea votado durante los próximos días en una sesión extraordinaria: “Allí estaremos, cuando haga falta, los docentes en lucha para resistirlo nuevamente, con la fuerza de todas las compañeras y compañeros, juntos, en defensa de la Educación Pública.”.