La ONU admitió fallas en la investigación oficial sobre la masacre de Curuguaty e irregularidades en la destitución de Lugo. En España, Franco fue repudiado y abucheado. A tres semanas de las elecciones la política paraguaya da de que hablar.
A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales del 21 de abril, en Paraguay el clima político se recalienta tanto dentro como fuera de sus fronteras. El régimen instaurado tras el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Fernando Lugo en junio de 2012, sigue recibiendo una fuerte condena en el plano internacional, hecho que repercute inevitablemente en la campaña doméstica.
En sólo una semana, diversos episodios erosionaron la ya golpeada credibilidad del presidente de facto Federico Franco, como ya había quedado demostrado durante la 62 Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre pasado.
Y fue justamente la ONU que dio el primer puntazo contra el régimen de Franco en la previa de las elecciones. El Comité de Derechos Humanos de Ginebra emitió el pasado 28 de marzo un informe en el cual denunció “importantes irregularidades” en la investigación llevada adelante en Paraguay para esclarecer los hechos ocurridos durante la masacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012. Ese día fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías durante el desalojo de una quinta reclamada por el difunto caudillo del Partido Colorado Blas Riquelme.
Este hecho motivó el juicio político que en sólo 30 horas destituyó al presidente Lugo. Según el comité de la ONU, el gobierno de facto debe garantizar una “investigación inmediata e imparcial” de lo ocurrido, cuestionando el accionar de la fiscalía que culpó de homicidio a los campesinos desestimando las pruebas que indican la presencia de francotiradores en la zona apostados para desatar la tragedia y desestabilizar el gobierno. Ésta última es la versión que se desprende de la investigación independiente presentada hace pocas semanas, y difundida a nivel internacional, un descrédito que recayó de inmediato sobre la justicia paraguaya.
En el mismo informe el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa su preocupación sobre el accionar policial antes y durante la masacre “en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso”. Un pedido del que se hicieron eco de inmediato desde el Frente Guasú, partido de izquierda que había llevado a Lugo a la presidencia en 2008. El referente Ricardo Canese y el candidato a la vicepresidencia Luis Aguayo, presentaron el pasado lunes un pedido formal de “investigación de todos los implicados en la masacre de Curuguaty y el Golpe de Estado Parlamentario”. En conferencia de prensa, aclararon explícitamente que entre los sospechosos se encuentra el favorito para quedarse con la presidencia en las próximas elecciones, el candidato del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el candidato del gobernante Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre entre otros.
Pero los disgustos para el gobierno de Franco no terminan acá. Solamente tres días más tarde, una resolución de la ONU pidió investigar los términos en los cuales se llevó a cabo el juicio político contra Lugo, el 22 de junio de 2012. Culpado por la oposición del Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico -mayoría parlamentaria en Asunción- de inacción e ineptitud ante la masacre desatada en el desalojo de Curuguaty, Lugo fue destituido de su cargo y reemplazado por el vice presidente Franco. La ONU cuestionó “las modalidades del proceso de destitución”, sugirió comenzar una línea de investigación al respecto y revisar el artículo constitucional que permite la destitución del presidente.
Un cuestionamiento en línea con lo expresado en julio pasado por el Mercosur y la Unasur, que suspendieron a Paraguay de sus reuniones hasta no vuelva a un régimen democrático. Un aislamiento internacional que se hizo evidente en poco tiempo. En ocasión de la última cumbre Iberoamericana realizada en España, Paraguay fue el único país en no ser invitado por el anfitrión Mariano Rajoy a causa de la presión de los demás países latinoamericanos para que un gobierno de facto no pueda sentarse en las mesas de la diplomacia internacional. Dolido, el mismo Rajoy prometió una invitación especial a Federico Franco durante la asamblea de la ONU de octubre en Nueva York, visita que se materializó el pasado fin de semana.
Sin embargo, aún en esta ocasión Franco debió enfrentarse al abucheo y rechazo de amplios sectores de la política española. La Unión Sindical Obrera Española expresó su rechazo “por cuanto supone que el Gobierno de España da arrope a una ilegítima usurpación realizada por los poderes oligárquicos al pueblo de Paraguay”. En la misma línea la mayoría de los partidos de oposición ibéricos y parte de la sociedad civil, en especial los migrantes paraguayos en la península, con los cuales la agenda protocolar de Franco preveía un encuentro, que se trasformó en una escandalosa demostración de rechazo hacia el mandatario. “Dictador”, “golpista”, “vende patria”, fueron sólo algunos de los gritos que se escucharon durante el diálogo entre Franco y su canciller con las asociaciones de residentes paraguayos en España.