Por Fernando López. Los petroleros acusados por homicidio fueron condenados. La decisión judicial está señalada por basarse en una investigación plagada de falsos testimonios, pruebas plantadas, torturas y la sospecha directa de la familia hacia el tribunal
El Tribunal Oral de Caleta Olivia dio a conocer la peor noticia. Los jueces Cristina Lembeye, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera sentenciaron a cuatro petroleros de Las Heras a cadena perpetua y a otros seis a cinco años de cárcel. El fallo fue por el asesinato del policía Jorge Sayago, y se sospecha que fue una causa armada por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz.
Inocencio Cortez, José Rosales, Hugo González y un menor de edad fueron condenados a cadena perpetua por el homicidio agravado de Jorge Sayago. Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach recibieron cinco años por coacción agravada. Darío Catrihuala tuvo la misma pena pero por partícipe necesario de lesiones graves. Mientras que Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez fueron absueltos.
Claudia Ferrero, una de las abogadas defensoras de los imputados, denunció que no había pruebas concretas y que estas fueron “armadas en base a apremios y torturas” a la población de Las Heras. Así la Brigada pudo obtener falsos testimonios luego de “amenazar y perseguir” a testigos. Además, la letrada denunció que durante el peritaje “los investigadores dejaron el lugar sin perimetrar permitiendo que se alteraran las evidencias, probablemente para ocultar la utilización de postas de plomo. Lo que siguió fueron detenciones masivas para buscar un chivo expiatorio”.
“El tribunal no presentó pruebas durante los tres meses que duró el juicio. Un fiscal llamado Rearte de Caleta Olivia no quiso seguir la causa porque dijo que ‘no había pruebas fundamentales y no iba a ser culpable de meter gente inocente presa’. Entonces se lo dieron al fiscal Ariel Candia, de Las Heras. Le pagaba a la gente para que venga a declarar contra nosotros”, denunció antes de la sentencia Ramón Cortés en el programa de Radio Sur Con El Pie Izquierdo. Se encontraba acusado de coacción agravada, homicidio y partícipe necesario.
Reanudación de una causa desestimada
El origen del juicio se debió al crimen del policía Jorge Sayago en 2006, luego de una protesta de trabajadores petroleros de Indus, una contratista de YPF. Reclamaban 149 puestos de trabajo prometidos por la ahora petrolera estatal, mejora de condiciones de trabajo, encuadre sindical debido a que estaban en UOCRA y cobraban menos de lo que deberían, y la quita del impuesto a las ganancias. 23 días duró la huelga que derivó en el encarcelamiento del vocero Mario Navarro el 6 de febrero de 2006.
Los petroleros fueron a exigir la liberación de su vocero. Más de mil habitantes de Las Heras apoyaron a los laburantes, y fueron contra los policías enviados a terminar con la protesta, entre los que se encontraba el grupo GEOP enviado desde el gobierno nacional. Se desató una pueblada. Hacia la medianoche se escucharon los disparos que mataron a Sayago. 17 trabajadores de Indus fueron pasados al convenio petrolero. Pero fueron detenidos y acusados por el crimen del oficial junto a algunos vecinos. El cura de la localidad, Luis Bicego, advirtió que se estaba haciendo una “caza de brujas”.
El juicio oral fue anulado por “fallas en la instrucción”, pero una apelación del gobierno de la provincia de Santa Cruz permitió que siguiera adelante. Se abrió otra causa por torturas hechas por policías, donde según el expediente se cuenta que los detenidos eran tirados del patrullero en marcha durante los traslados.
La abogada Ferrero, en declaraciones al portal Infojus Noticias, lamentó que la condena en el juicio “nada tendrá que ver con la justicia sino con la defensa y preservación de un régimen de excepción contra los trabajadores y será un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales, entre ellos 52 maestros de Las Heras imputados en los últimos meses”.
Múltiples apoyos
Los petroleros de Las Heras recibieron el apoyo de varias personalidades. Entre los que se encuentran el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Patricia Walsh, Carlos “Perro” Santillán, el sindicalista Pablo Micheli y el periodista y escritor Osvaldo Bayer. Se juntaron 500 firmas en donde figuran los ya mencionados, sumados a gremios, entidades políticas y estudiantiles.
La familia Sayago sospecha que entre los acusados no se encuentra el asesino de Jorge. Su tío, Víctor Álvarez, dijo que eran “perejiles”. El tribunal dejó que un aparato represivo-sindico-político se salga con la suya y avance contra la protesta social. Un mal antecedente que deja a merced de una corporación judicial pro-patronal a la organización sindical y a los trabajadores en general.