La derecha es ágil para convertir sus reclamos propios en consignas transversales a la sociedad. El ruidazo para que “los políticos” se bajen el sueldo viene sonando hace un par de días. Está bien que se discuta el salario de los altos funcionarios pero… ¿es suficiente?
Por Nacho Saffarano | Foto de Colo Gens
Hace unos días, a las 21.30, en diferentes barrios porteños, se realizó un ruidazo – estas nuevas formas de manifestación que nos impone el aislamiento obligatorio- en reclamo de que “los políticos se bajen los sueldos”. La medida fue fogoneada por sectores de derecha, como respuesta al aviso que el Presidente hizo el domingo, sobre que a determinados muchachos “les tocó la hora de ganar menos”. Si hay un sector con consciencia de clase para sí, esa es la burguesía. Y esta es muy hábil para vehiculizar sus demandas y lograr transversalizarlas, al punto de que muchos asalariados que no saben cómo van a hacer para pagar el alquiler el mes que viene sientan que el anuncio de Fernández los va a afectar a ellos.
El reclamo realizado desde la burguesía no solo es oportunista, sino que también es un chantaje. La clase empresarial que se queja de los salarios de los políticos es la misma que maximizó sus ganancias y tuvo recaudaciones extraordinarias durante los cuatro años de administración del gobierno de Cambiemos, justamente gracias a esos políticos a los que ahora parece que quiere bajarle los sueldos.
La respuesta inmediata del progresismo porteño no fue criticar la hipocresía y el cinismo de los reclamantes, sino impugnar de lleno la consigna. Estoy convencido que esto es un error y un volver a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Ya le regalamos a la derecha la hegemonía discursiva alrededor del quehacer con la corrupción y la seguridad, dos temas por demás sensibles para las clases populares. Y el resultado de esto salió a la luz en las elecciones del 2015.
Amerita poder debatir más a fondo este tema, saliendo del Boca-River que nos propone el hashtag de Twitter. Es cierto que una reducción salarial de la clase política no implica un shock presupuestario que ayude a resolver la crisis económica. Tampoco lo significaba eliminar las jubilaciones de privilegio para los jueces (ni las exenciones impositivas que aún no se tocaron) y, sin embargo, como entendimos que la carga simbólica tenía un peso importante en la lucha política, militamos y acompañamos el proyecto de ley que las suprimió.
En España, uno de los tres países más afectados por la propagación del COVID-19 a nivel mundial, la situación es inversa respecto a este tema. Es la izquierda quien lleva adelante la iniciativa de que los legisladores se reduzcan o donen sus salarios a todas las entidades que luchan contra el virus; mientras que la alianza de los partidos del centro y la derecha, se niegan rotundamente ¿Por qué, entonces, acá tenemos que regalarle toda la iniciativa política a los reaccionarios de siempre?
Pienso que hay un problema en la generalización de “los políticos”. En nuestro país, hay un montón de directores de línea con sueldos que están por debajo de lo que sus tareas y responsabilidades implican. Y en este momento de gran confianza en la política para resolver la crisis (la imagen positiva del 93% de Fernández es la muestra más cabal), no distinguir esto al momento de trabajar una consigna es un problema grande.
Sí creo que quienes deben tener un pequeño acto altruista y donar la gran mayoría de sus sueldos a los diferentes espacios que están combatiendo al virus en la primera línea (hospitales, salas de salud, organizaciones sociales, trabajadores de la recolección) son todos los legisladores, nacionales y provinciales. Para dar un ejemplo rápido, en la Provincia de Buenos Aires hay 138, legisladores entre senadores y diputados. Haciendo un cálculo rápido, podemos afirmar que se destinan cerca 70 millones de pesos mensuales para sus salarios, viáticos, armados de equipos técnicos, etc. Todo esto teniendo en cuenta que su actividad legislativa está suspendida por tiempo indeterminado, algo muy diferente a la situación en la que se encuentran quienes están a cargo de las diferentes esferas del Poder Ejecutivo.
Insisto, finalmente, que de la crisis sanitaria y económica no se sale con donaciones ni con actos individuales de solidaridad. Poder discutir el salario de nuestros representantes no debería ser un bloqueo para afirmar que el presupuesto para combatir la crisis debe salir de quienes se enriquecieron de forma fraudulenta durante los 4 años de gobierno de Cambiemos, de los bancos y de quienes especulan con la timba financiera, de los Rocca, los Bulgheroni, los Roemmers. La salud del pueblo y los incentivos económicos para quienes más están sufriendo este momento debe financiarse con cada peso que debería destinarse para pagar la deuda ilegítima y fraudulenta. Una vez más, se trata de discutir la riqueza, no la pobreza.