Segundo día de toma de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires contra los recortes de personal y salario. Luego del fracaso de las negociaciones se pasó a cuarto intermedio hasta hoy, mientras Gendarmería aguardaba con una orden de desalojo en mano.
Los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires mantienen tomada la sede central de La Plata desde el martes a la mañana. La medida se decidió luego de una asamblea que votó el paro general de actividades en todas las sedes de la DGCE que componen el Ministerio y la toma de su edificio central de la calle 13. El conflicto comenzó cuando la nueva ministra de Educación provincial, Nora de Lucía, decidió despedir a más de cien trabajadores precarizados, a los que se sumaron otros 14 del área de Contralor Docente.
Al comenzar las medidas gremiales, con retención de tareas, asambleas y cortes de calles, las autoridades anunciaron un recorte salarial del 10%, para aumentarlo luego al 16 y eliminar para el mes próximo la totalidad de la compensación salarial percibida.
Ariel Olivera, delegado de la Junta Interna de ATE educación, explicó anoche a Marcha que la toma arrancó desde los propios trabajadores de la DGCE para luego extenderse a gremios docentes y otros sindicatos estatales. Al cierre de esta edición de Marcha, se encontraban en el edificio unos mil trabajadores, la mayoría de ATE, aunque se podían ver banderas de trabajadores de la salud, Suteba y seccionales de estatales de Quilmes y Zona Sur.
Ayer a la mañana los trabajadores del área informática de Educación que se acercaron para cumplir sus tareas también se plegaron a la medida. De esta manera, existe el riesgo de que no se puedan liquidar los sueldos de medio millón de docentes de la provincia y de los estatales dependientes del Ministerio.
Olivera explicó que, además de las reivindicaciones gremiales, hacen fuerte hincapié en la implementación de un verdadero paquete de ajustes en educación que incluye todas las áreas donde el estado provincial debería invertir. “Hay áreas de la educación bonaerense que se están vaciando. Mantenimiento, talleres e infraestructura no tienen presupuesto ni materiales. Evidentemente a los funcionarios no le importa que no haya obras en las escuelas salvo cuando hay algún caso resonante donde pueda quedar herido algún alumno o algún docente. Las escuelas no se están arreglando y ellos no demuestran ninguna preocupación al respecto”, contó ayer temprano a los micrófonos de Radionauta de La Plata.
Asimismo, justificó la dureza de la medida, ya que “hacerle un paro cuando ellos no quieren que la dirección de educación funcione bien, es casi hacerle el juego a ellos. Entonces la toma es la medida extrema a la que tenemos que llegar para resolver estas cuestiones. Las autoridades ante la marcha de más de 3000 trabajadores del viernes pasado respondieron con más ajuste dirección por dirección, intentando dividir la lucha”.
Olivera saludó la presencia de gremios docentes en la toma. “Hemos tratado desde ATE de explicar a los docentes y auxiliares en qué les afectan las medidas de ajuste que están sucediendo aunque parezcan ser cuestiones técnicas. Las autoridades disfrazan los recortes a cargos auxiliares y el cese de muchas subvenciones docentes como cuestiones técnicas. Nosotros entendemos que es un paquete de medidas de ajuste que los incluye a ellos también”.
A la noche, también se sumaron los trabajadores de área de salud que lograron impedir el recorte de horas extras y viáticos implementados por las autoridades provinciales, un triunfo que fue recibido con un cerrado aplauso por sus pares de educación.
Luego de varios intentos de abrir un canal de diálogo con las autoridades, anoche una delegación de trabajadores se encontraba reunida con algunos de los funcionarios para lograr destrabar el conflicto, aunque se debió pasar a un cuarto intermedio hasta esta mañana. Los delegados rechazaron la oferta del ministerio. De los 7 millones de pesos que implica el total del ajuste estaban dispuestos a sacar sólo 700.000, manteniendo un recorte total de 6 millones 300.000 pesos.
La amenaza del desalojo
Durante la tarde de ayer, la cartera bonaerense radicó una denuncia en el Juzgado de Garantías N 4, que dictó una medida cautelar “tendiente a restablecer el orden” y “garantizar el derecho de quienes quieren trabajar”. En los hechos, una orden de desalojo aplicable a partir de las 19. Al estar aún reunidos con las autoridades en el edificio, los 7 camiones de infantería apostados en el lugar aún no habían intervenido al cierre de esta edición de Marcha.
“Vinimos a hacernos cargo de esta situación para evitar los excesos. La sociedad nos demanda mayor responsabilidad en la función pública”, indicó la misma De Lucía en declaraciones a la prensa cuando se aprestaba a radicar la denuncia para mandar a desalojar a los trabajadores.