Por Francisco Soriano. La utilización política del asesinato de Tatiana Kolodziez en la provincia del Chaco para renovar la ofensiva a favor de la mano dura policial e institucional. El fracaso del sistema carcelario para resocializar a los presos.
A raíz del lamentable asesinato de Tatiana Kolodziez en Chaco, han surgido una serie de mensajes y declaraciones que apuntaron a responsabilizar al Juez Axel Lopez, encargado de supervisar la ejecución de la pena que cumplía Juan Cabeza, por haberle concedido la libertad condicional. Esta maniobra mediática utiliza el justo dolor de los familiares de las víctimas para fortalecer un discurso y una práctica de mano dura e institucionalización, tapando la total ineficacia de estos métodos para reducir la violencia en la sociedad. Los jueces terminan condicionados a la hora de decidir sobre la libertad de los condenados.
Juan Cabeza estaba cumpliendo una condena a 24 años de prisión, de la cual ya había pasado 16 años de encierro. Hacía cuatro años que salía con las salidas transitorias, sin haber cometido incumplimiento o irregularidad, y desde abril de este año estaba en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional.
A partir de un informe negativo realizado por un perito forense, a falta del Gabinete Interdisciplinario dispuesto por la ley de Ejecución Penal pero nunca creado, el fiscal se opuso al otorgamiento del beneficio. El Juez, basado en el desempeño de Cabeza en las salidas transitorias, en sus buenas calificaciones de conducta y concepto y en el informe de las autoridades carcelarias sobre su respuesta al programa para condenados por delitos de agresión sexual, se la concedió. El fiscal no apeló la decision, consintiéndola.
Los medios hegemónicos tomaron el terrible hecho para cargar contra el magistrado, como ya lo han hecho en otras ocasiones, cómo en 2009 cuando Soledad Bargna fue violada y asesinada por un condenado incorporado por el mismo Axel López al régimen de semi libertad. Como siempre, lo hacen a través de los familiares y cercanos de las víctimas, cuyo comprensible dolor conmueve y moviliza. Algunos politicos radicales y del PRO se subieron al tren e hicieron presentaciones mediatizadas ante el Consejo de la Magistratura, bogando por la destitución de Axel Lopez.
Este mensaje que promueven los medios y recogen los políticos, no hace más que restringir los derechos constitucionales de las personas privadas de su libertad y poner en el banquillo a quien debe velar por ellos. Los jueces, naturalmente, después de verse en todos los canales de televisión como responsables de un terrible crimen, se ven condicionados a la hora de otorgar una libertad o una salida. No pueden ser garantes de las acciones futuras de quienes liberan en cumplimiento de los requisitos legales. Los jueces no pueden ver el futuro.
Pero lo que nunca se cuestiona es el sistema carcelario y su incapacidad para resocializar a quienes pasan por las cárceles. Según la letra de la ley este adhiere a una lógica correcionalista. Acorde a la ley 24.660 de Ejecución Penal y a los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional, la función de la pena carcelaria es la resocialización del condenado. Sin embargo, esto está lejos de ocurrir en los hechos, como demuestran los altos índices de reincidencia y la estigmatización que portan quienes salen de prisión y no pueden acceder a un trabajo formal por cargar con antecedentes.
Las cárceles de nuestro país funcionan como depósitos humanos donde reina una barbarie genocida. Sin embargo, los medios hegémonicos lejos de cuestionar derechos que son vulnerados sistemáticamente por las autoridades penitenciarias, como revelan los altísimos índices de muertes y lesiones que registran nuestras cárceles, y el efecto multiplicador de la violencia que tiene la penitenciaría en nuestra sociedad, siguen promoviendo discursos en favor de la ampliación de estas instituciones. Discursos que los políticos llevan demagógicamente a la práctica, con el único resultado de aumentar la violencia en la sociedad.