Por Guillermo Naveira. Tercera y última entrega de la entrevista a Maximiliano Medina abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y representante de la familia de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010.
– ¿Qué pensás de los audios que salieron a la luz entre el ministro de trabajo, Carlos Tomada, Pedraza y la viceministra de trabajo, Noemí Rial?
Nosotros hablamos en el proceso de las dos motivaciones que tenía el crimen para Pedraza. Por un lado la motivación económica, y por el otro, la política. Si el reclamo del 20 de octubre prosperaba, el ingreso de tercerizados iba a ser alrededor de 1500. Eso ponía en riesgo la hegemonía política de Pedraza, que se valía de todo un mecanismo formidable para garantizar que aquellos que accedían al gremio, que formaran parte de la planta permanente, fueran tipos que le respondieran a él. Esos 1500 tercerizados eran trabajadores que Pedraza no podía controlar nunca, tanto en su afiliación política como en otros aspectos. Obviamente, generaba perjuicio, entraban muchos trabajadores no controlados políticamente. La conversación entre Tomada y Pedraza se genera en enero del 2011, casi 3 meses después de la muerte de Mariano Ferreyra, cuando ya se estaba produciendo ese ingreso de tercerizados. De alguna manera habla del complot político o de la coptación de los nuevos integrantes. De la arquitectura política que tenía Pedraza, para que le respondieran, seguir ganando elecciones y hacer negociados.
– En el alegato se notó una mayor relevancia en la cronología de los hechos que en la vinculación estatal ¿A qué se debió eso?
Lo que pasa es que nosotros estamos enjuiciando a los acusados del homicidio de Mariano Ferreyra. Y la autoría intelectual, a nuestro criterio, son Pedraza y Juan Carlos Fernández. Eso no quita la responsabilidad del Estado en el entramado económico y político que estaba debajo.
– ¿El pedido de condena de la fiscalía debilitó un poco a la querella?
No sé si debilitó a la querella. Lo que sí está claro, es que tuvimos coincidencias en algunos puntos fundamentales, y eso me parece muy rescatable. Las tres acusaciones acordamos en la responsabilidad intelectual de José Pedraza y en el homicidio calificado. Es una cuestión jurídica, pero que es importante resaltar, no está acusado por instigación al homicidio simple, está acusado por instigación al homicidio calificado. Sí es cierto que nosotros no coincidimos en absoluto con la calificación legal que escogió la fiscalía para la responsabilidad policial. Ella entendió que no son partícipes del homicidio, como sí lo entendimos nosotros, y que son responsables del delito de abandono de persona seguido de muerte, que igualmente es un delito muy grave. Si bien hay diferencia en la escala penal, con el delito que ellos encuadraron del hecho, me parece positivo el rol de la fiscalía y del Ministerio Publico Fiscal de ir hasta el fondo.
– De alguna manera, no es desresponsabilizar al gobierno.
Yo creo que hay que diferenciar lo que es responsabilidad penal de lo que es responsabilidad política. Más allá de Aníbal Fernández, que era el responsable del funcionamiento de la Policía Federal en ese momento, los responsables penales, desde el punto de vista jurídico, son los policías. Salvo que haya algún elemento de prueba que vincule directamente a alguna otra persona, y en esto disentimos con la otra querella, están los que tienen que estar, relacionados a la autoría intelectual y al rol de la policía. Pero si hay algún elemento de prueba que permite avanzar bienvenido sea…
– ¿Qué elementos tienen los jueces para sostener una sentencia frente a los acusados?
Con respecto a la autoría material, hay muchos elementos de prueba que permitieron desentrañar como ocurrió este homicidio. Además de los testigos y las filmaciones, quedó claro cómo fue el cruce de llamadas entre quien coordinaba el ataque, quienes dispararon y quienes se ocuparon de sacar a los periodistas para que no quedara ningún registro audiovisual. Se demostró que hubo una liberación de la zona. Eran noventa efectivos convocados al operativo y terminaron dos patrulleros conteniendo a un grupo atacante de cien personas. En relación a la autoría intelectual, nosotros hicimos un análisis de mucho material de convicción, fundamentalmente vinculado a las motivaciones del crimen. ¿Por qué Favale dispararía? En realidad, él no tenía ninguna motivación especial en matar a un manifestante, los que tenían motivaciones en defender un negociado y defender el poder político eran las cabezas de la Unión Ferroviaria. Y por último, el rol de Pedraza con posterioridad a los hechos. Si no tenía nada que ver ¿por qué pagaría cincuenta mil dólares a un juez para que revoque una resolución? ¿Por qué se ocuparía de conseguirle un abogado a Favale dos días después del hecho, si ni siquiera era ferroviario? Todos estos elementos se potencian, para que el tribunal tenga la posibilidad de condenar.
-¿Qué balance trazas del juicio habiendo pasado casi dos años y medio?
Fue muy positivo todo el proceso, tanto la investigación como el juicio. Que tipos tan poderosos como José Pedraza y Juan Carlos Fernández estén acusados y detenidos por homicidio. Que integrantes de la Policía Federal, personajes de muchísimo poder, estén imputados. Que en poco tiempo se haya desmontado todo el funcionamiento de esa patota y del grupo de choque, en convivencia con la policía y los roles de los autores intelectuales. Realmente es inédito y hay que destacarlo. Ya naturalizamos el tema, pero es sumamente complejo. Incluso hay casos menos complejos que hoy están estancados y que son tan graves como este. En el juicio oral se demostró, garantizando el control de toda la prueba, que se requiere de certeza para condenar a este tipo de personajes. La sentencia va a ser histórica para la justicia argentina, porque se llegó a esta instancia, algo que nunca había sucedido antes.
– Fue muy rápida la acción entre la instancia de investigación y el juicio oral.
Esto hay que reconocerlo. La movilización popular fue muy importante y ha sido determinante, la sensibilidad social también. Pero además hubo, desde el primer día, una voluntad política y judicial de avanzar. Si no no se hubiese llegado de ninguna manera. Y es el mismo Estado que, en algún punto, garantizó la estructura de negociados. Las cosas son mucho más complejas de lo que uno imagina.
– ¿Qué permitió la condena a Pedraza?
Fundamentalmente, una discusión mucho más profunda. Sobre el rol del sindicalismo y sus líderes sindicales. Sobre la tercerización. Sobre la Policía Federal. Es histórico. El Estado, a través de la justicia, con una sentencia ejemplificadora abrió el camino. Con cosas que afectan a la sociedad. El sindicalismo está para representar a los trabajadores, no para matarlos. La policía está para proteger la vida, no para permitir que se mate. La justicia está para hacer justicia. Por todo esto, la condena del tribunal fue incluso esperanzadora.